Corte de apelaciones restringe una vía clave para hacer cumplir la ley del derecho al voto
El fallo la corte de apelaciones del Octavo Circuito restringe los casos de derecho al voto en siete estados
Un panel federal de apelaciones ha dificultado la aplicación de la Ley de Derecho al Voto en siete estados. Crédito: Lindsey Wasson | AP
Un panel de la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito ha anulado el miércoles una de las principales formas que quedan de hacer cumplir la Ley de Derecho al Voto en siete estados, principalmente del Medio Oeste.
El fallo de la corte cerró la capacidad de los particulares de presentar demandas bajo la Ley de Derecho Al Voto para impugnar políticas electorales que supuestamente discriminan en función de la raza en varios estados, un duro golpe a la ley de derecho civiles que ha estado bajo ataque conservador durante mucho tiempo.
Durante décadas, particulares y grupos han interpuesto la mayoría de las demandas para hacer cumplir las protecciones de la Sección 2 de la Ley del Derecho al Voto (VRA, por sus siglas en inglés) esta histórica ley contra la discriminación racial en el proceso electoral.
El nuevo fallo del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito de EE. UU. abarca los siete estados del medio oeste que conforman el Circuito con sede en San Luis: Arkansas, Iowa, Minnesota, Misuri, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur.
La opinión implica que, en esos estados, solo el Departamento de Justicia puede interponer demandas para hacer cumplir una disposición clave de la Ley de Derecho al Voto, aprobada por el Congreso en 1965 para abordar la discriminación racial en las políticas electorales.
El fallo por 2 votos a 1 del Octavo Circuito determinó que una ley independiente de derechos civiles, conocida como Sección 1983, no otorgaba a los particulares el derecho a interponer demandas en virtud de la Ley de Derecho al Voto.
Esta cuestión había quedado sin respuesta en un fallo anterior del circuito, que establecía que la Ley de Derecho al Voto en sí no confería a los particulares ningún derecho de acción.
Este fallo contradice décadas de casos interpuestos con éxito por votantes individuales para impugnar políticas electorales que violan la Ley de Derecho al Voto al discriminar por motivos de raza, según CNN.
Varios casos llegaron a la Corte Suprema y se emitieron fallos que confirmaron las decisiones de los tribunales inferiores a favor de los votantes, lo que respaldaba la interpretación a largo plazo de que la VRA otorgaba a los particulares la capacidad de hacer cumplir la ley mediante demandas.
Por qué surge el fallo de la Corte de Apelaciones
El último fallo surge de una demanda de redistribución de distritos en Dakota del Norte interpuesta por la Banda Turtle Mountain de Indios Chippewa y la Tribu Spirit Lake, según NPR.
Citando la Sección 1983 como fundamento para presentar el caso como grupos privados, las naciones tribales impugnaron un mapa de distritos electorales legislativos estatales, aprobado por la legislatura de Dakota del Norte, controlada por los republicanos, tras el censo de 2020.
En una zona del estado donde el voto está racialmente polarizado, argumentaron las naciones tribales, las líneas de redistribución de distritos trazadas por los legisladores estatales reducen la oportunidad de los votantes nativos americanos de elegir a los candidatos de su preferencia.
“Por primera vez en más de 30 años, no hay ningún nativo americano en el Senado estatal de Dakota del Norte debido a la configuración de las líneas de redistribución de distritos de 2020”, declaró Mark Gaber, abogado del Campaign Legal Center, que representa a las naciones tribales, durante una audiencia judicial en octubre de 2024.
Un tribunal inferior anuló el plan de redistribución de distritos por violar la Sección 2 al diluir el poder colectivo de los votantes nativos americanos en el noreste de Dakota del Norte.
Pero el secretario de estado republicano del estado, Michael Howe, apeló el fallo del tribunal inferior ante el Octavo Circuito, argumentando que, contrariamente a décadas de precedentes, la Sección 1983 no permite que individuos y grupos privados presenten este tipo de demandas.
Muchos expertos legales consideran este cuestionamiento de un derecho privado de acción como el preludio del próximo enfrentamiento potencial sobre la Ley de Derecho al Voto en la Corte Suprema, donde múltiples fallos de la mayoría conservadora del tribunal han erosionado las protecciones de la ley durante la última década.
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