“Montachoques”, otra modalidad de extorsión que alerta a México
Los montachoques son personas que buscan provocar un accidente vial a fin de exigir un pago por el incidente, ya sea por amenazas o chantajes
Cada mes se denuncian en promedio solamente dos asaltos por montachoques en CDMX. Crédito: Alfredo Pacheco | Getty Images
MEXICO- A las múltiples modalidades de extorsión que hay en el país, se sumó recientemente una más que mantiene en alerta a varios estados. De la Ciudad de México a Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Veracruz, entre otros: “los montachoques”.
Las policías locales notaron este tipo de delincuencia desde hace por los menos dos años. Su modus operandi lo ejemplifica uno de los casos de 2023 sobre los que más dio detalle la autoridad de la Ciudad de México.
El pasado 25 de enero, en la calzada Ignacio Zaragoza, municipio de Iztacalco, hubo un accidente en el que estuvieron involucrados el conductor de un vehículo particular y un camión de transporte público que no tenía seguro. El golpe del chofer de autobús apenas hundió la puerta del copiloto del otro, quien le exigió la cantidad de 9,000 pesos (unos 500 dólares) en efectivo.
De acuerdo con la versión divulgada en un comunicado de prensa, el golpeador negoció con el dueño del coche agredido y llegaron a una negociación porque de acuerdo con la ley mexicana, el que pega, paga.
Cuatro meses después, en las inmediaciones del metro Martín Carrera, el mismo automóvil azul, con las mismas placas, volvió a chocar con otro camión de una empres de transporte. Esta vez exigieron 9, 500 pesos (poco más de 400 dólares).
El conductor se negó a pagar, no tenía dinero ni manera de negociar. Los otros lo amenazaron con hacerle daño si no los llevaba a su domicilio. “Me obligaron a entregarles una pantalla de televisión y otros objetos de valor”, dijo a la policía.
Fue uno de los pocos casos que el ministerio público pudo documentar. Según el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, cada mes se denuncian en promedio solamente dos asaltos por montachoques en CDMX. “No hay confianza en la autoridad, como bien sabemos”, dijo José Antonio Ortega, presidente del organismo.
Juan Aguirre Quezada, autor del estudio Montachoques, amenazas y extorsiones para la movilidad en México, del Instituto de estudios legislativos Belisario Domínguez del Senado, considera que el problema va más allá de la desconfianza: se trata de desconocimiento y la falta de legislaciones precisas.
¿La legislación?
Los montachoques son personas que buscan provocar un accidente vial a fin de exigir un pago por el incidente, ya sea por amenazas o chantajes.
Cuando los delincuentes identifican a su víctima, el automóvil que va a provocar el choque cambiará de carril incorporándose delante del vehículo, para posteriormente aplicar una maniobra de frenado inesperada con el objetivo de que la persona que será extorsionada no alcance a frenar y se impacte con él.
“Si bien esta conducta no está tipificada con esa denominación en el Código Penal Federal o en el de las entidades federativas, sí es considerada como acto de extorsión, agresión, lesiones, daños, fraudes y amenazas, entre otros”, detalla Quezada.
Debido a estos problemas, en la Cámara de Diputados, en el Senado así como en los Congresos locales se han realizado propuestas para tipificar y castigar el delito.
En la LXV Legislatura tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República se han presentado dos iniciativas que buscan sancionar de forma específica a quienes realizan actividades ilegales conocidas como “montachoques”. Ambas iniciativas están pendientes de discusión y dictaminación en las Comisiones de su Cámara de origen.
Al ser del fuero común, las conductas ilícitas realizadas por montachoques también son motivo de diferentes iniciativas en los congresos locales.
Hoy por hoy, el delito de “montachoques” no es un delito por sí mismo , aunque los daños a la economía sean tangibles —hay denuncias de gente que ha sido obligada a pagar hasta 35,000 pesos, cuando el salario mínimo es de alrededor de 90—daños a la propiedad ajena, lesiones, golpes, amén de las extorsiones, amenazas.
Retos
La diputada Luisa Adriana Gutiérrez reconoce que por la falta de legislación precisa muchas víctimas “han encontrado complicaciones al momento de cuadrar la conducta con el tipo penal”.
Estas dificultades pueden ser más frecuentes en entidades federativas en las que sus Códigos Penales no estén adecuados para combatir los delitos ocasionados por estas conductas. Por ejemplo, el número de montachoques participantes en estas conductas.
En algunas legislaciones estatales solamente se considera vandalismo o delincuencia organizada cuando participan más de tres personas porque para considerarse como una organización, algunos códigos penales consideran que cuando participan más de dos personas como Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, o el código penal de la Ciudad de México.
Es el caso de Nuevo León, puede ser desde dos personas.
Parte de los desafíos que presentan los montachoques es su actuar en diferentes alcaldías y municipios, lo que facilita cometer sus presuntos ilícitos en localidades distintas, generando un reto para la investigación de dichas actividades, por lo que la cooperación entre diferentes niveles de gobierno (municipio y entidades federativas) son parte de las soluciones para enfrentar estos delitos.
Hasta ahora la Ciudad de México ya han tipificado estas conductas en sus Códigos Penales, por lo que el reto ahora está en las fuerzas de seguridad pública para llevar a las personas acusadas ante la justicia por las acciones denominadas como montachoques. O sea, combatir la impunidad.
Jalisco, Nuevo León y Puebla mantienen algunas iniciativas en discusión para tipicar el delito. En el Estado de México el problema se considera de tal nivel que en la iniciativa del diputado local Sergio García Sosa, propone hasta 24 años de prisión.
Mientras tanto, las recomendaciones sugeridas por el Senado, en caso de ser víctima de estas bandas se destacan: conservar la calma; contar con seguro por daños a terceros; no descender del vehículo; hablar a los números de emergencia en seguridad pública para reportar cualquier anomalía; cuidar los objetos personales; entre otros.
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