Agentes de LAPD falsificaron datos de personas latinas y afroamericanas y las vincularon con pandillas

Braxton Shaw, el exagente del Departamento de Policía de Los Ángeles involucrado en la falsificación de datos de personas inocentes, a quienes registraba como pandilleros o asociados de pandillas tendrá que enfrentar un juicio.

La jueza Eleanor J. Hunter, de la Corte Superior de Los Ángeles, dictaminó esta semana que había suficiente evidencia para enjuiciar al oficial del LAPD,  por cargos de etiquetar falsamente a docenas de personas inocentes -peatones y automovilistas- como pandilleros, y cuyos nombres se agregaban posteriormente a una base de datos de la policía en todo el estado.

A finales de este mes, Shaw, ex miembro de la División Metropolitana del LAPD, tendrá que volver al tribunal para presentar nuevas declaraciones por los cargos de preparación de pruebas de identidad falsas y presentación de informes policiales falsos.

“Esto es lo mismo de siempre”, dijo a La Opinión, Hamid Khan, director ejecutivo de la Coalición Alto al Espionaje de la Policía. “Por décadas hemos sabido que los policías mienten y falsifican reportes; a mí no me sorprende y el caso enseña exactamente lo que hacen de manera rutinaria”.

El nombre de Braxton Shaw fue incluido entre seis agentes del LAPD que fueron acusados en 2020 por la falsificación de datos. Los cargos contra cinco de ellos fueron retirados o desestimados en 2022.

Los fiscales del caso acusan a Shaw de haber falsificado alrededor de tres docenas de tarjetas de entrevistas, en las que supuestamente las personas habían aceptado ser miembros de o asociados de pandillas, después de haber sido interrogadas. El policía fue destituido desde 2020.

La parte central del caso contra Shaw es si las tarjetas de entrevistas de campo, utilizadas por los oficiales de policía para documentar los contactos con testigos, víctimas de delitos y sospechosos de delitos, cumplían con la definición de documentos legales oficiales, lo que equivale a un informe policiaco.

Al menos 16 oficiales, la mayoría de ellos asignados a la División Metropolitana del LAPD, fueron investigados por la unidad asuntos internos.

Como resultado, el Departamento de Justicia de California revocó el acceso del LAPD al sistema CalGang, establecido en 2018 como resultado de la Ley de base de datos de pandillas justa y precisa, mientras se resisaba y se auditaba el sistema.

Según el propio Departamento de Justicia, los ingresos de datos de presuntos pandilleros y perfiles individuales de supuestos asociados de pandillas identificados por el LAPD representan el 25% de los 78,000 perfiles actuales en el sistema Cal-Gangs.

En 2022, el juez de la Corte Superior de Los Ángeles, Michael Pastor, determinó que los agentes René Braga, Raúl Uribe y Julio García eran “inocentes de hecho” en los cargos que se les imputaban respecto de la falsificación de datos.

Cuando sucedió este caso, el jefe del LAPD, Michel Moore, declaró en su momento que “el departamento está al tanto de una decisión judicial tomada al respecto a tres oficiales que fueron acusados de presentar información falsa en Gang FI [entrevista de campo de pandillas]”.

“El departamento acepta la decisión judicial sobre el caso penal y continuará con su investigación administrativa en curso”, dijo More, según una declaración enviada a La Opinión por la oficial Norma Einsemann, portavoz del LAPD. “Además, el departamento garantizará capacitación adicional para evitar de que ocurran en el futuro”.

Demanda colectiva

El abogado criminalista, Humberto Guízar, informó a La Opinión que, en diciembre de 2020 él y su equipo de abogados presentaron una demanda colectiva en contra de la ciudad de Los Ángeles y el LAPD.

Los demandantes son Sara Ochoa, Branden Costa, Jajuan Johnson, Antonio May, Michael Perr, Kivon Williams, y los hermanos Gadseel y José Quiñónez.

A través de los abogados Guízar, Christian Contreras y Austin R. Dovem, los demandantes alegan que la clasificación errónea de cientos o miles de residentes de Los Ángeles deteriora la confianza pública, que es la base de la policía comunitaria.

La querella legal, de la que una copia fue proporcionada a La Opinión,  incluye a los policías Braxton Shaw, Michael Coblentz y Nicolás Martínez, quienes fueron acusados en una denuncia penal de 59 cargos de delitos graves, todo por conspirar para presentar informes falsos y fabricar pruebas falsas en un tribunal.

Presuntamente, los tres oficiales del LAPD falsificaron de forma rutinaria las tarjetas de entrevistas de campo; el objetivo era clasificar como pandilleros o asociados a pandillas, a personas que no forman parte de grupos criminales callejeros.

“El LAPD y sus oficiales violaron aún más la confianza pública y numerosas leyes al ingresar descripciones falsas de civiles inocentes como pandilleros en una base de datos oficial de todo el estado”, menciona la demanda.

“En muchos casos, los oficiales de LAPD declararon falsamente en los registros oficiales que las personas tenían afiliación “auto admitida” a pandillas. La realidad fue que los demandantes nunca admitieron esa responsabilidad.

Los demandantes son residentes latinos y afroamericanos, algunos de los cuales fueron encarcelados o, privados de sus derechos civiles a consecuencia de la clasificación.

Además, las víctimas no pudieron obtener un trabajo, alquilar un departamento o recibir ayuda financiera para ir a la universidad.

“Hicimos la demanda colectiva a la espera de identificar a más víctimas de este caso y obtener justicia para todos”, declaró el abogado Guízar. “Nosotros creemos que desde 1991 ha habido mucha gente clasificada [como pandillera] y la policía ha utilizado esa información injustamente”.

Quiñonez y Sara Ochoa

Los hermanos Gadseel Quiñonez y José Quiñonez son do de los demandantes. Ellos viven en el sur de Los Ángeles y trabajan en un centro de reciclaje en la misma zona, un área patrullada por la División Metropolitana del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Los documentos de la demanda reseñan que “Aproximadamente, en 2018, Braxston Shaw, quien se asoció con Nicholas Martínez, escribió una tarjeta de identificación que documentaba falsamente a ambos como miembros de la pandilla MS-13 con los apodos “Squealer” y “Sneaks”, respectivamente.

En otro ejemplo, Sara Ochoa, una joven mujer latina del Este de Los Ángeles que se convirtió en agente de una correccional, se desempeñó como servidora pública del estado de California, hasta que se convirtió en víctima de los oficiales del LAPD.

El 18 de enero de 2020, Ochoa fue clasificada como “asociada de pandillas”, tan solo por el hecho de visitar el vecindario donde vivió su infancia.

“Desafortunadamente, ella no solo fue clasificada erróneamente como “socia de pandillas”, sino que también fue esposada y detenida por aproximadamente 20 minutos y exhibida en público, al tiempo que su vehículo fue inspeccionado por agentes del LAPD”, dice la demanda.

“Nosotros creemos que el LAPD ha manipulado la ley para criminalizar a gente inocente”, dijo el abogado Humberto Guízar.

“Para esto, el departamento ha clasificado como pandilleros a las personas bajo el Código Penal de California 186.22, un estatuto que otorga una práctica no escrita a los agentes de policía amplia discreción para arrestar a personas que cometieron un delito para beneficio, bajo la dirección o en asociación con una pandilla callejera criminal”.