Buscan que condados investiguen condiciones sanitarias de centros de detención de inmigrantes

La senadora de Los Ángeles, María Elena Durazo presentó el proyecto de ley SB 1132 que busca que los departamentos de salud de los condados de California tengan la autoridad para investigar las condiciones sanitarias de los centros privados de detención que operan en el estado, lo que incluye a los que mantienen bajo custodia a los inmigrantes.

“Los centros de detención con fines de lucro tienen un historial terrible en nuestro estado en lo que respecta a la salud, la seguridad y los derechos humanos”, dijo la senadora Durazo. 

“Lo que sucede en estos centros impacta no sólo a los que están dentro, sino también a las comunidades circundantes. Es importante que haya transparencia y rendición de cuentas en lo que respecta a la salud y la seguridad pública”.

La medida garantizaría que los funcionarios de salud del condado tengan la misma capacidad para investigar las condiciones sanitarias y de salud de los centros de detención privados que la que ejercen para las cárceles del condado y otras instituciones públicas. 

Este proyecto de ley permitiría a los funcionarios de salud del condado ejercer este poder cuando sea necesario y no requeriría una inspección anual.

“Cada año, miles de personas son detenidas en centros de detención privados en nuestro estado, cuyo objetivo es obtener ganancias, a menudo a costa de la salud, la seguridad y la dignidad. California debería hacer todo lo posible para garantizar que las corporaciones que administran estas instalaciones cumplan con los estándares mínimos”, dijo Jackie González, directora de políticas de la organización Immigrant Defense Advocates, patrocinadora de la SB 1132.

En la actualidad, California alberga seis centros privados de detención civil que pueden dar cabida a más de 7,200 personas en un momento dado. 

Estas instalaciones deben cumplir con las leyes de California y las órdenes de salud pública. A pesar de estos requisitos, las empresas con fines de lucro que operan estas instalaciones habitualmente no cumplen con los estándares básicos para proteger a las personas detenidas o empleadas.

Cuando Marco Topete escuchó hablar del proyecto de ley de la senadora Durazo, dijo que si se aprueba, le gustaría que los funcionarios y empleados de salud de los condados lleguen al fondo de las irregularidades que abundan en los centros de detención para inmigrantes.

“Qué les caigan de sorpresa, que no les avisen, porque los administradores de estos centros son muy tramposos, cuando saben que va a ver una visita, nos pone a limpiar para que quede todo como nuevo. Son muy mañosos, y en caso de los enfermos, se sacan de la manga la documentación que prueba que dan medicamentos a los detenidos”, dijo Topete, quien estuvo casi tres años bajo custodia en el Centro de Detención de Adelanto.

“Si esta medida se hace ley, espero que vayan y verifiquen las condiciones de los centros para inmigrantes y sobre todo que actúen, así como lo hacen como los pobres vendedores ambulantes a quienes no les quitan el guante de encima, y están listos para multarlos y decomisarles sus productos”.

El proyecto de ley de la senadora Durazo llega en momentos en que abundan las quejas particularmente contra los centros de detención privados que albergan a inmigrantes indocumentados.

El año pasado, la Fundación Legal de Justicia Social entabló una demanda colectiva contra la corporación GEO Group Inc por rociar durante la pandemia a los inmigrantes bajo custodia en el Centro de Detención de Adelanto con productos químicos que generaron problemas serios de salud a los detenidos.

La querella fue presentada por 7 personas en representación de más de 1,300 detenidos afectados por el uso de los productos químicos.

Reacciones

“Los inmigrantes retenidos en centros de detención privados tienen los mismos derechos humanos a la salud y la seguridad que cualquier persona en California, lo que incluye la supervisión y la responsabilidad de la salud pública”, dijo Edwin Carmona-Cruz, codirector ejecutivo de la organización California Collaborative for Immigrant Justice, patrocinador de SB 1132.

“Este proyecto de ley brinda a California la oportunidad de garantizar que estas protecciones estén vigentes y que el estado continúe siendo líder en este importante tema”, agregó.

Adriana Sánchez Ochoa, subdirectora de la organización proinmigrante NextGen California, también patrocinadora de la SB 1132, dijo que es importante que los funcionarios públicos puedan proteger la salud de todos en el estado, incluyendo a los inmigrantes encarcelados en los centros de detención lucrativos.

“Es necesario que haya responsabilidad y supervisión en las instalaciones que habitualmente anteponen las ganancias a la salud y la seguridad”.

Masih Fouladi, director ejecutivo del California Immigrant Policy Center, patrocinador de la SB 1132 dijo que la detención de inmigrantes no sólo priva a las personas de su libertad y separa a las familias, sino que estos centros de detención tienen una larga historia de condiciones inseguras e insalubres.

“Debemos proteger la salud, la seguridad y el bienestar de todas las personas detenidas garantizando que estas instalaciones administradas por corporaciones privadas con fines de lucro, sean responsables de cumplir con los estándares locales de salud y seguridad”.

Fouladi afirmó que apoyan plenamente este proyecto de ley que permitiría a los funcionarios de salud del condado mantener los centros de detención privados con los mismos estándares que otras instalaciones públicas y cárceles del condado.