El castigo a inmigrantes por carga pública al pedir Green Card tiene consecuencias, revela reporte
A pesar de modificaciones en la regla de carga pública, inmigrantes que pudieran solicitar en un futuro la Green Card temen solicitar ayudas sociales, incluso Medicaid, aunque ese apoyo no esté contemplado en el "castigo" a no ciudadanos, indica reporte
La nueva regla de carga pública comenzó a aplicar el 23 de diciembre del 2022. Crédito: Impremedia
La regla de carga pública impuesta por el gobierno del expresidente Donald Trump tuvo consecuencias entre los inmigrantes, según un reporte de Urban Institute.
Si bien la regla fue reemplazada por la administración del presidente Joe Biden su “efecto paralizador” continúa entre los inmigrantes, quienes temen ser castigados.
Una cuarta parte de las familias de estatus mixto, donde al menos un miembro es indocumentado, han evitado solicitar “beneficios no monetarios”, como Medicaid, cupones de alimentos SNAP y subsidios de vivienda.
Lo anterior debido a preocupaciones sobre cómo eso pueda afectarlos al momento de solicitar una Green Card, según el reporte de Urban Institute.
El reporte confirma una confusión entre los inmigrantes, ya que esos “beneficios no monetarios” estaban contemplados en la regla de castigo de la Administración Trump.
Sin embargo, con el presidente Biden, dichas ayudas sociales no son contempladas para calificar en forma negativa a un inmigrante.
El American Immigration Council señaló que esa tendencia “de temor” de los inmigrantes comenzó en 2018 y, desde entonces, se ha mantenido.
“En diciembre de 2018, cuando la norma de carga pública de Trump se había propuesto, pero no finalizado, el efecto paralizador se midió en el 21.8% de las familias inmigrantes, y aumentó al 31% en 2019, poco antes de que la norma entrara en vigor”, dice un reporte. “En diciembre de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, Urban Institute descubrió que el 27.7% de las familias de estatus mixto informaron un efecto paralizador”.
La encuesta más reciente señala que el 25% de los inmigrantes consultados mantienen ese temor.
“Puede que no sea tan sorprendente que las familias inmigrantes no estén familiarizadas con las minucias de la elaboración de normas federales y, por lo tanto, no sepan que la norma de carga pública ya no está en vigor”, reconoce el Council. “Es preocupante que el cambio en la administración presidencial, que mucha gente supone cambiará la política automáticamente, haya hecho tan poco para reducir el efecto paralizador”.
El informe agrega que es posible que una administración federal futura intente modificar la regla, pero ahora será más difícil, pues la impuesta por la Administración Biden fue “codificada”, es decir, pasó por un proceso administrativo.
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