La Corte Suprema escuchará un caso que impugna la cobertura preventiva de Obamacare

La Corte Suprema dijo el viernes que revisará la constitucionalidad de una disposición de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como Obamacare, que requiere que los planes de salud brinden atención preventiva gratuita, incluyendo exámenes de detección de cáncer, vacunas y anticonceptivos, a millones de estadounidenses.

El caso vuelve a poner en la mira a la ley conocida comúnmente como Obamacare y sigue a varios desafíos en los últimos años por parte de conservadores que esperaban revocarla, así como a un fallo histórico de 2012 de los magistrados del Supremo que confirmaba su legalidad.

En Becerra v. Braidwood Management Inc., una empresa de propiedad cristiana y seis personas desafiaron la disposición de atención preventiva porque requiere que los planes de atención médica cubran medicamentos previos a la exposición, destinados a prevenir la propagación del VIH entre ciertas poblaciones en riesgo.

Los demandantes argumentan que los medicamentos “fomentan y facilitan el comportamiento homosexual”, lo que entra en conflicto con sus creencias religiosas.

El caso podría poner en peligro el acceso que tienen los estadounidenses a tratamientos y servicios preventivos gratuitos, incluidos medicamentos para la prevención del VIH, estatinas cardíacas y diversas pruebas de detección de cánceres y otras enfermedades.

El costo de algunos de estos servicios preventivos puede ser sustancial, lo que disuadiría a algunas personas, en particular a las de ingresos más bajos, de acceder a la atención y retrasaría la detección temprana de enfermedades potencialmente mortales.

Los demandantes también sostienen que un comité de expertos que establece los requisitos de cobertura de los planes de salud preventivos es inconstitucional porque sus miembros no son designados por el presidente con la aprobación del Senado, en violación de la cláusula de nombramientos.

Un tribunal de distrito de Texas se puso del lado de los demandantes y dictaminó que el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos (que estableció los requisitos de cobertura) era inconstitucional y que todos los mandatos que había impuesto desde 2010 eran inválidos.

El gobierno apeló, pero el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito confirmó el fallo del tribunal de distrito con una salvedad importante. El Quinto Circuito no invalidó los mandatos del grupo de trabajo de manera universal, sino solo en la medida en que se aplicaban a los demandantes.

Tanto los demandantes como el gobierno pidieron a la Corte Suprema que asumiera el caso, diciendo que los fallos del tribunal inferior podrían permitir que otros demandantes solicitaran un fallo a nivel nacional que invalidara la disposición de atención preventiva de Obamacare.

Los defensores de la ley advierten que dejar que se mantenga la decisión del Quinto Circuito invalidaría “una disposición de importancia crítica de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que garantiza el acceso de más de 150 millones de estadounidenses a pruebas y tratamientos esenciales que salvan vidas”.

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