Juez ordena evaluación mental para migrante condenado por el asesinato de Laken Riley
Laken Riley, de 22 años, era una estudiante de enfermería de la Universidad de Augusta, quien fue atacada por el venezolano José Ibarra el 22 de febrero de 2024
Ibarra fue condenado formalmente el 20 de noviembre de 2024. Crédito: Hyosub Shin/Atlanta Journal-Constitution | AP
Un juez del condado de Clarke, en Georgia, ordenó que José Ibarra, un migrante venezolano condenado por el brutal asesinato de la estudiante de enfermería Laken Riley, sea sometido a una evaluación mental para determinar si tenía o tiene la capacidad de comprender el proceso judicial en su contra.
El caso: asesinato que sacudió a Georgia
Laken Riley, de 22 años, era una prometedora estudiante de enfermería de la Universidad de Augusta, quien fue atacada mientras corría el 22 de febrero de 2024 por el campus de la Universidad de Georgia, en Athens, a unos 115 kilómetros al este de Atlanta. De acuerdo con la fiscalía, Ibarra se topó con Riley de forma aleatoria y la mató durante un forcejeo.
En noviembre pasado, el juez H. Patrick Haggard, del Tribunal Superior del condado de Clarke, declaró a Ibarra culpable de asesinato y otros cargos relacionados, condenándolo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ibarra, de 27 años, había renunciado a su derecho a un juicio con jurado, por lo que el propio juez decidió el veredicto.
Nueva moción por salud mental
Ahora, Ibarra busca un nuevo juicio. Sus abogados defensores, James Luttrell y David Douds, argumentaron en documentos judiciales presentados el mes pasado que creen que su cliente padece una “deficiencia congénita” que podría haberle impedido participar adecuadamente en su defensa.
Sostienen que Ibarra “carece de la capacidad mental para comprender el proceso” y que probablemente esto era así tanto durante el crimen como en el juicio, reseñó AP.
En su moción, afirmaron que la renuncia de Ibarra a su derecho constitucional a un juicio por jurado debió haber implicado una participación “personal e inteligentemente informada”, algo que dudan haya ocurrido. Además, criticaron que el abogado litigante de Ibarra no solicitara en su momento una evaluación de competencia.
Aunque la fiscal del caso, Sheila Ross, respondió que no existían señales previas que indicaran incompetencia mental de Ibarra y no hay evidencia en el expediente que sugiera que el acusado no entendiera el proceso, la fiscalía no se opuso a que se realizara la evaluación solicitada por la defensa.
La orden judicial
El juez Haggard emitió la orden la semana pasada, instruyendo al Departamento de Salud Conductual y Discapacidades del Desarrollo del estado de Georgia para que practique la evaluación psicológica a Ibarra, con ayuda de un intérprete en español.
El tribunal busca esclarecer si Ibarra: comprendía los procedimientos previos al juicio, incluida su decisión de renunciar al jurado; entendía el juicio mismo; puede colaborar con sus abogados en la preparación de su defensa; y si comprende los procedimientos posteriores a la condena, incluida la actual solicitud de nuevo juicio.
Ibarra fue condenado formalmente el 20 de noviembre de 2024. La defensa presentó el 2 de diciembre una solicitud de nuevo juicio, lo que, según la ley de Georgia, extiende el plazo para presentar un aviso de apelación, ya que este debe entregarse dentro de los 30 días tras la sentencia o tras la resolución de la moción para un nuevo juicio, lo que ocurra más tarde.
Por ahora, el proceso de apelación queda supeditado al resultado de la evaluación mental ordenada por el tribunal.
Un crimen que impulsó legislación migratoria
El caso de Laken Riley cobró resonancia nacional y se convirtió en un punto álgido durante la campaña presidencial del año pasado. Ibarra había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en 2022, desde México, y según autoridades federales de inmigración, se le permitió permanecer en el país mientras procesaba su caso migratorio.
En enero de 2025, el expresidente Donald Trump promulgó la llamada “Ley Laken Riley”, que endurece los requisitos para detener a inmigrantes indocumentados acusados de delitos violentos o robos, obligando a su custodia obligatoria mientras enfrentan cargos.
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