Departamento de Justicia despide a funcionarios que trabajaron en investigaciones criminales del presidente

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el despido a varios abogados de carrera involucrados en el procesamiento de Donald Trump, intensificando la campaña de represalias del presidente contra sus percibidos enemigos.

Según datos oficiales, los empleados trabajaron en la investigación del fiscal especial Jack Smith que condujo a acusaciones ahora desestimadas contra Trump por su manejo de documentos clasificados y sus esfuerzos por revertir su derrota electoral de 2020 en el período previo al ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos.

Entre los despedidos, según la cadena NBC News, se encontraban los fiscales de carrera Molly Gaston, JP Cooney, Anne McNamara y Mary Dohrmann. 

A decir del DOJ, esta acción refleja la determinación de la nueva administración sobre purgar a los trabajadores que perciben como desleales al presidente. Esta medida se produce durante la reasignación de varios funcionarios de carrera de alto rango a distintas divisiones.

Jack Smith renunció este mes antes de la investidura de Trump. La reelección del republicano puso fin de hecho a los procesos penales federales en su contra debido a las políticas de larga data del Departamento de Justicia contra el procesamiento de presidentes en funciones.

El caso de Trump por el silencio de sus seguidores en Nueva York, presentado por el fiscal general de Manhattan, Alvin Bragg, es el único caso penal contra Trump que ha conducido a una condena. Trump fue sentenciado este mes a una absolución incondicional sin penalización, lo que lo convirtió en el primer delincuente convicto en asumir la presidencia.

El único juicio pendiente, el caso de interferencia electoral de Georgia presentado por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, quedó estancado indefinidamente después de que la funcionaria fuera expulsada del caso en diciembre debido a acusaciones de conflicto de intereses.

Trump dijo durante toda la campaña electoral de 2024 que todas las investigaciones eran “cacerías de brujas” indebidas y con motivaciones políticas. Dijo que los demócratas habían “utilizado como arma” al Departamento de Justicia y habían tratado de usarlo para socavar su candidatura a la reelección.

Horas después de su toma de posesión, Trump emitió una orden ejecutiva “que pone fin al uso del gobierno federal como arma”.

Smith y el ex fiscal general Merrick Garland negaron reiteradamente que las investigaciones tuvieran motivaciones políticas. Dijeron que las propias acciones de Trump dieron lugar a investigaciones penales sobre su papel en los disturbios del 6 de enero y su negativa a devolver documentos clasificados a los Archivos Nacionales.

Exfuncionarios del Departamento de Justicia y expertos legales han sostenido durante mucho tiempo que Trump no debería tomar represalias contra funcionarios de carrera que simplemente estaban haciendo su trabajo y, en algunos casos, fueron asignados a las investigaciones. Dijeron que tomar represalias contra los fiscales de carrera que trabajaron en los casos de Trump tendría un efecto amedrentador en la fuerza laboral del Departamento de Justicia y socavaría las futuras investigaciones de actos indebidos por parte de funcionarios públicos.

DOJ no compartió la identidad del resto de funcionarios que se quedaron sin trabajo, ni cuántos de los que trabajaron en las investigaciones sobre los procesos penales de Donald Trump permanecieron en el departamento.

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