Mike Pence propone el recorte de programas gubernamentales y la desaparición de la Agencia de Protección Ambiental
En la propuesta del exvicepresidente la mayoría de los incentivos otorgados durante la administración Biden llegarían a su fin
La estrategia de Mike Pence es tratar de no verse involucrado en los líos legales de quien fuera su jefe en la Casa Blanca durante cuatro años. Crédito: Drew Angerer | Getty Images
Como parte de su estrategia para remontar en las encuestas, el aspirante a la candidatura republicana rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año, Mike Pence dio a conocer que en caso de llegar a la Casa Blanca recortaría programas gubernamentales, pero además desaparecería a la Agencia de Protección Ambiental y pondría fin a los incentivos otorgados durante la administración Biden que están dirigidos a frenar el cambio climático.
Estos y otros puntos forman parte de un plan que se enfoca en cuatro pilares: detener la “juerga de gastos deficitarios”, atraer más cadenas de suministro al país, incrementar la producción de energía doméstica y erradicar a la premisa de la Reserva Federal de máximo empleo y estabilidad de precios.
“El gobierno no puede gastar su camino hacia la prosperidad. Sin embargo, Joe Biden está empeñado en desmantelar nuestra otrora gran economía y perjudicar a las familias que ya no pueden pagar los alimentos o encontrar un trabajo bien remunerado”, señaló Pence mediante un comunicado.
Con su planteamiento, el exvicepresidente de la nación busca acabar con los gastos no relacionados con la defensa, pero además recortar algunos programas gubernamentales que considera resultan innecesarios y perjudiciales para la economía de la nación.
De esta manera, plantea que les ahorraría a los contribuyentes más de $1.2 billones de dólares.
Y para lograrlo estima conveniente desaparecer a la Agencia de Protección Ambiental (EPA), así como dejar de otorgar créditos fiscales para vehículos eléctricos e incentivos para producir energía limpia residencial.
Otro punto a destacar de la propuesta es que también se dejarían de otorgar beneficios a las compañías automotrices que fabrican baterías para vehículos eléctricos.
Con respecto a los préstamos estudiantiles, estos dejarían de ser condonados a la par de que la Oficina de Protección Financiera del Consumidor dejaría de operar.
Cabe señalar que el proyecto de ley de infraestructura bipartidista de 2021 también sufría modificaciones, pues los $66,000 millones de dólares que se tienen proyectados para transporte ferroviario de pasajeros y carga se rescindirían.
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