La ley ‘One Big Beautiful Bill’ afectará la cobertura de salud para inmigrantes

La nueva ley presupuestaria One Big Beautiful que mantiene los recortes en impuestos a los más ricos de Estados Unidos, tendrá un gran impacto en la salud de los más desfavorecidos, incluyendo a aquellos inmigrantes con estatus, encarecerá la vida y afectará hasta la calidad del aire que respiramos.

“Aquellos estados que han usado su dinero para dar cobertura de salud a los inmigrantes indocumentados, se verán sometidos a mucha presión para cortarla. Esta ley limita la cobertura de salud de Medicare y Medicare para los inmigrantes legales en el país, aún cuando sus ingresos estén por debajo de los niveles de pobreza”, dijo Larry Levitt, vicepresidente ejecutivo de Políticas de Salud de KFF (una organización nacional sobre políticas de salud0.

Durante la videoconferencia “Descifrando la nueva ley grande y hermosa”, organizada por American Community Media (ACoM), varios expertos hablaron del impacto del nuevo presupuesto y la ley de gastos, y sus efectos a largo plazo en la salud, el medio ambiente y el déficit nacional que se espera crezca $3,000 millones para la próxima década.

Un retroceso histórico

Levitt puntualizó que la ley One Big Beautiful representa un cambio al sistema de salud desde que se aprobó la ley del Cuidado Accesible hace 15 años, y borra muchas de sus ganancias.

“La Oficina de Presupuesto del Congreso ha estimado que la legislación reduciría el gasto federal en salud en más de $1,000 millones durante la próxima década y aumentará el número de personas sin seguro en 11.8 millones”. 

Afirmó que esto representa el mayor retroceso en la historia en el apoyo federal a la cobertura médica.

“Se espera que 4.8 millones de personas pierdan su cobertura médica principalmente por no cumplir con el proceso de presentación de informes y la burocracia requerida”.

Observó que algunos también quedarán excluidos, ya que se les exigirá renovar su cobertura de Medicare con mayor frecuencia, cada seis meses, en lugar de una vez al año.

“También hay restricciones en los impuestos que podría obligar a los estados a recortar los pagos a los hospitales y otros proveedores de atención médica u  otras partes del programa de Medicaid”.

Expuso que una de las grandes preocupaciones durante el debate en el Senado es el impacto sobre los hospitales rurales porque una parte sustancial de los recortes se dirigieron a las áreas rurales.

“Los hospitales rurales en particular tienen márgenes bajos y son potencialmente más vulnerables a cerrar o cortar servicios como resultado de los recortes”.

Añadió que se agregó un Fondo de Salud Rural temporal de $50 mil millones que ciertamente ayudará en las comunidades rurales, pero no compensará completamente los recortes permanentes.

“Los cambios en el mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), han recibido menos atención que los cambios en Medicaid, pero también son sustanciales. 

“Los nuevos procedimientos de verificación de ingresos pondrían fin a la renovación automática de la cobertura al final de cada año, lo que podría provocar la cancelación de la misma para muchas personas. 

“Ya no habría límites a la cantidad que las personas tendrían que reembolsar por subsidios o créditos fiscales para ayudarles a pagar sus primas al presentar su declaración de impuestos del año siguiente si sus ingresos resultan superiores a los esperados, lo que podría causar sorpresas desagradables y disuadirlas de inscribirse”. 

Destacó que muchos inmigrantes legales de bajos ingresos,  en categorías como el estatus de protección temporal, refugiados o asilados ya no serían elegibles para la asistencia con las primas bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

“Esto también ocurriría con Medicaid y Medicare”. 

Indicó que el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes dejó por fuera una disposición que habría penalizado a los estados con menos fondos de Medicaid si utilizaban sus propios recursos para brindar atención médica a inmigrantes indocumentados. 

Pero comentó que estados como California, que han brindado cobertura a inmigrantes indocumentados, han propuesto reducirla, y es posible que la administración Trump esté trabajando para penalizar también a esos estados.

Impacto fiscal

Natasha Sarin, profesora de la Facultad de Derecho y la Escuela de Administración de Yale, dijo que, para finales de esta década, la relación deuda/PIB estará más cerca del 135%, por lo que nuestras deudas superarán considerablemente nuestra producción económica total.

“En términos generales, se trata de un aumento del déficit de unos $3 mil millones si consideramos el proyecto de ley tal como está. Pero si incluimos la expansión, las prórrogas y todos los vencimientos que probablemente se pospongan, estamos ante algo más cercano a los $4 mil millones en el transcurso de los próximos 10 años”.

Sarin se preguntó quiénes son los ganadores y los perdedores de las decisiones específicas que los legisladores tomaron en este paquete.

“Las personas más ricas están recibiendo un enorme recorte impositivo de alrededor de $30,000 anuales como resultado de este paquete mientras que quienes sufrirán el impacto son aquellos a quienes afectarán los recortes de Medicaid”.

Destacó que como consecuencia de la nueva ley de presupuesto, tendremos tasas de interés más altas que se transmitirán a los hogares y a la economía real de manera significativa.

“Las tasas hipotecarias para las casas serán miles de dólares más altas. Esto significa que los préstamos para pequeñas empresas serán miles de dólares más caros. Los préstamos para automóviles, los préstamos estudiantiles y, cualquier tipo de endeudamiento se han visto afectados por esta legislación, lo que ha incrementado su costo tanto para los hogares como para las empresas”. 

Por eso, expuso que a largo plazo, durante la próxima década, y aún más durante las próximas tres décadas, el paquete de medidas conducirá a una economía más pequeña.

“Este paquete reducirá el PIB y la producción económica, ya que encarece las inversiones en Estados Unidos”.

Un paso atrás

Bill McKibben, escritor, ambientalista y fundador de Third Act, que organiza a los adultos mayores para actuar frente al cambio climático, dijo que la nueva ley está repleta de disposiciones diseñadas claramente para alentar la transición a las energías renovables. 

“Estas incluyen el cese de las exenciones fiscales para la energía solar, eólica y las baterías, que fueron una parte importante de la Ley de Reducción de la Inflación aprobada durante la era Biden. Se suponía que durarían una década, pero en su mayoría se eliminarán gradualmente para finales de este año”. 

Detalló que el crédito fiscal para vehículos eléctricos vence a finales de septiembre. 

Por lo tanto, anticipó que será extremadamente difícil para las industrias de energías renovables lidiar con estas disposiciones. 

“Se especula que habrá despidos masivos en empresas que realizan proyectos como la instalación de energía solar en tejados y que se cancelarán muchísimos proyectos de energía limpia”. 

Hizo ver que este retraso en la transición energética también tiene otras consecuencias. 

“Una de ellas será subir las tarifas de los servicios públicos, porque vivimos en un mundo donde la energía renovable es la más barata”.

Anotó que es una gran paradoja que justo en el momento en que el resto del mundo se está moviendo decisivamente en la dirección de la energía limpia, Estados Unidos está en contra de ella.

“Debemos contrarrestar, necesitamos movilizar a la opinión pública para lograr lo que podamos hacer al menos a nivel estatal y local porque el cambio climático está sucediendo tan rápidamente”.