Personas sin documentos podrían acceder a las visas S, T y U

Indocumentados que residen en California podrán tener mayores protecciones y acceder a las visas “S”, “T” y “U”, gracias a que el gobernador Gavin Newsom proclamó en ley la iniciativa AB 1261 del asambleísta Miguel Santiago.

La actual ley estatal exige que un funcionario de la aplicación de la ley certifique la “ayuda a la víctima” o la “cooperación con la víctima” en formularios federales suplementarios específicos relacionados con inmigración cuando la persona fue víctima de un crimen calificado, actividad delictiva o trata de personas, para efectos de la investigación o enjuiciamiento de delincuentes.

La nueva ley, que entra en vigor el 1 de enero de 2024, especifica que una persona que presente esos formularios no tiene que estar presente en los Estados Unidos cuando someta la solicitud de la visa S, T, o U.

Además, requeriría que la agencia del orden que ha certificado un caso envíe el formulario a la víctima u otras personas específicas sin requerir que la víctima proporcione una tarjeta de identificación avalada por el gobierno.

“Nuestro sistema de inmigración está quebrado”, dijo Santiago, a La Opinión, sobre los objetivos de la pieza legislativa. “Los republicanos han atacado a las familias de los inmigrantes y a los Dreamers; primero lo hizo Donald Trump y ahora muchos republicanos, mientras hay gente desesperada por la inacción del Congreso”.

Santiago expresó que hace un año y medio visualizó la opción de ayudar a los inmigrantes con las visas S,T, y U, las cuales se pueden obtener bajo ciertas circunstancias y se otorgan a quienes han ayudado a las autoridades con investigaciones de crímenes significativos.

La visa S se otorga a testigos e informantes de las autoridades del orden sobre crímenes que se han cometido o que están a punto de llevarse a cabo y los dependientes del inmigrante extranjero (cónyuge, hijos casados y solteros y los padres) no pueden obtener estas visas.

El estatus T de no inmigrante es un beneficio temporal de inmigración que permite que algunas víctimas de una forma severa de trata humana permanezcan en Estados Unidos hasta un máximo de 4 años si han ayudado a las agencias del orden público en una investigación o procesamiento de actos de trata de personas.

El estatus de no inmigrante U (Visa U) está reservado para las víctimas de ciertos crímenes que han sufrido abuso físico o mental y brindan ayuda a las agencias de orden público y oficiales gubernamentales en la investigación o persecución de actividades criminales.

El Congreso creó la visa U mediante la aprobación de la Ley de Protección a Víctimas de la Trata de Personas y Violencia (incluyendo la Ley de Protección de Mujeres Inmigrantes Abusadas) en octubre de 2000, durante la administración del expresidente George W. Bush.

“Con la ley AB 1261, no sólo tenemos la oportunidad de reducir el crimen sino también proteger a algunos de los miembros más vulnerables de nuestra comunidad”, dijo el asambleísta Santiago, tras la firma de la “Ley de Derechos de los Inmigrantes”.

Los tres tipos de visas brindan vías para permitir que las personas indocumentadas que son víctimas o testigos de crímenes tengan acceso a la justicia y se sientan seguros de que no correrán ningún riesgo de ser deportados.

Para Salvador Sanabria, director ejecutivo de la organización proinmigrante EL Rescate, la nueva ley representa “un paso significativo” para la justicia a los indocumentados, porque requiere que las agencias encargadas de investigar el crimen en California certifiquen la colaboración o la calidad de las personas que les ayudan como testigos al esclarecimiento de ciertos delitos.

“Es una nueva opción, una nueva avenida un número limitado de personas”, dijo Sanabria. “Imagínate a un miembro de una familia que está en el limbo legal y que pueda ser sujeto de obtener la residencia; eso le proveerá una avenida para apoyar al resto del núcleo familiar y poder aplicar en el futuro a otros beneficios migratorios”.

La repercusión de que un miembro indocumentado de una familia sea beneficiado y ello derive beneficios para sus parientes tendría un efecto multiplicador de protección contra la deportación, lo cual podría convertirse en una solución permanente para vivir tranquilo en Estados Unidos.

“Hay que recordar que los Dreamers o beneficiarios de DACA,  quienes cuentan con el TPS o quienes cuentan con cierre administrativo de sus casos en las cortes, solo están protegidos temporalmente, pero ese estatus no les da una solución permanente”, aclaró Sanabria. “Por eso, a pesar de ser limitada, esta ley AB 1261 abre una nueva avenida a la ciudadanía, por medio de la naturalización en el futuro, y extiende los beneficios a otros individuos del núcleo familiar”.

Si bien California no puede cambiar las leyes federales de inmigración con respecto al otorgamiento de visas, los oficiales migración quizás podrían cooperar más para certificar la cooperación de los migrantes indocumentados y estos puedan aplicar con más certeza para acceder al beneficio.

“La ley es importante, porque casi siempre California ha estado empujando las responsabilidades que tiene con sus residentes indocumentados”, declaró el abogado Alex Gálvez, a La Opinión. “Pero hay muchos policías e investigadores de delitos que se niegan a certificar la visa U, aunque las personas hayan sido víctimas, en estados como Carolina del Sur, Florida, Georgia, Texas, Tennessee o Nebraska”.

Sin embargo, una certificación no es suficiente – dijo- “Por razones de racismo argumentan que nos son oficiales de inmigración, saben lo que pasó, y dicen que no quieren perder su trabajo”.

“Hay muchos en los departamentos del alguacil en San Bernardino, Ventura y Orange que son muy problemáticos, pero con el pasaje de esta ley, ahora los inmigrantes [indocumentados] pueden reclamar sus derechos por el hecho de que fueron testigos o víctimas de crímenes”.

Como copatrocinador de la ley AB 1261, el fiscal de distrito del condado de Orange, George Gascón, expresó que el miedo a la deportación “ha creado un clima de terror entre los inmigrantes, paralizando su capacidad de interactuar con el sistema legal penal”.

“Desde denunciar delitos y solicitar órdenes de protección hasta actuar como testigos, viven en constante temor, lo que los deja sin voz y vulnerables”, dijo. “Esta aterradora realidad tiene consecuencias particularmente devastadoras para las víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y trata de personas, ya que estos incidentes no se denuncian significativamente y enfrentan inmensos desafíos en la investigación y el enjuiciamiento dentro de comunidades ya vulnerables debido a una mayor aplicación de la ley de inmigración”.

Por lo tanto, destacó que es imperativo que todos los californianos, independientemente de su estatus migratorio, tengan acceso seguro y sin obstáculos a nuestros tribunales.

“AB 1261 se erige como un rayo de esperanza, al establecer políticas inequívocas que salvaguardan los derechos de los miembros vulnerables de la comunidad al garantizar su capacidad para denunciar delitos con confianza y participar activamente en las investigaciones, libres del inquietante espectro de la deportación””.

No hay estatuto de limitación para aplicar

Gina Amato Logh, abogada directora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes en Public Counsel, organización que respaldo la ley AB 1261, dijo que ellos están ofreciendo la mayor cantidad de servicios legales pro-bono como pueden.

“La necesidad de estos servicios es abrumadora, y, por lo tanto, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no creo que estemos siquiera cerca de satisfacer la necesidad real de la comunidad”, manifestó.

En efecto, según datos oficiales de la Coalición para Abolir la Esclavitud y el Tráfico Humano (CAST LA), el mayor proveedor del país de servicios integrales que cambian las vidas de sobrevivientes y defensores de políticas y legislación innovadoras, en 2022 sirvieron a 1,625 sobrevivientes de tráfico humano y miembros de sus familias.

“Y no se trata sólo de trata de personas. La trata de personas es un subconjunto de derechos de las personas”, indicó la abogada. “Esta ley también beneficiará a los inmigrantes sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual, secuestros y apuñalamientos, es decir, todo tipo de delitos graves y, a menudo, violentos”.

La abogada consideroo que la ley AB 1261, al tiempo que es importante, aclara en cierto modo la ley federal existente, “porque realmente ayuda a las autoridades, a los defensores y a la comunidad de inmigrantes”.

Importante de destacar es que, independientemente que entra en vigor, a partir del 1 de enero de 2024, quienes fueron víctimas de delitos graves en y trata de personas en el pasado, todavía son elegibles para el beneficio de la visa.

“Esta ley no crea ningún nuevo derecho ni beneficio; lo que hace es aclarar y ampliar lo existente”, aseguró Amato Logh.

De hecho, ella representó a un sobreviviente que fue víctima de un delito calificado en 1976.

El individuo, que había estado viviendo en una silla de ruedas durante más de 40 años, antes de enterarse de que era elegible para un alivio migratorio pudo convertirse en un residente permanente legal.

“Todo ello conlleva muchos beneficios en términos de calificar para beneficios públicos, tener la elegibilidad para trabajar y generar más estabilidad aquí ,en los Estados Unidos”, concluyó.