Las mentiras de agentes del orden en sus reportes son ‘más comunes de lo que la gente piensa’

Mentir y falsificar un reporte parece no ser una actividad rara para algunos miembros de la policía de la ciudad y los alguaciles del condado de Los Ángeles, como tampoco podría ser el fabricar cargos a individuos inocentes.

Así lo expresan líderes comunitarios, abogados criminalistas y autoridades federales, tras el encarcelamiento en una prisión federal de dos exalguaciles del condado de Los Ángeles: Miguel Ángel Vega y su compañero Christopher Blair Hernández.

Vega fue sentenciado a dos años de prisión el 21 de diciembre de 2023 y Hernández fue sentenciado a 18 meses tras las rejas.

Ambos agentes mintieron en sus reportes policiacos, privaron de la libertad a un joven de 23 años y, violaron sus derechos civiles, en la primavera de 2020. Lo encarcelaron falsamente, luego mintieron y encubrieron sus acciones ilegales, según una investigación del FBI y otras agencias.

Los dos exoficiales, que eran parte de la Estación Compton del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles (LASD), también estuvieron involucrados en el asesinato del joven Andrés Guardado de 18 años en Gardena en junio de 2020.

Por este caso, no se les imputaron cargos criminales, pero el condado debió pagar $8 millones a la familia de Guardado.

“Aunque la gran mayoría del personal encargado de hacer cumplir la ley es honesto y realiza su trabajo admirablemente, unos pocos corruptos destruyen la confianza del público”, declaró a La Opinión, Ciaran McEvoy, oficial de información pública de la Fiscalía de los Estados Unidos.

“Nuestra oficina permanecerá vigilante y diligente cuando se trata de proteger al público de aquellos que violan su deber solemne de respetar la ley”, añadió.

El caso de Compton

Christopher Blair Hernández, de 37 años, fue sentenciado el pasado 23 de enero, por haber participado en el arresto ilegal de Jesús Alegría, en un parque de patinaje sin motivo alguno y luego presentar un informe falso.

En julio de 2023, Hernández se había declarado culpable de un cargo de conspiración para la privación de derechos bajo apariencia de la ley, y acordó cooperar en la pesquisa realizada por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Su excompañero, Miguel Ángel Vega, de 33 años, residente de la ciudad de Corona, fue sentenciado a dos años de prisión federal por el mismo delito.

La Oficina de Investigaciones Penales Internas y la Oficina de Asuntos Internos del LASD cooperaron en la investigación de los fiscales federales adjuntos J. Jamary Buxton y Brian R. Faerstein, de la Sección de Corrupción Pública y Derechos Civiles en el Distrito Central de California para el Departamento de Justicia.

Latino defiende a afroamericanos y lo paga caro

El 13 de abril de 2020, Hernández y Vega patrullaban en el área cerca de Wilson Park en Compton, cuando de repente vieron a dos jóvenes afroamericanos, -uno de los cuales Hernández creía que estaba en libertad condicional- afuera de un parque de patinetas rodeado por una cerca alta.

Vega estacionó la camioneta-patrulla cerca de la pista de patinaje. Ambos bajaron y se acercaron a los hombres, a quienes les ordenaron que se levantaran las camisetas.

En ese momento, un tercer hombre, Jesús Alegría, -identificado en los documentos judiciales por sus iniciales J.A.-, gritó a los agentes que dejaran de molestar a los jóvenes.

Según documentos presentados en el tribunal federal de Los Ángeles, Vega luego discutió con él y lo desafió a una pelea. Sacó a Alegría a través de una abertura en la cerca y lo arrojó en la parte trasera de la patrulla.

Alegría no estaba esposado. No le dijeron que estaba bajo arresto y no estaba sujeto con el cinturón de seguridad en el asiento trasero del vehículo, admitieron los dos exagentes en sus acuerdos de declaración de culpabilidad.

Mienten y tienden una trampa a Jesús Alegría

Los fiscales dijeron que Vega volvió a desafiar a Alegría a una pelea después de que se alejaron del parque. Hernández y Vega supuestamente “se burlaron” del hombre, sugiriendo que iban a tenderle una trampa arrojándolo en territorio de pandillas.

Vega también dijo que los agentes iban a alegar falsamente que Alegría “mostraba síntomas de estar bajo la influencia de un estimulante como pretexto para justificar su encarcelamiento falso” de él, según la Fiscalía Federal.

Según la acusación, mientras Vega conducía la camioneta con Alegría todavía en la parte trasera, comenzó a perseguir a un grupo de jóvenes en bicicleta. Hernández salió del vehículo para perseguir a un sospechoso a pie, mientras que Vega conducía hacia un callejón, donde chocó con una pared y otro vehículo, lo que provocó que Alegría se golpeara la cara y la cabeza y sufriera un corte sobre su ojo derecho.

Después del accidente, Vega sacó a Alegría de la camioneta patrulla y le dijo que se fuera, luego informó por la radio del sheriff que un sospechoso con un arma había corrido por un callejón, y describió que el sospechoso vestía ropa similar a la que usaba Alegría.

Incluyen información falsa en su reporte

Ni Vega ni Hernández revelaron inicialmente que habían detenido a Alegría o que él estaba en la camioneta cuando ocurrió el accidente, dijeron los fiscales federales.

Posteriormente, Alegría fue detenido por otro agente.

Fue hasta ese momento que Vega admitió ante un supervisor que el joven latino había estado en la parte trasera de la camioneta.

Y, mientras que Jesús Alegría estaba hospitalizado, Hernández le dijo a otro oficial que lo citara por estar bajo la influencia de metanfetamina, a pesar de que sabía que era una acusación falsa, dijeron los fiscales.

En informes presentados más tarde ese día, Hernández y Vega “incluyeron intencionalmente información falsa, engañosa y ambigua para justificar y legitimar, y en última instancia encubrir su conducta ilegal”, afirmando que Alegría estaba bajo la influencia de un estimulante y que había amenazado a los agentes y a otras personas en el parque de patinaje, según los fiscales federales.

Tras una demanda civil, Alegría llegó a un acuerdo de 450,000 dólares con el condado de Los Ángeles por el caso.

El abogado civil y criminalista Michael Carrillo, declaró que, en 15 años de experiencia, las mentiras de policías y alguaciles en sus reportes “son más comunes de lo que la gente piensa”.

“Hace ocho años tuve un cliente donde se pudo demostrar que en un reporte el alguacil de la Estación de Compton mintió, y al final apareció un video que comprobó que la versión del agente era falsa.

Sin embargo, dijo que los casos donde los oficiales del orden mienten más, es cuando alegan que una persona se estaba resistiendo a un a arresto.

“Lo hacen para prevenir una demanda y agregan cosas de más…les echan más crema a los tacos”, dijo.

Oficial de LAPD sentenciado a libertad condicional

En agosto de 2023, Alejandro Castillo, un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) fue condenado a 45 días de servicio comunitario y dos años de libertad condicional por presentar un informe falso y cometer perjurio derivado de una parada de tránsito en el área de Hollywood.

La jueza del Tribunal Superior Eleanor J. Hunter dijo que Castillo, de 51 años,  “mintió” en un informe sobre la parada de tráfico del 18 de octubre de 2019 y luego “subió al estrado y mintió”.

El juez le dijo al acusado de 51 años que “no había ninguna razón” para hacer lo que hizo la noche de la parada de tráfico.

En marzo de 2023, los jurados declararon culpable a Castillo de un delito grave cada uno de presentar un informe falso y de cometer perjurio.

La División de Asuntos Internos del LAPD comenzó a investigar a Castillo después de que la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles identificara preocupaciones no especificadas, mientras revisaba videos sobre arrestos por DUI que el oficial realizó en octubre de 2019. Fue arrestado en 2021.

“Mentir tiene consecuencias”: Gascón

“Cuando una oficial miente en el curso de su investigación, puede tener consecuencias devastadoras, incluido un encarcelamiento injusto y, a veces, condenas injustas”, dijo el fiscal de distrito George Gascón. “Es por eso que mi oficina toma muy en serio el perjurio por parte de las autoridades”.

Castillo presentó un informe policial que afirmaba que el conductor había hecho un giro inseguro a la izquierda frente al tráfico que venía en sentido contrario que casi causó un accidente, mientras que el video de la cámara corporal mostraba que el conductor esperó a que todos los vehículos pasaran antes de girar, según la Fiscalía del Distrito.

El automovilista fue sometido a una prueba de sobriedad y posteriormente arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, según la Fiscalía del Distrito. Como resultado de la investigación, no se presentaron cargos de DUI contra el conductor.

El caso contra Castillo fue presentado en julio de 2021.

Las mentiras más comunes

Earl Ofari Hutchinson, un académico afroamericano defensor de los derechos civiles, afirma que las mentiras más comunes que usan los agentes de policía como engaño psicológico para extraer confesiones de las personas durante un interrogatorio

“Se sabe que la policía falsifica información sobre un arresto, afirma que un cómplice confesó y continúa interrogando a los sospechosos en equipos, los mantienen aislados durante largos períodos y no les informan sobre sus derechos”.

Hutchison señala que, cuando lee o escucha que un oficial se involucró en un tiroteo, su respuesta de siempre “es que temía por su vida y creía que el sospechoso estaba armado, y que no tuvo más remedio que disparar”.

“La mayoría de estos tiroteos de OIS (Officer Involved in a Shooting) podrían evitarse. La policía tiene una variedad de armas y métodos no letales que puede utilizar para someter a un sospechoso”, expresó.

“En muy pocos casos el sospechoso tiene un arma real. El estándar para los oficiales que usan fuerza letal es tan laxo que todo lo que un oficial tiene que decir es que temía por su vida. Eso casi siempre es suficiente para exonerarlos”.

Con respecto a la presentación de informes falsos e incriminación de inocentes, consideró que cualquier oficial que lo haga debe ser automáticamente despedido y procesado.

“Y si un superior aprobó o incluso fomentó un informe falso, también debería ser despedido y procesado”.

“Cultura de la corrupción”

“Sabemos históricamente lo que ha pasado; muchos policías le siembran armas de otros casos a los sospechosos, las guardan en sus patrullas y ponen el arma o cuchillo en el bolsillo de las personas, especialmente con los latinoamericanos”, dijo Ron Góchez, activista proinmigrante de Unión del Barrio, en el sur-centro de Los Ángeles.

“Saben que si dicen que eso tenía la persona o si la detienen y la golpean sin justificación inventarán algo ellos mismos para tener la razón y no ser castigados”.

Góchez indicó que es bueno que algunos oficiales del LAPD y del Departamento de Alguaciles del condado de Los Ángeles hayan tenido que enfrentar a la justicia como consecuencias de sus actos.

“Desafortunadamente hay mucha gente inocente que ha sido acusada falsamente y está encarcelada porque los oficiales mintieron en sus reportes”, dijo el activista. “Lamentablemente estamos en un país donde un juez a quien le va a creer casi siempre es al policía no a la persona latina o afroamericana”.