La oficina del fiscal Gascón reconoce que grabación de conversación racista es un crimen
Sin embargo, se niegan a fincar cargos y turnan el caso a la fiscal de la ciudad de Los Ángeles
La Fiscalía del condado de Los Ángeles reconoció que se cometió un crimen al grabar la conversación de corte racista que provocó tal escándalo político que obligó en octubre de 2022 a la renuncia fulminante de la entonces presidenta del Concejo de Los Ángeles, Nury Martínez.
Sin embargo, para sorpresa de todos, los fiscales se negaron a entablar cargos contra los implicados, Santos León y Karla Vásquez, quienes en el momento de la grabación ilegal trabajaban para la Federación de Sindicatos del Condado de Los Ángeles.
Lo que los fiscales del condado hicieron, fue turnar el caso a la fiscal de la ciudad, Haydee Feldstein Soto para que sea ella quien decida si se les fincan cargos por delitos menores.
De acuerdo a un memo enviado por la Oficina del Fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascón, el 29 de enero de este año, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) recomendó la aplicación de cargos.
Basado en la investigación de LAPD, entre el 19 de septiembre de 2022 y octubre 6 de 2022, se grabaron comunicaciones confidenciales que tuvieron lugar en la Federación de Sindicatos y que de manera anónima fueron publicadas en Reddit en una cuenta nueva creada como “Honest-Finding-1581”.
Las grabaciones comenzaron el 18 de octubre de 2021 a través de una computadora PC con el uso de comunicaciones y la intervención de una llamada telefónica entre Ron Herrera y Justin Wesson el 30 de septiembre de 2022.
Las publicaciones en Reddit, indica el Memo, fueron amplificadas por tuits de la cuenta de reciente creación “Ny Mar” en Twitter, ahora X.
Kas cuentas de Reddit y Twitter fueron conectadas a la cuenta de Gmail, “laupolitic@gmail.com,” que a su vez estaba vinculada por dirección IP a una residencia.
El LAPD identificó al matrimonio que vivía en la residencia, Karla Vásquez y Santos De León, como sospechosos.
Ambos, indica el reporte de la policía, trabajaban en ese tiempo en la Federación de Sindicatos, tenían acceso a todas las instalaciones y motivos similares para cometer el delito.
La evidencia señala, dice el LAPD, que un delito fue cometido por uno o ambos individuos.
Sin embargo, no está claro cómo se llevaron a cabo las grabaciones ilegales, el dispositivo utilizado para hacerlo o quién cargó las grabaciones en línea y creó las cuentas anónimas en Reddit, Twitter y Gmail.
De acuerdo a la oficina del fiscal del condado de Los Ángeles, ninguno de los sospechosos estuvo dispuesto a proporcionar una declaración y cada uno está representado por abogados separados.
Añaden que ninguno de los sospechosos tiene antecedentes penales; y argumentan que su oficina no ha presentado cargos similares como delitos graves en ausencia de dichos antecedentes o en otros cargos relacionados con fraude o corrupción.
“Debido a que tanto la PC 632(a) como laPC 631(z) son delitos graves/delitos menores alternativos y tuvieron lugar en la ciudad de Los Ángeles, el caso se remite a la Oficina del Fiscal de la ciudad de Los Ángeles para su consideración con un estatuto de limitaciones de tres años”.
La Opinión contactó a la oficina de la fiscal de la ciudad, Feldstein-Soto para conocer su posición, pero no obtuvo respuesta.
Hubiera sido interesante conocer si la fiscal, se hará a un lado del caso o si se sugerirá que se haga cargo un abogado externo, ya que pudiera existir un conflicto de interés, pues durante la campaña por el distrito 14 del Concejo de Los Ángeles, Feldstein-Soto donó dinero a los asambleístas Wendy Carrillo y Miguel Santiago, dos de los principales oponentes del concejal Kevin de León en las elecciones primarias.
Recordemos que en la conversación grabada de manera ilegal en las oficinas de la Federación del Trabajo del condado de Los Ángeles, estuvieron presentes los concejales Nury Martínez, Gil Cedillo y Kevin de León así como el entonces presidente de la federación de Sindicatos, Ron Herrera. Tras la filtración, Herrera y Martínez renunciaron de inmediato, mientras que Cedillo y De León se negaron a abandonar sus cargos para los que habían sido electos.
En la conversación se hicieron comentarios de tipo racista contra los afroamericanos, oaxaqueños y otras comunidades, y se discutió el tema de cómo harían los latinos para aumentar el número de distritos, bajo el rediseño que se hace cada diez años, después de la realización del Censo.
A Cedillo le quedaba poco más de un mes en el cargo de concejal, y se fue hasta que terminó su periodo; De León ofreció disculpas que no fueron aceptadas por varios grupos y la mayor parte de sus compañeros concejales. El concejal ha resistido las presiones y se ha mantenido en el cargo. La prueba de fuego la tendrá en la elección de noviembre, en la que busca su reelección al cargo.
Al cumplirse un año de la filtración del audio, por separado Cedillo y De León presentaron una demanda civil, en la que alegan que la grabación les causó un daño permanente a sus reputaciones y carrera. Ambas demandas buscan la reparación de daños.
La demanda de Cedillo es contra la Federación de Sindicatos del Condado de Los Ángeles y contra Karla Vásquez y Santos León mientras que la querella de De León es solo contra la pareja Vásquez-León.
Ni el exconcejal Cedillo ni el concejal De León estuvieron disponibles para comentar sobre la decisión de la oficina del fiscal George Gascón de no entablar cargos contra Vásquez y León.