¿Cómo funciona el gran jurado que ha imputado a Trump por el asalto al Capitolio?

El gran jurado que votó a favor de imputar al expresidente Donald Trump por su interferencia en el resultado de las elecciones que culminó con el asalto al Capitolio de EE.UU. del 6 de enero de 2021 está integrado por un grupo de ciudadanos que tiene en sus manos determinar si hay pruebas suficientes para creer que el acusado ha cometido un delito.

Un gran jurado escucha al fiscal y a los testigos y vota posteriormente en secreto si procede emitir o no una acusación.

¿Quiénes lo conforman?

Los testigos declaran a puerta cerrada y no tienen permitido estar acompañados de un abogado en la sala.

El gran jurado está compuesto habitualmente por entre 16 y 23 personas y para que aprueben la imputación deben estar de acuerdo al menos 12 de ellos.

Sus integrantes se eligen de manera aleatoria de una lista ya existente de potenciales jurados, pero son seleccionados porque se les presupone conocimiento o información sobre el caso en cuestión, explica el Departamento de Justicia en su web.

Al prestar juramento, se comprometen a efectuar su labor sin malicia, miedo, odio o cualquier otro sentimiento que pueda interferir en su decisión.

En esta ocasión, la investigación dirigida por el fiscal especial Jack Smith ha estado centrada en el rol de Trump en la interferencia del proceso electoral en las elecciones de 2020 que llevó al asalto al Capitolio, ocurrido cuando los legisladores del Congreso certificaban la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.

¿Qué poder tiene un gran jurado?

La potestad del gran jurado es diferente a la del jurado popular. El jurado popular escucha en el juicio las pruebas y alegaciones presentadas por la Fiscalía y la defensa y emite un veredicto de culpabilidad o inocencia.

El gran jurado determina si hay pruebas suficientes para creer que se cometió el delito considerado pero no determina si una persona es culpable o inocente.

En el proceso legal en el cual el expresidente Donald Trump resultó acusado de cometer graves delitos el martes, el gran jurado, reunido en Washington, consideró que hay pruebas suficientes para acusar al republicano de cuatro delitos: conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos.

Sus miembros acusaron a Trump de haber difundido a sabiendas mentiras sobre un falso fraude electoral para instigar el asalto al Capitolio e intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

No obstante, el gran jurado no tiene totalmente el poder de llevar a juicio a una persona: el fiscal debe firmar la imputación antes de que el acusado sea procesado.

Así ocurrió el martes, porque el fiscal especial de Departamento de Justicia que investiga al expresidente, Jack Smith, firmó la acusación y compareció ante la prensa para anunciar que desea un “juicio rápido”.

Esa es la manera en que el gobierno y el gran jurado actúan de contrapeso entre sí y cómo el sistema garantice que ninguna de las dos partes ejerza “arbitrariamente” la autoridad de acusar a una persona.

¿Y qué sucede a partir de ahora?

Cuando ocurre una imputación como la que fue anunciada el martes, se procede en una siguiente audiencia en la corte a la lectura de cargos.

Al imputado se le leen los cargos o se le entrega una copia de los mismos, y se le pregunta si se declara culpable o no culpable.

La comparecencia de Trump podría ser el próximo jueves, según varios medios.

El gran jurado es una institución típica del derecho anglosajón. Cuando los colonizadores británicos llegaron a Estados Unidos, instalaron esta institución, que actualmente se mantiene solo en dos países: Estados Unidos y Liberia.

Esta es la tercera imputación por delitos sancionados penalmente contra Donald Trump.

En junio, Trump fue acusado de retención de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago en Florida y de conspiración con un alto asesor personal para ocultárselos al gobierno y sus propios abogados, en la investigación federal del Departamento de Justicia dirigida por el fiscal especial Jack Smith.

Y antes, en marzo, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, acusó a Trump de cargos estatales de falsificación de registros comerciales. Esta es una investigación estatal.

Con información de EFE

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