“Las plataformas como Airbnb o Booking aumentan la crisis de vivienda, pero las razones que la provocan son otras”

La cantidad de personas sin hogar que aumenta en varios países, desde Chile a España o Estados Unidos, es la punta del iceberg de lo que el relator especial de las Naciones Unidas sobre vivienda adecuada describe como una “crisis masiva” a escala global.

“Mientras hablamos de inteligencia artificial, de asentarnos en Marte y otras ideas inalcanzables, olvidamos que gran parte de la humanidad carece de acceso a cosas básicas como la vivienda”, dice Balakrishnan Rajagopal en una entrevista con BBC Mundo.

Según sus estimaciones, cerca de uno de cada cinco habitantes del planeta vive sin un hogar adecuado, pese a ser este un derecho humano, y la cifra podría superar los 3.000 millones de personas en pocos años.

Abogado y profesor de derecho y desarrollo en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, Rajagopal señala varios motivos detrás del fenómeno.

Pero también sugiere soluciones como proteger más a los inquilinos de los desalojos y sostiene que, pese a la “escasez perpetua” de viviendas en América Latina, algunos países de la región ofrecen ejemplos a tener en cuenta.

Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con este experto internacional que ha investigado temas como desplazamiento, derechos a la tierra y desalojos.

¿El mundo vive una crisis de vivienda?

Sí, el mundo ha experimentado y experimenta una crisis masiva de vivienda con diferentes dimensiones.

Tenemos crisis de vivienda asequible, de desplazamiento forzoso, de criminalización de las poblaciones sin hogar y también tenemos una crisis para dar viviendas adecuadas a los desplazados por el cambio climático.

Cuando las personas son desplazadas y pierden sus hogares, vagan de un lado a otro sin reasentarse de forma adecuada y caen cada vez más en la pobreza y la desesperanza.

Esto está creando crisis secundarias y terciarias.

¿Puede dar cifras?

Estimamos que unos 1.600 millones de personas carecen de vivienda adecuada en el mundo. Si siguen la tendencia actual, esta cifra podría duplicarse para el año 2030.

Hay más de 110 millones de desplazados por la fuerza.

Estas cifras han crecido por el aumento de conflictos en el mundo que empujan a la gente a huir de sus hogares. Lo vimos en Siria, Ucrania, Gaza y Palestina. También vimos personas que huyen de sus hogares por crisis económicas o políticas como la de Venezuela, que produjo un gran número de migrantes.

Los desplazados por el cambio climático podrían aumentar de forma brusca, a medida que empiecen a cruzar a otros países si el nivel de los océanos sube cada vez más rápido y crecen la desertificación, las lluvias, las inundaciones y los incendios. Hemos visto esa tendencia desde EE.UU. hasta Australia, pasando por Europa, América Latina y países de Asia.

Respecto a la crisis de vivienda asequible, cada vez más gente en el mundo es incapaz de permitirse una casa decente. Calculamos que la cifra supera los 100 millones de personas y aumenta de forma considerable.

¿La cifra de 1.600 millones de personas sin techo adecuado y servicios básicos carece de precedentes históricos?

Es justo decir que no tiene precedentes debido a la naturaleza del problema. La vivienda inadecuada no fue considerada una condición problemática por los seres humanos durante mucho tiempo. Se trata más bien de reconocer la vivienda digna como algo que merece la pena defender.

Además, como hemos visto en América Latina, el número de personas que vivían en zonas urbanas aumentó y en los años 60 desbordó la capacidad de los países para proporcionar viviendas adecuadas.

Así surgieron grandes asentamientos informales, los llamados barrios marginales, sobre todo en países en desarrollo. Y quienes viven en la mayoría de esos asentamientos aún carecen de vivienda adecuada.

¿Hay países de América Latina que le preocupen más?

Estoy muy preocupado por el impacto del desplazamiento causado por crisis políticas o conflictos en la región, incluida Venezuela.

Estoy muy preocupado por el impacto del cambio climático en países de la región, incluida América Central. En países como El Salvador o Guatemala, los impactos son muy fuertes.

Vemos una combinación del impacto de medidas relacionadas al covid, la inflación y una creciente falta de acceso a la vivienda debido a una escasez perpetua de viviendas en países de la región.

Todo esto significa que hay una verdadera crisis económica y social en la región. Porque el mayor gasto en la vida de una persona es la vivienda.

Así que es muy importante que el precio y la accesibilidad de la vivienda estén en orden. Si no, la mayoría se sentirá vulnerable y puede caer fácilmente en crisis. Y es muy difícil sacarlos de la crisis.

¿Y cuál es la situación en EE.UU., la primera economía del mundo?

Hay una crisis muy grave, con más de 650.000 personas sin hogar en EE.UU. contando solo a quienes duermen en la calle y albergues. Si se adopta la definición que gana cada vez más aceptación en Europa tal vez estaríamos hablando del doble.

Este se volvió un tema político en las actuales elecciones, con un partido que plantea que la crisis de los sin hogar se resuelve con medidas extremamente violentas, con amenazas de deportar a los sin hogar de las ciudades y meterlos en lo que parecen ser campos de concentración, algo alarmante, peligroso y contrario a los derechos humanos.

La raíz de la crisis de gente sin hogar en EE.UU. es que no pueden construir viviendas con la rapidez suficiente. Y las que hay no son asequibles para la mayoría de la gente por normas que regulan quién puede acceder a ellas, administradas por comunidades de tal modo que mantienen fuera a los que consideran indeseables.

La respuesta es decir que vamos a meter a la gente sin hogar en la cárcel o imponerle sanciones. La reciente decisión de la Corte Suprema en el caso de Grants Pass, Oregón, da luz verde a este enfoque.

[La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que las ciudades pueden castigar a las personas sin hogar por dormir en público, incluso aunque no tengan otro lugar donde ir].

Así que cada vez más ciudades e incluso gobiernos estatales asumen esa posición muy peligrosa. Otros enfoques que funcionan no son considerados.

La gente pierde sus casas porque no paran de subir los alquileres y, al verse incapaz de pagarlos, la echan. Esto afecta de forma desproporcionada a las minorías, a personas de color, mujeres y niños.

Debería ser uno de los retos de política pública más importantes para cualquier gobierno. Pero eso aún no ocurre.

¿Observa algo similar en Europa?

En la mayoría de los países europeos observo tendencias similares. Hace poco estuve en Irlanda del Norte, donde se ve una gran crisis subyacente de vivienda asequible, de personas sin hogar debido a eso, una incapacidad de invertir en la construcción de viviendas y una creciente demonización de las personas sin hogar.

También lo vi en los Países Bajos, donde algunos de los partidos políticos culpan por esa crisis a los migrantes, en particular a los no occidentales, algo inexacto e injusto.

La crisis de vivienda allí se debe a políticas erróneas. Pero era más fácil para los políticos decir que se debe a los migrantes. Incluso en lugar de señalar a los ucranianos que llegan al país en mayor cantidad, señalaban a los que proceden de países del sur global, por ejemplo a sirios o afganos, porque siempre es conveniente culpar a alguien que no se parece a ti.

Lo que dice es chocante: en una época de creciente consumismo, acceso a bienes y tecnología que era inimaginable tiempo atrás, cada vez más gente tiene dificultades para acceder a servicios básicos y vivienda adecuada, un derecho humano fundamental…

Exacto. Es casi como si el árbol tapara el bosque. Porque mientras hablamos de inteligencia artificial, de asentarnos en Marte y otras ideas inalcanzables, olvidamos que gran parte de la humanidad carece de acceso a cosas básicas como la vivienda, la comida, el agua potable o el saneamiento.

Y no estamos haciendo un buen trabajo de abordar esos problemas.

Usted señala que este es un problema político. ¿La responsabilidad recae en los gobiernos?

Sí, porque los gobiernos no han reconocido como derechos humanos cosas tan importantes como la vivienda, la alimentación, el agua y el saneamiento. En su lugar, los enfocan como mercancías que se compran y venden como cualquier bien en el mercado.

La vivienda es un derecho humano. Y, por desgracia, ese paradigma de mercado sobre la vivienda ha sido demasiado dominante en un país tras otro. La financiación de la vivienda, que es la tendencia a tratarla como un activo financiero, es una de las causas fundamentales de la crisis de vivienda.

Los países deberían cambiar de actitud y garantizar que la vivienda se protege como un derecho humano. Esto significa darle al menos el mismo estatus que otros derechos en los que se apoya una economía de mercado, como el de la propiedad privada, que está mejor protegido en muchos países.

No debería sorprendernos que la vivienda esté cada vez menos disponible para la gente, porque se trata como mercancía.

¿El problema de financiación es político o puede atribuirse también a los bancos y otras instituciones financieras?

Fundamentalmente es un problema político, porque la financiación es una cuestión que puede regularse y sus consecuencias negativas se deben a una falta de regulación.

El problema es la naturaleza no regulada de los flujos financieros y el dominio de las instituciones financieras para tomar decisiones en su propio interés, que en realidad no refleja el interés general de la sociedad. Por eso se necesaria una regulación fuerte.

No tenemos ni un tratado internacional que regule los flujos financieros. Es terrible que haya billones de dólares circulando y no haya una forma de regularlos a nivel mundial.

Todo depende de los gobiernos de grandes Estados hegemónicos y especialmente de EE.UU., porque todas las transacciones financieras pasan en última instancia por su sistema financiero.

En efecto, EE.UU. funciona como el regulador financiero mundial. El resto del mundo paga un precio por esa hegemonía. Es inaceptable.

Muchos achacan a plataformas de internet como Airbnb o Booking los crecientes costos de vivienda en diferentes ciudades. ¿Cuál es el impacto real de estas plataformas en la crisis de asequibilidad de viviendas?

Las plataformas pueden empeorar una crisis cuando ya existe, pero no la crean.

Cuando las plataformas entran a un mercado con escasez de viviendas asequibles, retiran muchas viviendas del mercado inmobiliario y las retienen para alquiler a corto plazo. Eso aumenta la crisis existente. Y la gente concluye erróneamente que las plataformas son la razón de la crisis.

Pero en nueve de cada diez casos, la crisis de vivienda asequible se debe a problemas estructurales.

Uno es la falta de control sobre el precio del suelo, que es la parte más cara de construir una casa. Si el gobierno no controla el precio del suelo, no puede asegurar una vivienda asequible.

En San Diego, California, más del 70% del suelo se vende a particulares. Compara con ciudades ricas sin una crisis de vivienda asequible, como Viena o Singapur, donde puedes tener una casa sin importar tu nivel de ingresos.

¿Cómo? En Singapur el Estado controla el suelo y más del 85% de las casas están arrendadas a largo plazo; no son propiedad privada. En Viena, sectores muy amplios de viviendas son propiedad de cooperativas.

Así que el control del precio del suelo es clave para garantizar una vivienda asequible. Y en demasiados países eso no existe.

¿Qué respondería a quienes creen que lo que propone es contrario a los principios básicos del libre mercado, que es el motor del capitalismo, y podría aumentar el tamaño del gobierno y la burocracia?

Hay un riesgo de que eso ocurra. Son críticas o preocupaciones legítimas. Por otro lado, Singapur es la ciudad más hipercapitalista del mundo y puede tratar la tierra no como una mercancía privada, sino como algo más controlado públicamente, manteniendo un sistema capitalista extremadamente exitoso.

¿Por qué otros países no pueden hacerlo?

Entonces, ¿qué es lo primero que deberían hacer los países y gobiernos para mejorar el acceso de la gente a vivienda adecuada y revertir la crisis?

Depende de la naturaleza de la crisis, pero en general los países deberían empezar a tratar la vivienda como un derecho humano, proteger legalmente ese derecho, dificultar el desalojo sobre todo de los inquilinos.

Y a mediano y largo plazo, sentar las bases para tener un mayor control sobre el precio de la tierra, por ejemplo explorando acuerdos de mancomunación de tierras o promoviendo acuerdos de cooperativas de vivienda.

¿Podría mencionar algún país en América como modelo de estas políticas?

En América, Brasil ha hecho lo máximo en explorar al menos las medidas políticas esenciales.

Por ejemplo, la Constitución brasileña articula el derecho a la propiedad como algo que tiene una función social, no sólo como un activo económico. Es un reconocimiento muy importante y algunos fallos judiciales han ofrecido conclusiones muy interesantes basadas en eso.

Y en Brasil hay leyes que permiten la redistribución de la tierra. De hecho, hay una agencia estatal responsable de distribuir tierras que no se utilizan de modo adecuado.

También hay un estatuto de la ciudad que desincentiva la tenencia especulativa de tierras y propiedades urbanas, y tiene instrumentos para intervenir en los mercados de la vivienda.

Así que desde una perspectiva política y jurídica Brasil es, junto con Colombia, un país de América Latina que ofrece buenas lecciones sobre cómo los gobiernos pueden tratar la vivienda como un derecho humano.

Debo decir que en la práctica Brasil no ha logrado garantizar la plena protección del derecho a una vivienda adecuada. Se ha quedado atrás en muchos aspectos, en el número de personas con viviendas inadecuadas, en asentamientos informales y desalojadas, incluso a quienes viven en la Amazonía y a menudo con violencia extrema.

Pero al menos países como Brasil muestran lo que es posible hacer legalmente y desde una perspectiva política. Y su gobierno actual tiene la intención de hacer lo correcto para alcanzar los objetivos que su propio sistema legal establece.

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