Acusan a 22 personas en Arizona por traficar con inmigrantes indocumentados usando redes sociales
La oficina del fiscal de Arizona anunió el martes 13 acusaciones contra un total de 22 personas acusadas de conspiración para transportar extranjeros indocumentados con fines de lucro
La oficina del Departamento de Justicia de la fiscalía del Distrito de Arizona acusó el martes a 22 personas en relación con el contrabando de inmigrantes indocumentados coordinado en redes sociales, según un comunicado.
Los 22 sospechosos fueron acusados en una corte federal de Arizona por cargos de conspiración para transportar a extranjeros indocumentados con fines de lucro.
Cada acusación acusa a un coordinador de contrabando de personas que utilizó las redes sociales, incluido Snapchat, para reclutar personas dentro de Arizona para transportar a inmigrantes indocumentadas por dinero.
Después de reclutar a los conductores en las redes sociales, los coordinadores a menudo cambiaban a una aplicación de mensajería como WhatsApp para coordinar la logística.
Muchos de los coordinadores acusados fueron identificados a través de contactos policiales, datos de teléfonos celulares y sus cuentas de redes sociales.
Muchas de las publicaciones afirmaban que los conductores podían ganar grandes sumas de dinero sin correr el riesgo de ser arrestados, según explican documentos judiciales.
La fiscalía de Arizona compartió un mensaje puesto en una red social en el que se afirmaba que las personas que recomendaran a un conductor o prestaran los servicios de conductor podrían ganar entre $3,000 y $20,000 dólares.
El mensaje acompañado de la imagen de varios billetes de 100 dólares también aseguraba que guiarían a los conductores por el camino y estarían con ellos comunicados todo el tiempo por teléfono.
El objetivo de los coordinadores era reclutar a menores y adultos jóvenes como conductores, detalló la fiscalía del Distrito de Arizona en el comunicado.
La condena máxima por conspiración para transportar inmigrantes indocumentados con fines de lucro es de 10 años de prisión, multas de hasta $250,000 dólares y hasta tres años de libertad supervisada.
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