Juez declara que el cierre de USAID por Musk y DOGE probablemente es inconstitucional

Un juez federal determinó el martes que Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) del gobierno de Donald Trump probablemente violaron la Constitución cuando actuaron unilateralmente para cerrar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y ordenó que se cancele el proceso de cierre de esta agencia federal.

El juez federal de distrito Theodore Chuang falló a favor de un grupo de más de dos docenas de empleados y contratistas actuales y anteriores de USAID, cuyos nombres no fueron revelados, que habían desafiado los esfuerzos para cerrar USAID, que fueron organizados por DOGE y Musk, un alto asesor de la Casa Blanca que, según el presidente Trump, es el líder del grupo de trabajo.

El magistrado Theodore Chuang consideró en su opinión que las acciones emprendidas para acabar con esa organización “de forma acelerada (…) probablemente violaron la Constitución estadounidense de múltiples maneras”, perjudicando no solo a los demandantes, sino también al interés público.

Al hacerlo, añadió, privaron a los representantes electos por el Congreso de su autoridad constitucional para decidir el cierre de una agencia federal, el momento y la manera de hacerlo.

Hasta que haya una resolución judicial definitiva al respecto y ante la posibilidad de que esta beneficie a los trabajadores demandantes, el juez pidió a las partes que tomen los pasos necesarios para garantizar un eventual regreso a la sede del organismo.

Para limitar el impacto del probable cierre inconstitucional de USAID, Chuang añadió va a solicitar a los integrantes del DOGE que restauren a sus trabajadores el acceso al email, pagos, notificaciones de seguridad y otros sistemas electrónicos.

De cara al futuro, privó a los empleados del DOGE de participar en cualquier nueva reducción de plantilla o cese de contratos en la misma.

La decisión judicial de este martes va dirigida específicamente contra Musk y el personal del DOGE al considerar que no tenían la autoridad necesaria para tomar tales medidas, pero su efecto podría verse revertido si desde la Administración de Donald Trump alguien con la potestad para hacerlo se pronuncia en la misma línea.

La cláusula constitucional de nombramientos “quedaría reducida a nada más que una formalidad técnica” si los asesores del presidente pudieran ir más allá de su papel tradicional, escribió Chuang.

DOGE desmanteló la organización de ayuda humanitaria más grande del mundo entre enero y febrero y Musk calificó a la agencia de corrupta y derrochadora.

El pasado 10 de marzo el secretario de Estado Marco Rubio señaló que el Ejecutivo había cancelado oficialmente el 83% de los programas de USAID.

El gobierno está en consultas con el Congreso para que el resto, unos 1,000 contratos, sean transferidos al Departamento de Estado para ser “administrados de manera más efectiva”, según Rubio. 

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