La Corte Suprema autoriza a purgar listas de votantes de Virginia

El estado de Virginia puede cancelar más de 1,600 registros de votantes que sus autoridades afirmaron sin ofrecer pruebas que están en manos de no ciudadanos antes de las elecciones de la próxima semana, dictaminó el miércoles la Corte Suprema.

Los jueces bloquearon el fallo de un juez federal que puso el programa en suspenso y exigió que el estado restableciera 1,600 votantes en las listas.

La decisión de emergencia marca una pérdida para la administración Biden, que pidió a los tribunales inferiores para que restablecieran los registros de votantes porque las eliminaciones ocurrieron demasiado cerca de las elecciones.

Las tres magistradas liberadas de la corte -las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson- discreparon públicamente.

Los funcionarios estatales afirman que la lista incluye a no ciudadanos, pero un juez de distrito determinó que algunos eran votantes elegibles y los funcionarios de Virginia no habían demostrado que los demás “eran, de hecho, no ciudadanos”.

Aunque la investigación indica que esta es una ocurrencia poco común, los republicanos han llamado la atención sobre el voto de los no ciudadanos en una serie de demandas en este ciclo electoral.

Virginia recibió el respaldo de los otros 26 fiscales generales republicanos del país, el Comité Nacional Republicano y varios grupos conservadores en la Corte Suprema para eliminar a no ciudadanos de los registros de votantes.

Los demócratas consideran que la estrategia tiene como objetivo sembrar dudas sobre la legitimidad de las elecciones para sentar las bases para impugnar sus resultados en última instancia.

A principios de este mes, la administración Biden demandó a los funcionarios electorales de Virginia por las 1,600 personas eliminadas de las listas de votantes del estado en cumplimiento de una orden ejecutiva dictada en agosto por el gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin.

En una declaración, Youngkin calificó la decisión de la Corte Suprema como una “victoria del sentido común y la equidad electoral”.

Pero un grupo de organizaciones privadas que desafiaron las eliminaciones de votantes, junto con la administración Biden (la Coalición de Virginia por los Derechos de los Inmigrantes, la Liga de Mujeres Votantes de Virginia y Comunidades Africanas Juntas) identificaron rápidamente a los ciudadanos en la lista.

“Cabe destacar que los solicitantes no han aportado ningún motivo para creer que algún no ciudadano haya votado en elecciones pasadas en Virginia, o que sea probable que lo haga en las próximas elecciones”, escribió el Departamento de Justicia en los documentos presentados ante el tribunal.

Los estados tienen prohibido eliminar sistemáticamente a personas de las listas de votantes en los 90 días posteriores a una elección en virtud de la Ley Nacional de Registro de Votantes.

El gobierno republicano del estado alegó que esa legislación no puede aplicarse cuando se trata de personas no ciudadanas que, por tanto, no tienen derecho al voto.

La campaña del candidato republicano Donald Trump sostiene sin pruebas que millones de migrantes indocumentados planean votar en las elecciones del próximo 5 de noviembre a pesar de que solo los ciudadanos tienen derecho al voto en comicios federales.

Los republicanos exigen medidas más estrictas para comprobar la ciudadanía de los votantes, mientras los demócratas y organizaciones de la sociedad civil creen que se trata de una estrategia para desincentivar el voto de ciertas minorías raciales y personas de bajos recursos que tienen más dificultades para obtener el pasaporte, encontrar su acta de nacimiento o disponer de otros documentos para probar su ciudadanía. 

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