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Nuevo bloqueo a los aranceles de Trump: un segundo tribunal los considera “ilegales”

Otro tribunal federal en Illinois bloquea los aranceles de Trump, calificándolos de "ilegales y fuera de su autoridad presidencial" según la ley vigente

Segundo Tribunal bloquea aranceles de Trump

Un Tribunal en Illinois le brinda el segundo revés en esta semana a los aranceles de Trump. Crédito: Shutterstock

La presión judicial contra los aranceles impuestos por Donald Trump sigue creciendo. Un segundo tribunal federal declaró como “ilegales” estas medidas comerciales, reforzando un fallo previo que ya había invalidado los aranceles globales establecidos por el presidente. Este nuevo revés judicial pone en duda la legalidad de una de las estrategias más agresivas de Trump en materia de política exterior y comercial.

El más reciente dictamen provino del juez federal Rudolph Contreras, quien bloqueó la recolección de aranceles por parte del gobierno a dos empresas jugueteras de Illinois: Learning Resources, Inc. y hand2mind, Inc. Ambas compañías argumentaron que las tarifas impuestas afectarían gravemente sus operaciones, a pesar de haber sobrevivido a los peores momentos de la pandemia. El juez coincidió con esta visión y otorgó una medida que, aunque limitada en alcance, representa un fuerte precedente.

Las dos empresas demandantes importan juguetes educativos desde países como China, Taiwán, Vietnam, Tailandia y la India. Emplean a unas 500 personas en Vernon Hills, Illinois; Torrance, California; y Amherst, Nueva York. En su demanda, declararon que el impacto de los aranceles sería devastador para los pequeños y medianos negocios.

“Esa carga aplastante la sienten de inmediato las pequeñas y medianas empresas de este país, incluidas las demandantes”, alegaron.

En su orden, Contreras escribió que la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia (IEEPA) “no autoriza al presidente a imponer los aranceles”, deslegitimando así la justificación legal utilizada por Trump desde abril para imponer tarifas a más de 50 países. La orden judicial se mantendrá suspendida durante dos semanas para permitir una apelación por parte del gobierno.

Este fallo se suma al dictado un día antes por la Corte de Comercio Internacional en Manhattan, Nueva York, que determinó que los aranceles de Trump eran “contrarios a la ley”. Los jueces señalaron que el presidente “excedió cualquier autoridad arancelaria delegada bajo la IEEPA” y que estas medidas, tanto las globales como las de represalia, eran inconstitucionales por falta de límite en su duración o alcance.

“La afirmación del Presidente de su autoridad para fijar aranceles en el presente caso, sin estar sujeta a ninguna limitación en cuanto a duración o alcance, excede cualquier autoridad arancelaria delegada al presidente en virtud de la IEEPA. Por lo tanto, los aranceles mundiales y de represalia son ultra vires y contrarios a la ley”, escribieron los jueces de Nueva York.

Desde la Casa Blanca, la respuesta no se hizo esperar. Un portavoz afirmó que “no corresponde a jueces no electos decidir cómo enfrentar una emergencia nacional” y defendió el uso de todos los poderes ejecutivos para abordar lo que calificaron como una “crisis”. Hasta este momento, la administración de Trump no se ha pronunciado sobre el segundo fallo en contra.

Los abogados del gobierno aseguraron que la decisión judicial podría debilitar la posición negociadora del país y alentar a otras naciones a aprovecharse del momento. El argumento de la administración sostiene que los aranceles eran una herramienta legítima para obtener concesiones comerciales y proteger la seguridad nacional. Pero los jueces han sido claros: solo el Congreso tiene la autoridad para establecer aranceles, salvo en situaciones excepcionales bien justificadas, lo cual no se demostró en este caso.

El caso del Tribunal de Comercio Internacional fue impulsado en paralelo por fiscales generales de 12 estados demócratas y por organizaciones empresariales.

El fiscal general de Nevada, Aaron Ford, celebró la decisión como “una victoria para el Estado de derecho y para los bolsillos de los nevadenses”. Mientras tanto, Letitia James, fiscal general de Nueva York, afirmó que las tarifas eran “un enorme aumento de impuestos” para familias trabajadoras y negocios estadounidenses.

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