Tribunal Supremo de Arizona revive ley de 1864 donde criminaliza el aborto en casi todas sus circunstancias
La ley de 1864 establece una pena de cinco años de prisión para quien practique un aborto y entrará en vigor en 14 días en Arizona
El Tribunal Supremo de Arizona emitió un fallo donde se determinó revivir una ley que data de 1864, la cual establece que el aborto es considerado ilegal en casi todas sus circunstancias, por lo que se podrán cerrar clínicas del estado donde se realice esta práctica.
“La decisión tomada hoy por la Corte Suprema de Arizona es desmesurada y una afrenta a la libertad… No se equivoquen: al derogar efectivamente una ley aprobada este siglo y reemplazarla con una de hace 160 años, la Corte ha puesto en riesgo la salud y la vida de los arizonenses”, señaló en un comunicado la procuradora general de Arizona, Kris Mayes.
De acuerdo con esta ley, que incluso fue promulgada mucho antes de que Arizona se convirtiera en estado de Estados Unidos, criminaliza los abortos y establece una pena de hasta cinco años de prisión a la mujer que lo practique y también al personal médico que ayude a realizarlo.
“Esta es una decisión devastadora y draconiana que será celebrada por extremistas contrarios al derecho a decidir como David Schweikert, que quieren desmantelar sistemáticamente la libertad reproductiva y el acceso a atención médica que salva vidas en Arizona”, señaló la candidata demócrata al Congreso, Galán-Woods.
La ley de 1864 no establece excepciones en caso de violación o incesto, pero sí permite que la práctica del aborto se lleve a cabo en caso de que la vida de la madre esté en extremo peligro.
“Aquí en Arizona tenemos la oportunidad de consagrar el derecho al aborto en nuestra constitución este otoño y debemos aprobar esta enmienda para proteger a las mujeres en todo el estado. Sin embargo, también debemos detener estos ataques a nuestros derechos y libertades fundamentales reemplazando a estos extremistas con fuertes defensores del derecho a decidir y aprobando una ley nacional que proteja el acceso al aborto. Trabajaré incansablemente para garantizar que mis hijas, y las mujeres y niñas de todo el país, sigan teniendo acceso a servicios de salud reproductiva y tengan poder sobre sus propios cuerpos”, precisó la demócrata Galán-Woods, quien está postulada para el Primer Distrito del Congreso de Arizona y cuenta con el respaldo de EMILYs List, la ex gobernadora Janet Napolitano y el fiscal general de Arizona, Kris Mayes.
“Cuando sea elegida congresista del Tercer Distrito Congresional de Arizona, lucharé con todas mis fuerzas para asegurar que codificamos Roe en la ley federal. Este fallo es un golpe devastador y exasperante a nuestras libertades personales. La Corte Suprema de Arizona decidió volver a una prohibición casi total del aborto implementada durante la Guerra Civil, agregando una barrera entre los pacientes, sus proveedores médicos y la atención médica que necesitan. Seamos muy claros: estos ataques no son sólo un ataque a nuestras libertades, son un intento de controlarnos”, afirmó la candidata al Congreso AZ-03, Raquel Terán.
En 1971, la asociación Planned Parenthood, en favor de los derechos reproductivos y que ofrece abortos, demandó al estado y consiguió acabar con la ley de 1864, puesto que un juez falló a su favor, pero ahora la situación volvió a cambiar.
El Supremo falló a favor del obstetra Eric Hazelrigg, quien junto al fiscal del condado de Yavapai, Dennis McGrane, intervino en la defensa de la ley de 1864. Hazelrigg dirige una red de centros de crisis del embarazo, instalaciones donde se aconseja a las mujeres embarazadas que no aborten.
“En ausencia del derecho constitucional federal al aborto, no hay ninguna disposición en la ley federal o estatal que prohíba (la ley de 1864) su aplicación. En consecuencia, (la ley de 1864) es ahora aplicable”, sentenció el juez de la Corte Suprema de Arizona John R. López IV.
Hasta antes de que el Tribunal Supremo estatal emitiera este fallo, el cual entrará en vigor dentro de 14 días, el estado de Arizona prohibía el aborto después de las 15 semanas, esto de acuerdo a una ley de marzo de 2022 que fue firmada por el entonces gobernador republicano Doug Ducey.
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