El Departamento de Justicia busca una orden judicial preliminar en su caso contra Texas por barreras de boyas en Río Grande
La orden judicial preliminar que busca obtener el Departamento de Justicia impediría instalar nuevas barreras flotantes de boyas en el río Grande y obligaría a retirar las ya instaladas
El Departamento de Justicia (DOJ) está buscando una orden judicial preliminar en su caso contra Texas por el uso de barreras flotantes de boyas en el Río Grande en un intento por acelerarlo, según un expediente judicial del miércoles, citado por CNN.
“Los hechos básicos son claros y no se necesita más investigación para que este Tribunal otorgue medidas cautelares inmediatas a Estados Unidos en esta acción de ejecución”, dijo el Departamento de Justicia en su presentación.
El Departamento de Justicia está solicitando al Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Texas que bloquee la construcción de nuevas barreras flotantes y obligue al estado a eliminar las barreras existentes dentro de los 10 días posteriores a la orden solicitada.
El Departamento de Justicia demandó a Texas por las barreras flotantes, que fueron instaladas por el estado como parte de la operación de seguridad fronteriza del gobernador republicano Greg Abbott, argumentando que lo hicieron sin autorización.
Esa demanda, y la moción presentada recientemente, argumentan que Abbott y el estado de Texas están violando la Ley de Apropiación de Ríos y Puertos al construir una estructura en aguas estadounidenses sin el permiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. La RHA “prohíbe la creación de cualquier obstrucción no autorizada afirmativamente por el Congreso, a la capacidad navegable de cualquiera de las aguas de Estados Unidos”.
Para que se conceda la orden judicial preliminar, los abogados del DOJ deben argumentar de manera convincente ante el tribunal que es probable que su demanda triunfe según sus méritos.
En la moción, que incluye varias imágenes de las barreras en el río, los abogados que representan al Departamento de Justicia afirman que las barreras interfieren “con la capacidad del gobierno federal para llevar a cabo sus operaciones en el Río Grande”, incluidas las misiones de rescate a cargo de la Patrulla Fronteriza y la Guardia Costera.
Además, agregan en la presentación, las barreras “ya han dañado sustancialmente las relaciones exteriores de Estados Unidos con México”.
Durante una conferencia de prensa ofrecida el miércoles, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena Ibarra, dijo que su país había enviado su segunda nota diplomática a Estados Unidos quejándose de las barreras.
Las barreras flotantes no solo violan dos tratados entre EE.UU. y México, dijo Bárcena, sino que una diapositiva que acompañó a sus comentarios se afirmó que una parte de los 305 metros de la boya desplegada está en “territorio mexicano”.
Bárcena Ibarra calificó el despliegue de las boyas como una “acción unilateral” realizada por “un estado en Estados Unidos”.
Antes de que el Departamento de Justicia presentara la demanda, Abbott dijo el lunes que no ordenaría que se retiraran las barreras flotantes del Río Grande, desafiando una solicitud del departamento.
“Texas utilizará plenamente su autoridad constitucional para lidiar con la crisis que ha causado”, escribió Abbott en una carta al presidente Joe Biden luego de la solicitud del Departamento de Justicia de eliminar las barreras que se realizó la semana pasada. y agregó: “Texas lo verá en la corte, señor presidente”.
Texas también enfrenta otra demanda por las barreras flotantes de boyas, presentada a principios de este mes por el propietario de una empresa de canoas y kayaks de Texas que opera en el Río Grande.
El enfrentamiento sobre el uso de barreras flotantes de boyas en el río Grande ocurre cuando el Departamento de Justicia continúa evaluando lo que llama “informes preocupantes” sobre el maltrato de inmigrantes por parte de soldados en Texas, mientras que los funcionarios de la administración de Biden se han preocupado cada vez más en los últimos meses por las medidas de Abbott, que han interrumpido las operaciones de la Patrulla Fronteriza en la región.
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