Vigilan transacciones de más de $200 si vives en estas zonas de EE.UU.

Si resides en determinadas zonas del sur de California o Texas, es posible que tus operaciones financieras desde los $200 dólares estén siendo vigiladas por las autoridades federales. Esta medida forma parte de una orden emitida por el gobierno de Estados Unidos para combatir actividades delictivas relacionadas con el lavado de dinero y el narcotráfico.

La orden, conocida como Orden de Localización Geográfica (GTO, por sus siglas en inglés), fue emitida por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, más conocida como FinCEN. Su objetivo es imponer requisitos adicionales de registro y reporte a ciertos negocios ubicados en áreas geográficas específicas. La medida estará vigente hasta el 9 de septiembre de 2025.

Esta decisión se basa en una orden ejecutiva firmada durante la administración del presidente Donald Trump. El enfoque está en reforzar la vigilancia de transacciones en efectivo entre $200 y $10,000 dólares. Las autoridades consideran que este rango es clave para detectar movimientos financieros vinculados con cárteles de la droga de origen mexicano y otras redes delictivas que operan en la frontera suroeste del país.

“Esperamos que con más datos sobre transacciones monetarias en efectivo entre $200 y $10,000 dólares podamos combatir aún más las actividades ilícitas y el lavado de dinero de los cárteles con sede en México y otros actores criminales a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos”, indicó la FinCEN.

Cabe destacar que las operaciones que superan los $10,000 dólares ya deben reportarse por ley desde hace años.

¿En qué lugares de EE.UU. vigilan las transacciones desde $200 dólares?

El gobierno federal estableció zonas de investigación, con base en localizaciones donde más probabilidades hay de que se cometa lavado de dinero. A muchos cárteles de la droga y grupos delictivos les gusta establecerse cerca de la frontera para un mayor control de los recursos, por lo que la FinCEN estableció ciertos códigos postales de California y Texas como los sitios neurálgicos para detectar los movimientos financieros sospechosos.

Si vives en alguno de estos códigos postales, tienes mayores probabilidades de que tus transacciones mayores a $200 dólares sean investigadas:

California

• Condado de Imperial: 92231, 92249, 92281, 92283
• Condado de San Diego: 91910, 92101, 92113, 92117, 92126, 92154, 92173

Texas

• Condado de Cameron: 78520, 78521
• Condado de El Paso: 79901, 79902, 79903, 79905, 79907, 79935
• Condado de Hidalgo: 78503, 78557, 78572, 78577, 78596
• Condado de Maverick: 78852
• Condado de Webb: 78040, 78041, 78043, 78045, 78046

Esto implica que miles de personas que viven o realizan operaciones en estas zonas podrían tener sus movimientos financieros reportados a las autoridades federales. El alcance es amplio y abarca desde el envío de remesas hasta el uso de servicios postales o compra de giros.

Además del código postal, ciertos giros comerciales también tienen que cumplir con esta orden de la FinCEN para evitar ser investigados o ser considerados cómplices.

¿Qué negocios están obligados a cumplir con esta orden?

La GTO se aplica a los llamados negocios de servicios monetarios (MSBs, por sus siglas en inglés). Esto incluye:

• Casas de cambio.
• Cambiadores de cheques.
• Emisores o vendedores de cheques de viajero o giros postales.
• Proveedores o vendedores de tarjetas prepagadas.
• Empresas de envío de dinero.
• El propio Servicio Postal de EE.UU.

Estas empresas deberán mantener registros más detallados de cada transacción dentro del rango mencionado, incluyendo datos sensibles como el número de Seguro Social del cliente o su número de identificación fiscal si no es ciudadano estadounidense.

Para los residentes y comerciantes latinos en estas áreas, es crucial estar al tanto de esta normativa. No solo por razones fiscales, sino también para proteger su información personal y entender sus derechos ante cualquier requerimiento de datos. Ignorar estas medidas podría generar complicaciones legales o dificultades al operar con servicios financieros.

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