Corte Suprema debate sobre legalidad de bloqueo de funcionarios públicos a usuarios en redes sociales

Las redes sociales se han convertido en un vehículo de gran vehículo de información, sin embargo, también en un canal de reclamos, principalmente a funcionarios públicos, por lo que muchos de ellos han optado por bloquear a los usuarios, desatando el debate sobre cuán y bajo qué condiciones es legal esta acción.

Ante dicha situación, la Corte Suprema debatió sobre dónde trazar la línea en lo que respecta a las cuentas personales de redes sociales de los trabajadores del gobierno y las medidas para censurar comentarios o bloquear el acceso de ciertos usuarios individuales.

“Este es un caso en el que hay intereses de la Primera Enmienda en ambos lados”, dijo la jueza Elena Kagan, citando la necesidad de proteger el discurso privado de los empleados del gobierno pero también preservar la capacidad de los ciudadanos de acceder a su gobierno.

Las protecciones constitucionales a la libertad de expresión rigen la conducta oficial y limitan la capacidad de los empleados gubernamentales de silenciar ciertos comentarios en el ámbito público, pero esas protecciones generalmente no se extienden a la conducta o propiedad privada.

Durante más de tres horas de argumentos, los jueces estuvieron divididos sobre cómo decidir cuándo la actividad personal de un empleado del gobierno en las redes sociales puede ser tratada como una acción oficial.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dijo que “una regla clara” podría ser poner límites a la mayor disponibilidad de la información que se comunica en una página personal.

Por su parte, el juez Ketanji Brown Jackson sugirió que los empleados públicos deberían tener la responsabilidad de dejar claro si sus cuentas de redes sociales son personales u oficiales.

Entre los casos que han encendido el debate es el de los miembros de la junta escolar de California, quienes eliminaron comentarios de padres descontentos y bloquearon su acceso a los foros de mensajes.

Otro caso involucra a un administrador de la ciudad de Michigan que eliminó las críticas de un residente durante la pandemia de COVID-19 y bloqueó su acceso para escribir comentarios futuros.

En ambos casos, los funcionarios argumentaron que las cuentas eran de propiedad personal y no se mantenían como parte de sus responsabilidades laborales.

La disputa del tribunal superior refleja un caso de 2017 entre el entonces presidente Donald Trump y siete personas a las que impidió el acceso a su perfil personal en el entonces Twitter. Un tribunal federal de apelaciones se puso del lado de los críticos de Trump, diciendo que la cuenta del presidente estaba envuelta en asuntos oficiales y que los bloqueos equivalían a una violación de los derechos civiles de los usuarios.

*Con información de ABC News.

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