La AB 1167 ya es ley y ahora las grandes petroleras son responsables del cierre de los miles de pozos en California

Decíamos dos semanas atrás que “por nuestra familias, el gobernador Gavin Newsom debe firmar la ley AB 1167”.

El llamado de La Opinión entre otros tuvo eco positivo y efectivamente, el gobernador rubricó ayer el proyecto de ley de la asambleísta Wendy Carrillo y con ello lo convirtió en ley. 

Hasta ese momento no estaba claro si Newsom cumpliría su compromiso con la lucha contra la contaminación en las comunidades de bajos ingresos en toda California o si haría caso a los cabilderos de las grandes empresas petroleras. 

Pero Newsom. como lo ha hecho repetidamente en temas de medio ambiente, cumplió. 

Se trata de una iniciativa que cierra una falla que existía hasta ahora en el sistema de funcionamiento y liquidación de los pozos petroleros agotados del estado. Su aprobación constituye excelentes noticias para miles de californianos, especialmente quienes viven en proximidad a los pozos de petróleo y que por lo general son familias de bajos recursos, latinos o afroamericanos. Durante muchos años los pozos han causado enfermedades respiratorias y de otro tipo. 

La nueva ley se refiere a la situación en la cual las corporaciones petroleras venden los pozos semi agotados a pequeñas compañías que esperan obtener algún lucro de la extracción. Cuando finalmente se seca el pozo, este debe ser clausurado, a un precio de decenas de miles de dólares. Pero estas compañías no tienen los fondos necesarios para limpiar decenas de pozos y se declaran en bancarrota. En consecuencia, los pozos siguen contaminando el ambiente o son los gobiernos los que deben cargar con el gasto, en detrimento de otros presupuestos. 

La nueva legislación determina que las corporaciones petroleras sólo pueden vender los pozos depositando en un fondo el dinero necesario para clausurarlos una vez agotados. 

Existen en la actualidad 5.540 pozos petroleros sin un operador viable, número que podría llegar potencialmente a 69.425 pozos económicamente marginales y semi agotados que podrían ser abandonados en el futuro.

En la ocasión, el activista Cesar Aguirre de la Red de Justicia Ambiental de California Central o Central California Environmental Justice Network (CCEJN) dijo en una declaración para La Opinión:” California está avanzando hacia la solución de la crisis multimillonaria de los pozos abandonados haciendo que las compañías petroleras rindan cuentas. El gobernador Newsom ha hecho que los contaminadores paguen, no ha dejado que los contribuyentes paguen la factura. Al firmar la AB 1167, Newsom ha ayudado a evitar que la industria petrolera abandone los pozos de petróleo en nuestras comunidades”.

La asambleísta Carrillo aclaró en respuesta a preguntas por escrito de La Opinión que “esta ley sólo se aplicará a los pozos que se están vendiendo y aumenta el monto de la fianza que se debe depositar, pero sólo en los pozos que tienen más probabilidades de quedar huérfanos, que son los que ya están inactivos o están produciendo muy poco”.

La situación es especialmente delicada en el Sur de California y más específicamente, en los distritos poblados por latinos en la ciudad de Los Ángeles. 

“La ciudad tiene muchos pozos huérfanos”, explicó Carrillo a La Opinión. “Sólo en mi distrito, junto con Echo Park, el Dodger Stadium y las comunidades circundantes, alguna vez conocido como el Campo petrolero de la ciudad de Los Ángeles, hay cerca de 200 pozos petroleros huérfanos que continúan dañando la salud, el bienestar y la seguridad de los residentes”.  

A partir de ahora, los residentes no tendrán que preocuparse por la suerte de los pozos que llegarán a agotarse, y el estado no tendrá que financiar los millones de dólares que cuesta su clausura. 

Una victoria para la comunidad.