Hay lagunas en leyes sobre acceso lingüístico para votantes, como los latinos, indica reporte

La Ley de Derecho al Voto (VRA, en inglés), así como legislaciones estatales, tienen lagunas que impiden el acceso lingüístico a diversas comunidades para conocer su derecho al voto, como en las poblaciones latinas.

Así lo revela un reporte titulado “Acceso lingüístico y derecho al voto: una descripción general de las políticas federales, estatales y locales”, el cual destaca casos de éxito en varios estados, pero también los problemas que pueden afectar el derecho a votar.

“El informe también identifica lagunas en las leyes electorales nacionales, estatales y locales que dejan a miles de votantes atrás”, indicó la organización Dēmos, una organización de políticas públicas sin fines de lucro, autora del reporte.

Angelo Ancheta, Asesor Sénior de Investigación y Políticas de Dēmos, y autor del reporte, señala que hay barreras para votar relacionadas con el idioma, lo cual puede ser una estrategia contra los votantes.

“Desde las pruebas de alfabetización de la era de Jim Crow hasta los materiales electorales sólo en inglés impuestos por los estados de la época moderna, las barreras lingüísticas tienen una larga historia de dejar a los votantes, particularmente a los votantes de color, sin un acceso adecuado a las papeletas”, lamentpo Ancheta.

El análisis revisa las leyes actuales y el acceso al idioma, aunque no necesariamente es un problema de la norma, sino de los responsables de las políticas locales y estatales, quienes deben tomar medidas y ampliar el acceso al voto a través de una mejor asistencia lingüística.

La diversidad poblacional

El reporte destaca la diversidad en Estados Unidos, lo cual se refleja en los cientos de idiomas y dialectos que se hablan en el país.

La reciente encuesta sobre la comunidad estadounidense de la Oficina del Censo, en 2019, aproximadamente tres de cada cuatro estadounidenses hablaban solo inglés en casa.

Sin embargo, el reporte indica que 67.8 millones de estadounidenses hablaban un idioma distinto del inglés en casa, un aumento de casi el triple con respecto a la cifra de 1980.

“Entre los grupos más grandes, los hispanohablantes sumaban aproximadamente 41.8 millones en 2019, los hablantes de chino sumaban casi 3.5 millones, los hablantes de francés (incluidos los dialectos criollos) sumaban casi 2.1 millones, los hablantes de tagalo (filipino) sumaban casi 1.8 millones, los hablantes de vietnamita sumaban casi 1.6 millones y los hablantes de árabe sumaban casi 1.3 millones”, se esxpone.

Aunque gran parte del crecimiento de esos grupos lingüísticos se debió a la migración hacia Estados Unidos, los hablantes de lenguas nativas americanas también experimentaron un crecimiento en las últimas décadas sin flujos migratorios.

“El acceso al idioma es una cuestión de equidad racial”, dijo Phi Nguyen, Director de Democracia en Dēmos. “Tal como están actualmente, las leyes federales de acceso al idioma a menudo no protegen a los votantes y dejan fuera a miles de votantes de color, debido a su nivel de dominio del idioma”.

La falta de acción ha provocado que miles de votantes con un dominio limitado del inglés en todo el paísse queden con “poca o ninguna asistencia”.

“Las razones técnicas y legales para esto son que estos votantes no están incluidos en la definición de ‘minoría lingüística’ de la VRA o porque sus números de población, aunque grandes y crecientes, no satisfacen las fórmulas matemáticas de la VRA para activar la cobertura”, señala el reporte.

Nguyen destaca, sin embargo, que hay estados donde las barreras del idioma se enfrentan con políticas públicas.

“Como ya hemos visto en muchos estados y localidades de todo el país, la promulgación de políticas para abordar mejor las diversas necesidades lingüísticas de los votantes estadounidenses puede abordar las desigualdades en el acceso a las papeletas y garantizar que nuestra democracia funcione para nuestras comunidades”, acotó.

Entre las recomendaciones de los expertos se encuentran:

– La creación de materiales electorales en idiomas distintos de los requeridos por la ley federal.
– La reducción de los umbrales para la asistencia lingüística que se ofrece por debajo de los activadores federales, para ampliar el número de votantes que reciben asistencia.
– El empleo de mecanismos de cumplimiento claros que se basen tanto en políticas gubernamentales suficientemente financiadas, como en una fuerte participación de la comunidad.

El acceso al idioma es fundamental para los procesos electorales, incluso en las campañas, lo que ha llevado a que organizaciones civiles, como Voto Latino, traduzcan material necesario para que votantes tomen una decisión, como la traducción del Proyecto 2025, entre otras iniciativas.

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