Defensores de inmigrantes acusa que ley H.R. 29 puede crear un “perfil racial” de detenciones injustas

La Cámara de Representantes aprobó el martes el proyecto de ley H.R. 29 o “Laken Riley Act”, para que las fuerzas policiacas detengan a los inmigrantes indocumentados que cometan delitos hasta que puedan ser deportados.

El proyecto de ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería asesinada en Georgia en 2024, un crimen por el que fue hallado culpable el inmigrante venezolano José Ibarra y que será votada en el Senado el próximo viernes, ha generado las críticas y condenas de numerosas organizaciones, activistas y legisladores.

La H.R. 29 permitiría a los fiscales generales estatales exigir ayuda al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la detención de inmigrantes y los faculta a demandar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) si consideran que su estado o sus residentes han sido perjudicados por las políticas de inmigración.

El proyecto de ley de inmigración, que obtuvo 48 votos demócratas, fue aprobado por 264-159.

La congresista demócrata de Nueva York Laura Gillen dijo en una declaración después de votar por la H.R. 29, la Ley Laken Riley: “Me enorgulleció votar hoy por un proyecto de ley bipartidista para mantener seguras a nuestras comunidades y disuadir el crimen”.

Gillen señaló que “hace mucho que es hora de que los demócratas y los republicanos trabajen juntos en soluciones de sentido común para nuestros desafíos actuales de inmigración y frontera. Es por eso que el condado de Nassau me envió al Congreso y por eso mi primer acto en el cargo fue unirme a una mayoría bipartidista para enviar este proyecto de ley al Senado”.

Los republicanos buscan que la ley sea aprobada en el Senado antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo como Presidente 47 de EE.UU., para contribuir a su agenda migratoria.

La H.R. 29 puede causar detenciones injustas por aplicar un “perfil racial”

Organizaciones proinmigrantes están alertando que la H.R. 29 puede causar la detención de personas no culpables por parte de las autoridades cuando están se basan en el perfil racial.

El perfil racial se refiere a la práctica discriminatoria de los agentes de seguridad pública de seleccionar a personas sospechosas de haber cometido un delito en función de su raza, etnia, religión u origen nacional.

Al basarse en un grupo de características que se cree que están asociadas con el delito, las autoridades hacen uso de la raza, por ejemplo, para determinar qué conductores hay que detener por infracciones de tránsito menores (lo que se conoce comúnmente como “conducir siendo negro o moreno”), o el uso de la raza para determinar qué peatones hay que buscar en busca de contrabando ilegal.

Activistas y organizaciones estiman que el proyecto de ley H.R. 29, de ser aprobado y convertirse en ley, pondrá en riesgo de detención a personas no culpables de delitos, incluso a estadounidenses.

Críticas y denuncias contra la H.R. 29

La Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, una coalición de más de 240 organizaciones nacionales que luchan por proteger, defender y ampliar los derechos de todas las personas en los Estados Unidos, envió una carta a cada uno de los legisladores de la Cámara solicitando su oposición a la Ley H.R. 29 o “Laken Riley Act”.

En la carta se señala: “La insensatez del asesinato de Laken Riley no justifica la realización de cambios sin precedentes en las leyes de detención de inmigrantes que, como todas las disposiciones de encarcelamiento obligatorio, solo darán lugar a una mayor discriminación y harán poco por aumentar la seguridad pública”.

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), la organización de derechos de los inmigrantes más grande de California, instó el martes a la Cámara de Representantes y al Senado a oponerse a la propuesta de Laken Riley.

Angelica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), escribió: “Este odioso proyecto de ley es el primer intento de lo que podemos esperar que sea un ataque total por parte de la administración entrante de Trump contra las familias inmigrantes y trabajadoras en los Estados Unidos.

“El proyecto de ley manipula y explota una tragedia para criminalizar y demonizar a las comunidades inmigrantes. Es claramente un proyecto de ley con un mensaje que busca convertir en chivos expiatorios y perfilar racialmente a los inmigrantes con consecuencias devastadoras. Este proyecto de ley separará a las familias e invitará a más caos a un sistema de inmigración ya politizado. Instamos a la Cámara y al Senado a no sucumbir a una estratagema política que utiliza una tragedia para demonizar y criminalizar a todo un grupo de personas”.

Una de las principales críticas contra la H.R.29 es que es “una manifestación de política cínica. La mayoría está manipulando una tragedia personal para convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios. En realidad, no existe correlación entre el estatus migratorio y la criminalidad, señaló en un comunicado el National Immigration Law Center (NILC), exponiendo por qué se opone a la medida.

Este proyecto de ley no es una medida de seguridad pública, sino más bien un ataque a las protecciones constitucionales establecidas que no haría nada para mantener seguras a las comunidades si se promulgara como ley.

Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, dijo en un comunicado de prensa sobre el peligroso enfoque del proyecto de ley antiinmigrante: “Este proyecto de ley daría poder a los fanáticos antiinmigrantes estatales, como Ken Paxton y Kris Kobach, para revocar un precedente de larga data, al permitir que los fiscales generales estatales tomen las riendas de la política federal de inmigración y sumerjan a nuestro obsoleto sistema de inmigración en un caos aún mayor. Esta legislación no tiene como objetivo hacer que el pueblo estadounidense esté más seguro; se trata de demonizar aún más a los inmigrantes con fines políticos”.

Cárdenas señaló que “el proyecto de ley pisotea importantes principios del debido proceso: da luz verde a la detención y deportación de los acusados, en lugar de a los condenados por delitos menores. La Ley Laken Riley incluye una serie de medidas no relacionadas, radicales y dañinas, al tiempo que confía la política federal de inmigración a los fiscales generales estatales republicanos más rabiosos y antiinmigrantes”.

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