Organizaciones y demócratas acusan al gobierno de Trump aumentar amenazas contra congresistas y funcionarios públicos
La detención del contralor de Nueva York, Brad Lander, atisba preocupaciones sobre abuso de poder de oficiales federales contra congresistas y funcionarios
Funcionarios electos y congresistas han enfrentado acciones federales por asuntos migratorios. Crédito: AP
Impedimento a congresistas para revisar instalaciones federales, sometimiento de oficiales electos por parte de agentes federales y acusaciones contra algunos han desatado preocupaciones de organizaciones civiles y demócratas sobre la actuación del gobierno del presidente Donald Trump.
“Estamos observando un aumento drástico de amenazas contra senadores, congresistas, funcionarios públicos y en todo Estados Unidos”, expresó el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (Nueva York). “Estos ataques no son solo ataques a individuos, sino a la democracia, a nuestra forma de vida, a nuestras creencias, y son un intento de intimidación”.
El mensaje de Schumer fue para criticar el sometimiento la semana pasada del senador Alex Padilla (California) y las acusaciones contra otros congresistas, pero casi en paralelo agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron al contralor y candidato a la Alcaldía de Nueva York, Brad Lander, en un edificio federal en el Bajo Manhattan, tras cuestionar a los oficiales sobre una orden judicial para detener a un inmigrante.
Las acciones contra congresistas y otros funcionarios electos han ocurrido durante las operaciones de ICE y otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“Arrestar al contralor Lander es despreciable y otro ejemplo de cómo Trump utiliza a las fuerzas del orden para atacar a sus enemigos políticos, en lugar de centrarse en la seguridad pública”, acusó Schumer más tarde. “El DHS miente descaradamente en su declaración. En el video, el contralor Lander claramente no le pone la mano encima a nadie”.
Schumer se refiere a que Lander habría interferido en un proceso federal, pero sus defensores lo niegan.
Una situación similar se vio con Padilla, quien ingresó a la conferencia de prensa de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pero no pudo realizar una pregunta, cuando oficiales federales lo empujaron y jalonearon fuera del salón, a pesar de haberse identificado como “el senador Alex Padilla”, según el video que se volvió viral en X y otras redes.
“La semana pasada decidí regresar a casa para intentar obtener respuestas de la administración, ya que están literalmente militarizando nuestra ciudad”, dijo este martes Padilla en el pleno del Senado. “A mis colegas de ambos partidos: ¿estamos realmente preparados para vivir en un país donde el presidente pueda desplegar las Fuerzas Armadas para decidir qué gobernadores y alcaldes debidamente electos deben tener permitido liderar a sus electores? ¿De verdad nos parece bien ese precedente?”.
Este lunes el Caucus Hispano del Congreso (CHC) y un alto número de representantes y senadores pidieron al líder de la mayoría en el Senado, el republicano John Thune (Dakota del Sur), exigir el respeto a los miembros del Senado.
El caso de LaMonica Mclver
La semana pasada, la representante demócrata LaMonica McIver (Nueva Jersey) fue acusada por un gran jurado federal de tres cargos por presuntamente “obstaculizar e interferir por la fuerza con agentes federales del orden público” y podría enfrentar hasta 17 años de prisión si es declarada culpable.
“Los hechos de este caso demostrarán que simplemente cumplía con mi deber y expondrán este proceso por lo que es: un descarado intento de intimidación política”, ha dicho Mclver.
La representante y sus colegas de partido, el representante Rob Menéndez Jr. y Bonnie Watson Coleman, intentaban revisar el centro de detención Delany Hall en Newark el mes pasado, pero los oficiales federales se los impidieron.
En el mismo hecho, agentes del ICE arrestaron al alcalde de Newark, Ras Baraka, quien también enfrentó acusaciones federales impulsadas por la fiscal de Distrito, Alina Habba.
A finales de mayo, el caso fue desechado por el juez magistrado Andre Espinosa, quien criticó a la fiscal Habba y a su equipo y consideró esa persecución judicial como “vergonzosa”.
Organizaciones en contra de persecución
La semana pasada, varias organizaciones civiles se sumaron al rechazo del trato que autoridades federales están dando a congresistas y otros funcionarios.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) exigió una investigación sobre los hechos contra Padilla.
“Lo ocurrido con el senador Alex Padilla es nada menos que un abuso de poder indignante y un ataque directo a nuestra democracia”, declaró Roman Palomares, presidente nacional y presidente de la junta directiva de LULAC.
En el mismo tenor se pronunciaron grupos de influencia a nivel nacional, como Latino Victory y America’s Voice.
Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, calificó los hechos como un “atentado a la democracia”.
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