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‘Ante los embates de Trump, los servidores públicos no han abierto la boca’ 

Críticos esperan una papel más activo de sus servidores públicos; mientras ellos subrayan que hacen lo que pueden con un Congreso en contra

Operativo realizado por agentes del ICE

Foto de archivo de agentes de ICE. Crédito: LM Otero | AP

La prácticamente nula acción y el silencio ensordecedor de políticos demócratas desde que Donald Trump  asumió a la presidencia ha permitido que el destino de los inmigrantes se esté definiendo por el racismo rampante, la intensidad y crueldad de una administración republicana que está cumpliendo su objetivo de deportaciones masivas. 

“[Los políticos] No están atados de manos. Pueden denunciar públicamente lo que está sucediendo a través de las redes sociales y hasta convocar a protestas masivas, pero nadie lo ha hecho hasta ahora”, dijo el catedrático Miguel Tinker Salas. 

“Recordemos que [a los republicanos] no les importa arrestar gente como daño colateral”, añadió. “Pero ya vimos que la gente ha respondido en San Diego; salieron a defender tanto a los trabajadores como a los negocios de su comunidad y en Minneapolis o en el caso de los estudiantes de Massachusetts que protestaron por el arresto injusto del joven brasileño, cuando [agentes de inmigración]  iban por su  papá, pero el joven estaba en el automóvil de su padre”. 

Marcelo Gomes da Silva, un estudiante brasileño de 18 años fue arrestado y encarcelado por cinco días, antes de su liberación, tras el pago de una fianza de $2,000. Él fue arrestado cuando se dirigía a un partido de voleibol en la escuela superior Gilford. 

Si bien la clase política no ha respondido con firmeza para intentar frenar las detenciones y arrestos de miles de inmigrantes, en la organización sin fines de lucro Clero y Laicos Unidos por la Justicia Económica (CLUE) se están organizando para iniciar en las próximas semanas una serie de protestas frente al edificio federal de inmigración en Los Ángeles y frente a las oficinas de congresistas demócratas y republicanos, “para recuperar a los hijos desaparecidos”. 

“No han abierto la boca. No han sido valientes”, criticó Guillermo Torres, director de asuntos migratorios de CLUE. “Se han quedado como los jugadores suplentes de un partido de futbol que no tienen ninguna acción en el equipo titular”. 

Enfatizó que “se han quedado paralizados ante la crueldad y el racismo de Donald Trump y Stephen Miller”, añadió. “Se han quedado afuera del partido, mientras los inmigrantes están siendo masacrados. ¿Qué clase de valor tienen? ¿Por qué se quedan callados? 

“Y estamos hablando de los dos partidos: uno por complicidad, porque está en silencio mientras los inmigrantes están siendo masacrados y otros, los republicanos, pero haciendo cómplices por la crueldad de Miller y Trump”. 

Torres se refirió, además, al caso del niño Martir García Luna, estudiante del cuarto grado de primaria de Torrance Elementary School, quien el 29 de mayo, junto con su padre, acudió a una audiencia de inmigración en Houston, Texas. Ambos fueron arrestados por ICE. 

Jasmin King, presidenta de la Junta de Padres de Familia (PTA), dijo a la prensa que nadie sabe del paradero del niño ni de su padre. 

Torres enfatizó que “Dios demanda, especialmente de los lideres religiosos y de los políticos que estén al frente de la solidaridad con la gente pobre, con la gente oprimida”, agrega. “Algunos están callando hasta las elecciones del medio tiempo”. 

A nivel local, la concejal Eunisses Hernández, representante del Distrito 1 de Los Ángeles, reconoció que, independientemente que la ciudad sea “santuario”, los agentes de inmigración cuentan con el poder del gobierno federal y la “bendición” de Trump para arrestar a cualquier persona pasando por encima de sus derechos y sin contar incluso con una orden de arresto. 

“El gobierno tiene todo el poder para enforzar [aplicar] las leyes de migración en el estado y en la ciudad; nosotros hemos aprobado las pólizas que hacen la ciudad de Los Ángeles una ciudad de santuario”, dijo. 

“Pero eso, no es como una pared que previene que la administración federal entre a implementar las leyes de inmigración”, expresó. “Hace unos meses vimos que vinieron a la ciudad de los ángeles, vinieron a mi distrito, agarraron a la gente y ni les avisaron a nuestros policías locales que iban a estar haciendo ciertas operaciones”. 

Hernández ha estado trabajando con organizaciones sin fines de lucro para organizar a las comunidades -barrio por barrio- para que si llegan agentes federales de inmigración la comunidad sepa que está alerta y conozca sus derechos de no abrir la puerta y mantenerse en silencio. 

“Si ellos [ICE] quieren entrar, pueden hacerlo”, sostuvo. 

La senadora estatal, María Elena Durazo reconoció que las acciones del gobierno federal son distintas a las que adopta California en favor de la comunidad inmigrante. 

“A nivel estatal y local tenemos más fuerza. Mi propuesta de ley SB 580 trata de detener que los agentes de inmigración entren en ciertos lugares”, dijo Durazo. 

En efecto, la iniciativa llamada  “Fortalecimiento de las Guías de Respuesta para la Protección de Inmigrantes”, refuerza las políticas modelo y las pautas de bases de datos de la oficina del fiscal Rob Bonta para las agencias estatales y locales sobre la aplicación de la ley de migración y civil, asegurando que todos los californianos, independientemente de su estatus migratorio, puedan acceder a los servicios públicos sin temor, un tema fundamental de la política federal de Trump. 

“Se trata de tener una guía de cómo y cuándo se pueden detener a los agentes de inmigración que entren en ciertos edificios del gobierno estatal o local”, reveló la senadora Durazo. “Mi proyecto va a impedir que entren esos agentes de inmigración a esos edificios. Por ahora, la ley es tan fuerte para prohibirles la entrada, por ejemplo,  a lugares como el DMV que son edificios del estado”. 

Sobre esta iniciativa de ley, el fiscal Bonta, deberá elaborar políticas modelo y directrices para bases de datos antes del 1 de julio de 2026, con el fin de restringir dicha asistencia. Las agencias estatales y locales deben implementar estas políticas y directrices antes del 1 de enero de 2027. 

Por su parte, Ron Góchez, miembro de la Coalición de Autodefensa Comunitaria y de Unión del Barrio, manifestó que independientemente de la falta de acción de los políticos, líderes sociales o religiosos en la actualidad, frente a las políticas de Donald Trump, ellos continuarán organizándose para “ahuyentar” a los agentes de ICE. 

“Nosotros sabemos que si fuera por Trump ya hubieran detenido y deportado a mucha más gente, pero ahorita estamos bien ocupados trabajando en el sur de California [con las patrullas comunitarias]. El miércoles fuimos por lo menos a tres diferentes lugares cuando estuvieron los agentes de ICE, pero cuando nos vieron se fueron”. 

Góchez subrayó que “el trabajo sigue su marcha y no vamos a parar. A los políticos y los demás los pueden poner en esa clase de estar atados de manos, porque en verdad ellos no han hecho casi nada”. 

“El Congreso puede y debe actuar” 

Cuestionada si hay alguna manera de que el Congreso pueda detener el terror que [propaga ICE en los vecindarios de los inmigrantes, la congresista Nanette Barragán Díaz respondió a La Opinión: “Sí. El Congreso puede y debe actuar”. 

“El Congreso tiene el poder de frenar la autoridad descontrolada del ICE y detener el miedo que está sembrando en nuestras comunidades”, dijo la congresista. 

“Por eso apoyo la Ley de Protección de Lugares Sensibles, que prohibiría la aplicación de las leyes migratorias en lugares como escuelas, hospitales y lugares de culto”.  

Barragán Díaz, precisó que “nadie debería tener miedo de llevar a sus hijos a la escuela o buscar atención médica. El trauma que está infligiendo ICE, especialmente bajo la renovada ofensiva de deportaciones masivas de Trump, no solo es cruel, sino también peligroso”.  

Reiteró que el Congreso puede detenerlo, “pero la triste realidad es que los republicanos controlan todas las ramas del gobierno en este momento”. Señaló que los demócratas de la Cámara de Representantes han presentado proyectos de ley para controlar a ICE, detener la aplicación de las leyes en escuelas y hospitales, y proteger a las familias inmigrantes.  

“Pero Donald Trump y los republicanos del Congreso están bloqueando estos esfuerzos y empoderando al ICE para ir aún más lejos”. 

¿Tiene las manos atadas en el Congreso para detener la separación de familias inmigrantes en EE. UU.?  

“Los republicanos controlan la Casa Blanca, la Cámara de Representantes de EE. UU., el Senado y tienen una mayoría conservadora en la Corte Suprema. Están usando ese poder para implementar una cruel agenda antiinmigrante, que incluye la separación de familias”. 

“Los demócratas están contra-atacando. Estamos presentando escritos amicus curiae en los tribunales, exigiendo rendición de cuentas mediante la supervisión, presentando leyes para proteger a las familias inmigrantes y hablando en conferencias de prensa para exponer lo que está sucediendo”. 

“Pero sin la mayoría en el Congreso ni un aliado en la Casa Blanca, no podemos aprobar leyes ni detener estas políticas por nuestra cuenta”, afirmó. “Los republicanos tienen los votos y los están usando para separar familias”. 

La oficina del senador por California, Alex Padilla, no respondió a las mismas preguntas, antes del cierre de edición de La Opinión. 

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