Van contra padres mexicanos desobligados donde quiera que estén

CIUDAD DE MEXICO- Juan Raúl Aquino es un juez de Oaxaca que no ha pagado la pensión alimenticia de su hijo durante 12 años. Se negó  a pesar de que la madre era una colega de trabajo y de las demandas legales que lo llevó a hacerse una prueba de ADN; de las marchas y tendederos públicos con sus fotos como una muestra de impunidad de los deudores alimentarios.

Cifras el Instituto Nacional de Estadística y Geografía calculan que uno de cada dos mexicanos fue abandonado física o económicamente por el padre por lo que cayeron en una espiral de pobreza que a partir de ahora piensa revertirse para un futuro más alentador de la sociedad mexicana.

El Diario Oficial de la Federación publicó en mayo el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para las pensiones alimenticias (también conocida como Ley Sabina) por lo que aquellos morosos tendrán diversos impedimentos para realizar trámites personales o aspiraciones políticas.

No podrán obtener licencias y permisos para conducir, pasaporte o documento de identidad ni participar como candidato a cargos concejiles y de elección popular; no podrán aspirar a cargos de jueces, magistrados en el ámbito local o federal, comprar bienes inmuebles ni hacer solicitudes de matrimonio o cualquier otro trámite oficial.

Los Tribunales Superiores de todos los estados suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán, la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias para crear un Registro Nacional de Obligaciones.

Las instituciones públicas que realicen trámites oficiales deberán solicitar un certificado a quien solicite un trámite con el cual comprobará que no se encuentra en el registro de deudores. Se considerará un moroso a todo aquel que no cumplan con sus obligaciones alimentarias durante 90 días.

“Ahora sí”

La Ley Sabina se conoce así por el nombre de la hija de activista Diana Luz Vázquez Ruiz, quien impulsó la reforma en contra los deudores alimentarios. En diversas entrevistas, ella ha reconocido que su experiencia personal la llevó a pelear durante 20 años para que los padres tomen un mínimo de responsabilidad ante sus acciones.

Vázquez Ruiz también ha sido implacable en el caso del juez Juan Raúl Aquino quien, en principio, negó ser el padre del niño de su colega hasta que los resultados de la prueba de ADN le dio la razón a la mujer cuyo nombre se ha mantenido en reserva y a quien el juez conoció cuando ésta rentó una habitación en el mismo espacio donde vivía.

Mientras se debatía la Ley Sabina a nivel federal, las autoridades de Oaxaca enviaron diversos exhortos al juez Aquino, pero no se le citó legalmente sino hasta este 2023 por lo que a ahora se están esperando la audiencia de pruebas y alegatos.

“Ahora sí tienen miedo”, advierte Ruíz. “Durante mucho tiempo lo encubrieron”.

A través de sus redes sociales, Vázquez Ruiz ha señalado al juez César Elí Peralta como el culpable de retrasar la atención al caso.

Por otro lado, algunos políticos que aparecían constantemente en los “tendederos” públicos han comenzado a pagar sus deudas, según la página Deudores Alimentarios Oaxaca. Entre ellos, el ahora titular de la Coordinación de Planeación y Evaluación para el Desarrollo Social de Oaxaca, Elpidio Altamirano o Elpidio Altamirano del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

De otra forma, no hubieran podido seguir en sus actividades políticas.

Altamirano López ahora es parte del gabinete ampliado del gobierno de Oaxaca y era representante del PVEM en Oaxaca ante el consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE), en 2021, cuando fue denunciado legalmente por incumplir con el pago de la manutención de su hijo. Él negó tener el adeudo que ahora saldó.

Otro grupo que está bajo presión es el de los alcaldes. Entre otros, destaca el dedil de Tapanatepec, Humberto Parrazales, con un adeudo de alrededor de 13,000 dólares retroactivo a la madre por 15 años de crianza. Además, Rigoberto Chacón, edil de Zaachila, quien hace 40 años abandonó a una mujer embarazada y Michael Aranda Vásquez, escolta del gobernador.

El Ejecutivo local, Salvador Jara, ha sido partidario de la leyes contra los deudores alimentarios. En febrero presentó una iniciativa similar a la Ley Olimipia que se aprobó en febrero de manera local, previo a la aprobación nacional.

En el sistema de justicia también se ha tomado acciones radicales y en abril pasado se dio a conocer que un juez sentenció a seis años de prisión a un hombre por abandonar a sus tres hijas menores de edad.

A finales de mayo, la fiscalía de Oaxaca fue hasta Tlaxcala por otro hombre que se había refugiado en el municipio de Apizaco después de abandonar sus responsabilidades con sus hijos y ahora enfrenta cargos por el delito de Incumplimiento de Obligaciones Alimentarias.

Deudores en EU

Las activistas oaxaqueñas han sido una de las más duras en busca de la responsabilidad paternal. De acuerdo con la Red de Deudores Alimentarios en Oaxaca, hasta 2022, en la entidad había cerca de 800,000 madres que han tenido que asumir la responsabilidad del cuidado de sus hijos ante la ausencia paterna.

De ahí salió la Ley Sabina y van por más: que los padres migrantes irresponsables que no hayan pagado a sus hijos las pensiones de alimentación, vestido, educación, salud y vivienda, no puedan tener acceso a la matrícula consular.

De acuerdo con la activista Diana Luz Vázquez, es probable que el 20 por ciento de los hombres mexicanos que actualmente residen en Estados Unidos sean deudores alimentarios. 

Por eso el Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios ya cocina una iniciativa que limitaría el acceso de estos deudores a trámites esenciales para ellos.

El frente sabe el camino y tiene el lobby para concretarlo en el Congreso porque, aunque México forma parte de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, no hay un mecanismo eficiente que los haga pagar.

Los consulados mexicanos cuentan  ahora con formatos para presentar una solicitud de pensión alimenticia en EEUU, pero se dificulta en muchas ocasiones porque no pueden localizar al demandado.

“Limitar las identificaciones oficiale ayudará a que no se desobliguen huyendo a otro país”, dice Luz Vazquez.

Sigue leyendo:
• Elecciones en Coahuila y Estado de México: las contiendas que marcarán el rumbo a la presidencia de México en 2024
• Fuerza Migrante observará desde consulados y municipios la jornada electoral del Estado de México y Coahuila
• Fuerza Migrante vigilará elecciones de Coahuila y el Estado de México de votantes inmigrantes en Estados Unidos