Temen que estudiantes inmigrantes sean de los más afectados por recortes a la educación

El desmantelamiento del Departamento de Educación de Estados Unidos lanzado por la Administración Trump que ha llevado al despido de casi la mitad de los empleados, despertó el rechazo y la preocupación por el impacto que tendrá en los estudiantes inmigrantes, de color y con necesidades especiales.

“Muchas cosas sobre las repercusiones de esta decisión de Trump de dejar ir a la mitad del personal, no las sabemos a nivel local, solo podemos sospechar, pero nos preocupa que pueda afectar los servicios que se ofrecen para la educación especial, a los estudiantes de bajos ingresos  y a quienes necesitan financiar sus estudios universitarios. Todo está muy nebuloso”, dijo Evelyn Alemán, líder de Our Voice, Communities for Quality Education, una organización  no lucrativa que aboga por los intereses de los padres de familia inmigrantes con niños en las escuelas de Los Ángeles.

Afirmó sin embargo que está inquieta porque teme que se ahonde la brecha académica que ya existe en relación con los estudiantes cuya primera lengua no es el inglés.

“Me preocupa que esto crezca. Al mismo tiempo, tenemos que esperar para ver a dónde van a caer las fichas y ver qué ruta vamos a emprender”.

Ron Góchez, maestro de historia de secundaria en Los Ángeles dijo que la eliminación de la mitad del Departamento Federal de Educación va a afectar sin duda la calidad de la educación a nivel nacional de los jóvenes.

“Eso demuestra que la Administración de Trump no tiene los intereses de nuestro pueblo en mente. Es obvio que a los ricos que pueden pagar por educación privada no les afecta de ninguna manera, solo impacta a las escuelas públicas a donde asiste nuestra comunidad. En el caso de Los Ángeles, más del 70% de los estudiantes son latinos”, dijo.

Algo que anima al maestro Góchez es que considera que el estado de California no va a salir tan lastimado con las acciones de Trump.

“California es un estado con mucho dinero, y no vamos a ser afectados fuertemente como otros lugares en el país donde los recursos son menores para la educación”.

Reducción del 50%

El 11 de marzo, el Departamento de Educación inició una reducción de personal que afectó a casi el 50% de sus empleados, como parte de la misión  de la Administración Trump de desmontar el Departamento, y presuntamente hacerlo más eficiente.

El personal afectado será puesto en licencia administrativa a partir del viernes 21 de marzo.

Cuando el presidente Trump asumió el cargo, la plantilla del Departamento contaba con 4133 trabajadores. Tras las medidas del 11 de marzo, la plantilla totalizará aproximadamente 2183 trabajadores. 

En la reducción de personal se incluyen casi 600 empleados que aceptaron renuncias voluntarias y propuestas de jubilación durante las últimas siete semanas, incluyendo 259 empleados que participaron en el Programa de Renuncia Diferida y 313 empleados que aceptaron el Pago de Incentivo por Separación Voluntaria.

Impacto desproporcionado

“Como superintendente de la agencia educativa regional más grande, que atiende a casi dos millones de estudiantes, me preocupa profundamente el impacto de las reducciones de personal en el Departamento de Educación de los Estados Unidos”, dijo Debra Duardo, superintendente de las escuelas del condado de Los Ángeles.

“Estas reducciones se producen en un momento en que los estudiantes aún se están recuperando de las interrupciones académicas y sociales causadas por la pandemia; y necesitamos invertir en recursos que promuevan la equidad educativa, cierren las brechas de rendimiento y garanticen que todos tengan acceso a oportunidades de aprendizaje de alta calidad”. 

Enfatizó que la posible pérdida de fondos para estos programas afectará de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, incluyendo a los estudiantes con discapacidades que legalmente tienen derecho a un acceso equitativo así como a los niños de hogares de bajos ingresos, los estudiantes en situación de calle y quienes luchan por romper los ciclos generacionales de pobreza a través de la educación.

“Si no invertimos en educación hoy, nos arriesgamos a un futuro donde las disparidades se acentúen, la preparación para la universidad y las carreras profesionales disminuyan y las comunidades sufran”.

Algunos de estos recortes afectarán a las clases con menos alumnos, programas de almuerzos escolares, tutorías, programas extraescolares, cursos de verano, computadoras portátiles, libros y programas de participación de los padres.

Más allá de los efectos inmediatos se estima que estos recortes tendrán consecuencias a largo plazo en la competitividad nacional, el desarrollo de la fuerza laboral y la estabilidad económica.

Borra décadas de progreso

“Debemos trabajar juntos para preservar las oportunidades educativas de todos los estudiantes mientras enfrentamos otro desafío sin sentido, la imposición de severas restricciones al Departamento de Educación impuestas por el presidente Trump, con un recorte de casi el 50% de la fuerza laboral del departamento”, dijo Jessie Ryan, presidente de la Campaign for College Opportunity.

“La abolición del departamento logrará lo contrario de los objetivos buscados por la administración y, en cambio, conducirá a costosas ineficiencias y a la falta de rendición de cuentas”. 

Añadió que si la administración realmente busca “crear oportunidades y preparar a los estudiantes para una carrera gratificante, no estaría borrando décadas de progreso para los estudiantes de primera generación, de bajos ingresos, latinos, negros, asiático-americanos, nativos hawaianos/isleños del Pacífico e indígenas americanos/nativos de Alaska. 

“No restringiría la financiación, los programas y las oportunidades que se han implementado para crear un sistema educativo inclusivo, que fortalece nuestra democracia y produce una fuerza laboral sólida reflejo de la creciente diversidad de nuestra nación”.

Resolución en contra

Mientras tanto, la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles unificó su voces aprobando una resolución en oposición a los recortes federales a la educación, por el daño que provocarán a los estudiantes de color, estudiantes inmmigrantes, estudiantes con discapacidad y aquellos de bajos ingesos.

“La financiación federal no se trata solo de cifras en un presupuesto; se trata de garantizar que cada estudiante tenga acceso a los recursos, al apoyo y las oportunidades que necesita para tener éxito dentro y fuera de nuestras aulas”, declaró el superintendente Alberto M. Carvalho. 

“Ahora más que nunca, debemos abogar por las inversiones que empoderan a nuestras escuelas, impulsan a nuestras comunidades y garantizan un futuro mejor para todos los estudiantes. El Distrito Unificado de Los Ángeles seguirá trabajando con sus aliados locales, estatales y federales para abogar contra los recortes propuestos a la financiación de la educación pública”.

El presidente de la Junta, Scott M. Schmerelson dijo que recortar los fondos del Departamento de Educación es una de las cosas más contraproducentes que podemos hacer.

“Al hacerlo, limitamos el futuro de nuestros estudiantes, desestabilizamos nuestras comunidades y perdemos cualquier esperanza de progreso. Simplemente no tiene sentido”.

Demanda multiestatal

El fiscal de California, Rob Bonta encabezó una coalición multiestatal para entablar una demanda contra los despidos masivos del 50% de todos los empleados del Departamento de Educación, ya que aseguran devastarán la capacidad de esta agencia para cumplir con funciones críticas.

Por ejemplo, la drástica reducción de personal en la Oficina de Derechos Civiles del Departamento ha provocado el cierre de al menos siete oficinas regionales, incluidas las de San Francisco, Nueva York, Boston, Dallas y Cleveland. 

En la demanda, la coalición argumenta que la Administración Trump no puede abolir el Departamento de Educación ni interrumpir ni anular, mediante despidos masivos de empleados o de cualquier otra forma, las funciones y programas legales que son de su competencia.

“El intento de la Administración Trump de desmantelar la plantilla del Departamento de Educación es un paso más en su objetivo final de cerrar el departamento para siempre”, declaró el  fiscal Bonta. 

“Al hacerlo, la Administración Trump ignora el invaluable papel que desempeña el Departamento de Educación para garantizar la salud, la seguridad y la educación de nuestros niños: administra programas que ayudan a niños de familias de bajos ingresos, ofrece formación profesional y aplica las leyes contra la discriminación, entre otras innumerables responsabilidades fundamentales para nuestro sistema educativo”. 

Añadió que tendrá consecuencias catastróficas y, como muchas de las acciones de la Administración Trump desde que asumió el cargo, es manifiestamente ilegal. 

“No debería ser demasiado pedir que un presidente cumpla la ley, pero por octava vez en apenas unas semanas, lo veremos en los tribunales”.