Casa Blanca refuerza con nuevo memorando veto de seguridad social para migrantes indocumentados
Según el gobierno, algunos inmigrantes consiguen trabajo utilizando números de la Seguridad Social falsos o prestados y cotizan a la Seguridad Social
El gobierno amplía el programa antifraude del Seguro Social para incorporar al menos a 50 fiscalías federales. Crédito: Rebecca Blackwell | AP
Bajo la misma retórica tras llegar a la Casa Blanca, Donald Trump firmó un decreto destinado a impedir que los inmigrantes indocumentados y otras personas que no reúnen los requisitos necesarios, obtengan prestaciones de la Ley de Seguridad Social, informó la Casa Blanca.
El documento “incluye promulgar directrices y priorizar las acciones de cumplimiento contra los beneficiarios o subbeneficiarios que no verifiquen la elegibilidad, detengan los pagos a beneficiarios fallecidos o no elegibles o impidan de otra manera que extranjeros no elegibles reciban fondos”, indicó la Casa Blanca en un comunicado.
Según el gobierno de Trump, la lucha contra el fraude a la Ley del Seguro Social es fundamental porque la ley no sólo incluye el seguro social tradicional proporcionado a los estadounidenses mayores, sino también el seguro de desempleo, el seguro de discapacidad, Medicare, Medicaid, TANF y otros programas.
De tal modo que se amplía “el programa de persecución por fraude de la Administración del Seguro Social (SSA) a por lo menos 50 fiscalías de EE.UU. y establece un programa de persecución por fraude” de los seguros públicos de salud en 15 fiscalías del país, agregó.
El texto insta a las autoridades del SSA a restablecer el uso de sanciones económicas a aquellas personas que cometan fraude contra este organismo institucional.
“El presidente Trump cree que los beneficios financiados por los contribuyentes deben brindarse únicamente a las personas elegibles y no deben alentar ni recompensar” la inmigración irregular al país, informó Washington.
El Memorando se basa en una orden ejecutiva que firmó el pasado febrero para eliminar las prestaciones federales dirigidas a inmigrantes indocumentados y mejorar los criterios de verificación para la obtención de esas ayudas.
La medida ha recibido críticas por parte de gobernantes demócratas que han recalcado la existencia legal de esta normativa: “Ya es ilegal para los migrantes indocumentados que obtengan beneficios de la seguridad social. Esto es solo otro intento para demonizar y criminalizar a los inmigrantes”, afirmó el congresista Chuy García.
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