¿Qué sigue en tribunales con la ley SB4 contra inmigrantes en Texas?
La Corte de Apelaciones para el Quinto Circuito escuchó los argumentos legales sobre la ley SB4 de Texas, la cual se mantiene suspendida
El proceso de detención de inmigrantes en la frontera es labor de la Patrulla Fronteriza. Crédito: Eric Gay | AP
El martes, tribunales tomaron decisiones contradictorias sobre la ley SB4 de Texas, la cual permitiría la detención de inmigrantes y su procesamiento para deportación.
La determinación más importante es la tomada por la Corte de Apelaciones para el Quinto Circuito, que la noche del martes bloqueó temporalmente esa ley promulgada por el gobernador Greg Abbott.
Previo a esa decisión, la Corte Suprema había decidido permitir a aplicación de la SB4, pero hubo un elemento importante que especificó la decisión de los seis jueces conservadores: la ley no había tenido una determinación en un tribunal de apelaciones, por lo cual su estatus podía cambiar.
En la noche del martes, el Quinto Circuito tomó su decisión mientras avanza en el proceso de fondo de la ley, para lo cual los jueces escucharon los argumentos orales este miércoles.
El tema central ante el tribunal de apelaciones es si modificando ciertas partes de la ley que no se “sobrepone” a los mandatos federales en materia migratoria podrían permitir su aplicación.
El debate también contempla las complicaciones sobre acuerdos federales con otro país, en este caso México, para la expulsión de inmigrantes bajo la SB4.
Tras la aprobación de la Corte Suprema, el gobierno de México advirtió que no permitirá la expulsión de inmigrantes por parte del gobierno de Texas, aunado a que el debate migratorio se mantendría en el “ámbito federal” con Estados Unidos, escribió en X, antes Twitter, Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana.
El caso en el Quinto Circuito
En la audiencia en la corte del Quinto Circuito estuvieron los jueces Priscilla Richman, nominada por George W. Bush; Irma Carrillo Ramírez, nominada por el presidente Joe Biden, y Andrew Oldham, nominado por el expresidente Donald Trump.
De hecho, Oldhman expresó simpatía por la ley SB4, al señalar que la Administración Biden debe demostrar las implicaciones de dicha norma, pero como no se ha aplicado, eso no puede saberse.
El argumento central de la Administración Biden es que la ley invade mandatos federales que deben seguir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ).
“No tenemos idea de cómo se aplicaría realmente todo esto, porque no ha habido una sola persona que haya sido arrestada, ni una sola persona a la que se haya ordenado su deportación, ni un solo juez estatal que haya tenido la oportunidad de fallar sobre una sola disposición”, dijo Oldham.
El juez Oldham incluso se inclinó a modificar algunas disposiciones de la ley, pero no bloquearla completamente.
La jueza principal del Quinto Circuito, Richman, sugirió que si un juez federal se equivocara al bloquear la entrada en vigor de toda la ley, el tribunal de apelaciones debería decidir sobre qué aspectos bloquear o modificar, pero cuestionó al abogado de Texas, Aaron Nielson, sobre cómo justificar que el estado tome decisiones en inmigración.
“Me parece que esta es la primera vez que un Estado afirma que tiene derecho a expulsar a los extranjeros indocumentados. Quiero decir, este no es un poder que históricamente haya sido ejercido por los estados, ¿verdad?”, expuso la jueza Richman.
El Departamento de Justicia –que representa al gobierno federal– argumentó que los asuntos migratorios son “asunto internacional”, es decir, entre administraciones federales.
La jueza Carillo Ramírez no habló durante la audiencia.
Qué sigue en tribunales
La ley SB4 seguirá suspendida en forma indeterminada hasta que el Quinto Circuito tome una decisión, ya sea permitir su aplicación integral o parcial, pero también podría bloquearla.
En cualquiera de los casos, las partes involucradas pueden volver a realizar una apelación ante la Corte Suprema, donde quedó establecido que no hubo una decisión de fondo, al requerir el paso por un tribunal menor.
En tanto, decenas de organizaciones civiles a favor de inmigrantes han expresado su rechazo a la ley SB4, como el Centro Joven para los Derechos de los Niños Inmigrantes, al señalar que incluso algunos de sus miembros podrían ser perseguidos por “sospecha de parecer inmigrante”.
“La SB4 permite a los funcionarios estatales usurpar el poder de las autoridades federales de inmigración”, dijo Alexis Bay, miembro jurídico de Justicia Sanitaria del Centro. “Jóvenes podrían enfrentar penas de cárcel, separación familiar y destierro del país sin siquiera ver a un abogado o a funcionarios de inmigración”.
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