La Ley SAVE: Un ataque directo a nuestra democracia y nuestras comunidades

En menos de cien días desde el regreso de la administración Trump, hemos visto bajo amenaza muchas victorias ganadas a favor de nuestras comunidades latinas: acceso a la salud, educación, inmigración, protecciones ambientales, y el alivio económico de la Ley de Reducción de la Inflación. Ahora, vienen por nuestros votos.

La propuesta Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (SAVE, por sus siglas en inglés), actualmente bajo consideración en el Congreso, es un ataque directo a nuestros derechos y parte de una agenda más amplia en contra de los inmigrantes. Exigiría prueba documental de ciudadanía—como un certificado de nacimiento o pasaporte—cada vez que alguien se registre o actualice su registro para votar.

Estos requisitos no sólo son innecesarios, sino que representan obstáculos para millones de ciudadanos elegibles. Actualmente, casi 21 millones de estadounidenses—alrededor del 9% del electorado—no tienen acceso inmediato a documentos de ciudadanía, lo que crea un grave riesgo de privación del derecho al voto. Además, el 11% de los votantes elegibles carecen del tipo de identificación exigido por algunos estados, con un impacto desproporcionado en personas mayores, minorías, personas con discapacidades, votantes de bajos ingresos y los estudiantes.

La Ley SAVE afectaría de forma desproporcionada a las comunidades de color. Éstas ya enfrentan barreras sistémicas para obtener documentos oficiales y viven con miedo a políticas que los atacan. Esta legislación agravaría estos retos, profundizando la marginación del proceso electoral. También discrimina contra mujeres que han cambiado su apellido al casarse, personas transgénero, votantes jóvenes y ciudadanos naturalizados—todos grupos que enfrentarían mayores barreras para ejercer su derecho al voto.

Este tema es personal para mí. Mis padres naturalizados votaron por primera vez el año pasado, y fui testigo del poder del compromiso cívico. Como directora ejecutiva de Poder Latinx, una organización no partidista que trabaja para fortalecer el electorado latino, he dedicado mi carrera a empoderar a nuestras comunidades con el conocimiento de cómo su voto puede cambiar el rumbo del país. Esta ley amenaza ese trabajo.

La legislación también socavaría formas populares y accesibles de registro de votantes, como el registro en línea, por correo y el registro automático. Estas herramientas han sido fundamentales para cerrar brechas de participación, especialmente en comunidades históricamente excluidas.

Otro aspecto alarmante es su mandato de depuración frecuente del padrón electoral usando datos inexactos. Este proceso ha llevado históricamente a la eliminación errónea de votantes elegibles, especialmente de comunidades vulnerables. Una auditoría en Georgia, por ejemplo, encontró solo 20 no ciudadanos registrados entre millones de votantes, demostrando cuán infundadas son las preocupaciones de fraude electoral.

Además, esta legislación impondría sanciones penales a funcionarios electorales y voluntarios que cometan errores en el proceso de registro. Esto desincentivaría el trabajo de organizaciones como la nuestra, por temor a consecuencias legales por errores administrativos menores. Está comprobado que el fraude electoral por parte de no ciudadanos es extremadamente raro y no representa una amenaza real. En lugar de criminalizar errores humanos, nuestro gobierno debería apoyar a quienes hacen posible nuestras elecciones.

Un llamado a proteger nuestra democracia

La Ley SAVE busca suprimir las voces de nuestras comunidades bajo el falso pretexto de proteger la “integridad electoral”. Pero lo que realmente hace es crear barreras innecesarias que silencian a millones de votantes elegibles y debilitan los cimientos de nuestra democracia.

En Poder Latinx, creemos que la democracia es más fuerte cuando cada voz es escuchada, y eso incluye a nuestra comunidad latina. Estamos comprometidos a movilizar a nuestras comunidades para ejercer su poder político, proteger sus derechos y promover políticas que mejoren sus vidas.

Hacemos un llamado al Congreso para rechazar la Ley SAVE y, en su lugar, avanzar políticas que garanticen un acceso inclusivo y justo al proceso democrático. A nuestros aliados y miembros de la comunidad latina, les instamos a mantenerse informados, participar activamente y asegurarse de que nuestros votos—y nuestras voces—no sean silenciados.

El derecho al voto es el fundamento de nuestra democracia. Debemos defenderlo, especialmente para quienes históricamente han sido marginados.

(*) Yadira Sánchez es la Directora Ejecutiva de Poder Latinx.