DHS detecta “afluencia masiva” de inmigrantes ilegales y solicita asistencia de los 50 estados

Benjamine Huffman, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), emitió el jueves un dictamen en el que solicita una respuesta federal inmediata para combatir una “afluencia masiva real o inminente” de inmigrantes ilegales que llegan a la frontera sur.

En su dictamen, Huffman solicitó la ayuda de los 50 estados para cooperar con el gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración.

El secretario de DHS afirmó que “existen circunstancias relacionadas con la administración de las leyes de inmigración de los Estados Unidos que ponen en peligro las vidas, la propiedad, la seguridad o el bienestar de los residentes” en los 50 estados.

“Además, considero que una afluencia masiva real o inminente de extranjeros está llegando a la frontera sur de los Estados Unidos y presenta circunstancias urgentes que requieren una respuesta federal inmediata”, dijo. “Por lo tanto, solicito la asistencia de los gobiernos estatales y locales en los 50 estados”.

La decisión entra en vigencia de inmediato y vence en 60 días, a menos que se extienda.

Los 60 días darán tiempo a los funcionarios del DHS para delegar a las fuerzas de seguridad locales y estatales para que ayuden en la aplicación de las leyes de inmigración.

“Además, encuentro que una afluencia masiva real o inminente de extranjeros está llegando a la frontera sur de los Estados Unidos y presenta circunstancias urgentes que requieren una respuesta federal inmediata”, dijo Huffman. “Por lo tanto, solicito la asistencia de los gobiernos estatales y locales en los 50 estados”.

La decisión no indica cuáles son las cifras de inmigrantes llegando a la frontera sur que constituyen la llamada “afluencia masiva real o inminente” de inmigrantes ilegales.

El hallazgo es efectivo de inmediato y expira en 60 días, a menos que se extienda.

Los 60 días darán tiempo a los funcionarios del DHS para delegar en las fuerzas de seguridad locales y estatales para que ayuden en la aplicación de las leyes de inmigración.

Como parte de su hallazgo, Huffman señaló que más de 8 millones de inmigrantes ilegales han ingresado a EE. UU. a través de la frontera sur en los últimos cuatro años, mientras que millones más evadieron la detección.

“En los últimos cuatro años, nuestra frontera sur ha estado invadida. El mes pasado, la Patrulla Fronteriza encontró a 47,330 extranjeros a lo largo de la frontera sur”, afirma el informe. “Si bien esa cifra representa una reducción importante con respecto al pico de los últimos cuatro años, sigue siendo demasiado alta. Para demostrarlo, en ese mes, la Patrulla Fronteriza liberó al menos a 6,920 extranjeros en la frontera suroeste, la gran mayoría de los cuales están sujetos a detención obligatoria”.

“Tanto si la cifra es de 140,000 como de 6,000, no es así como se supone que deben funcionar nuestras leyes de inmigración. Se supone que los extranjeros que llegan a los puertos de entrada o que entran ilegalmente deben ser inspeccionados”, dijo Huffman.

“A menos que tengan “claro y sin lugar a dudas el derecho a ser admitidos”, se supone que deben ser detenidos hasta que sean expulsados ​​o se les conceda una exención discrecional, como el asilo”.

Si bien se pueden considerar múltiples factores para determinar una afluencia, Huffman dijo que la magnitud del problema era suficiente para llegar a esa conclusión.

“En primer lugar, si no se controla la afluencia, es probable que aumente. He visto una y otra vez que la falta de control de la frontera aumenta los incentivos para que más extranjeros intenten entrar ilegalmente”, dijo Huffman.

“En segundo lugar, la introducción de personas extranjeras no investigadas -al menos algunas de las cuales serán indudablemente delincuentes- tiene la probabilidad de aumentar la actividad delictiva. Gran parte de las entradas ilegales en nuestra frontera sur implican otras conductas delictivas, como el tráfico de personas, el tráfico de drogas y la agresión sexual”, añadió.

“En tercer lugar, las agencias de aplicación de la ley, en particular las agencias de control de inmigración, se enfrentan a demandas inusuales y abrumadoras. En particular, las agencias de control de inmigración se enfrentan actualmente a una escasez de capacidad de detención necesaria para cumplir con las obligaciones legales de detención”.

Resistencia a realizar funciones federales por autoridades locales

Es probable que algunos estados se opongan a los esfuerzos para ayudar a las autoridades federales de inmigración.

El jueves, el fiscal general de California, Rob Bonta, dijo que no se puede ordenar a las autoridades locales y estatales que cumplan con las obligaciones de inmigración del gobierno federal.

El jueves, una coalición de fiscales de Nueva York, California, Colorado, Connecticut, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Rhode Island y Vermont enviaron una declaración conjunta en respuesta a un memorando de la Administración del presidente Donald Trump dejando claro que los gobiernos locales y estatales de esos estados no participarán en la puesta en marcha de las leyes de inmigración.

Además, el Departamento de Justicia está presionando para que los fiscales federales investiguen a los funcionarios estatales o locales que obstruyan la aplicación de las leyes de inmigración.

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