La Fiscalía de Colombia acusa formalmente a Álvaro Uribe por delitos de soborno y manipulación de testigos
El expresidente de Colombia, que niega todas las acusaciones, deberá enfrentar un juicio penal
Uribe podría enfrentar una pena de prisión de 6 a 12 años. Crédito: Getty Images
El expresidente de Colombia Álvaro Uribe quedó formalmente acusado por los delitos de presunto soborno, fraude procesal y soborno de testigos.
La jueza Sandra Liliana Heredia encontró motivos suficientes para que Uribe (2002-2010) sea juzgado por estos supuestos delitos.
De esta manera, el expresidente, que niega todas las acusaciones, enfrentará un juicio penal.
Es la primera vez que la Fiscalía presenta cargos contra Uribe que resultan aceptados por la magistrada de Bogotá, quien dictaminó que a partir de este momento Uribe “adquiere la condición de acusado”.
De ser encontrado culpable, el líder del Centro Democrático puede llegar a enfrentar una pena prisión de entre 6 y 12 años.
La defensa de Uribe había solicitado la nulidad del proceso contra el expresidente, algo que Heredia “rechazó de plano” por considerarlo “absolutamente improcedente”.
En simultáneo, la jueza aceptó como víctimas del caso al senador de izquierda Iván Cepeda y a los exfiscales generales Jorge Perdomo y Eduardo Montealegre, así como a Deyanira Gómez, antigua esposa del paramilitar Juan Guillermo Monsalve.
El abogado de Cepeda, Reinaldo Villalba, celebró la resolución y aseguró que “son decisiones que reconocen no solamente la condición de las víctimas sino la necesidad que las víctimas tengan acceso a la justicia“.
De qué se lo acusa
El fiscal que lleva el caso, Gilberto Villarreal, acusó a Uribe de haber sido el “determinador del concurso homogéneo sucesivo de tres delitos de soborno en actuación penal”.
Para Villarreal, esto implica que por “provecho suyo o de un tercero entregue o prometa una utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo para que se abstenga a concurrir a declarar o para que falta a la verdad total o parcialmente”.
Igualmente lo acusó de “concurso homogéneo sucesivo de dos curules de fraude procesal”, es decir, que “por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley”.
También por “determinador del delito de soborno” porque entregó o prometió “dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente en su testimonio”.
Los pasos previos
Ya en 2020, Uribe había sido privado de su libertad, acusado de fraude procesal y soborno, convirtiéndose en el primer presidente de la historia del país en tener que cumplir esa sanción.
Todo empezó en septiembre de 2014, durante un debate en el Congreso, cuando el senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, acusó a Uribe de tener nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes.
Para apoyar sus acusaciones presentó varios testimonios de antiguos paramilitares.
En aquel momento, Álvaro Uribe fue acusado de haber fundado el Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo armado que enfrentó de manera sanguinaria a las guerrillas y que dejó miles de civiles muertos.
Pero el exmandatario respondió a la acusación de Cepeda con una demanda ante la Corte Suprema de Justicia en su contra y lo acusó de buscar en las prisiones colombianas a antiguos paramilitares con el objetivo de que sirvieran como falsos testigos en su contra.
La Corte Suprema investigó el caso durante varios años, en los que declararon tanto Uribe como Cepeda, así como todos los testigos implicados.
En 2018, la Corte desechó las acusaciones contra Cepeda y, sorpresivamente, abrió una investigación formal contra Uribe por manipulación de testigos, lo que conllevaba los delitos de soborno y fraude procesal.
Dos años después, Uribe renunció a su escaño de senador para dejar el afuero y que, de esta manera, su caso pasara a la justicia ordinaria. Fue entonces cuando la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.
Pero la situación cambió este año cuando Gilberto Villarreal asumió el caso el 16 de enero pasado. El 9 de abril, el fiscal afirmó que, a partir de las evidencias físicas y elementos probatorios, había motivos para acusar a Uribe.
Uribe insiste en que las acusaciones responden a intereses políticos.
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