Ley de Dignidad: Grupo bipartidista de legisladores presenta versión integral de reforma migratoria
Un proyecto de ley bipartidista de reforma migratoria recibe un nuevo impulso de legisladores demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes
Una reforma migratoria en el Congreso podría beneficiar a millones de inmigrantes. Crédito: Getty Images
Una legisladora demócrata de Texas y una republicana de Florida intentan de nuevo lograr la aprobación de una reforma migratoria integral, al presentar el martes en la Cámara de Representantes una nueva versión de la medida, denominada Ley de Dignidad de 2025.
La nueva versión de la La Ley de Dignidad de 2025, H.R. 4393, impulsada por las representantes Verónica Escobar, demócrata por Texas, y María Elvira Salazar, republicana por Florida, incluye ajustes que se espera que convenzan a sus colegas de ambos partidos a apoyarla.
El proyecto de ley busca abordar diversos aspectos del sistema de inmigración, como la seguridad fronteriza, la legalización de inmigrantes indocumentados, la reforma del asilo y la tramitación de visas.
El presidente Donald Trump ha declarado en el pasado que está a favor de las vías legales de inmigración y entiende que Estados Unidos depende de la mano de obra inmigrante en sectores como la agricultura y la hostelería. Sin embargo, desde su regreso a la Casa Blanca, la atención se ha centrado en la aplicación de la ley con el uso de ICE para arrestar y deportar a inmigrantes que se encuentran en el país sin estatus legal, así como a algunos que lo tenían.
Este proyecto de reforma migratoria se presentó por primera vez en 2023, pero no logró ser votado en la Cámara de Representantes. Su última revisión se realizó en el Subcomité de Medios y Arbitrios de la Cámara. La versión actual cuenta con 18 copatrocinadores demócratas y republicanos, según la oficina de Salazar.
El actual proyecto de ley integral introduce reformas significativas en varios aspectos del deficiente sistema migratorio estadounidense:
- Otorgaría estatus laboral legal a ciertos inmigrantes respetuosos de la ley que ya viven y trabajan en Estados Unidos;
- Invertiría en infraestructura de seguridad fronteriza y modernizaría nuestros puertos de entrada terrestres;
- Actualizaría el proceso de selección de solicitantes de asilo para reducir los tiempos de espera;
- Ofrecería una vía de acceso a la ciudadanía para los Dreamers.
También se incluye una mayor seguridad fronteriza y el uso gradual y obligatorio de E-Verify, un sistema de verificación del estatus migratorio de empleados. La medida exige más visas de trabajo y un estatus de “dignidad” transitorio de siete años para inmigrantes indocumentados que pagarían una multa de $5,000 por ingresar al país ilegalmente, pero podrían continuar trabajando.
La Ley de Dignidad es considerada por el grupo de legisladores que la respalda como la reforma migratoria más integral que se ha presentado en este Congreso.
“La Ley de Dignidad es un proyecto de ley revolucionario que ofrece la solución a nuestra crisis migratoria: asegurar la frontera, detener la inmigración ilegal y brindar una oportunidad merecida para que los inmigrantes de larga data se queden aquí y trabajen”, declaró la congresista María Elvira Salazar (R-FL-27). “Sin amnistía. Sin ayudas. Sin ciudadanía. Solo rendición de cuentas y un camino hacia la estabilidad de nuestra economía y nuestro futuro”.
“He presenciado de primera mano las devastadoras consecuencias de nuestro sistema migratorio fallido y, como congresista, me tomo muy en serio mi obligación de proponer una solución. Un compromiso realista y sensato es alcanzable, y es especialmente importante dada la urgencia del momento. Considero que la Ley de Dignidad de 2025 es un primer paso crucial para reformar este sistema fallido”, declaró la congresista Verónica Escobar (D-TX-16).
La iniciativa está patrocinada por un grupo bipartidista de legisladores de la Cámara de Representantes que incluye a: Dan Newhouse (WA-04), Mike Lawler (NY-17), David Valadao (CA-22), Mike Kelly (PA-16), Brian Fitzpatrick (PA-01), Marlin Stutzman (IN-03), Don Bacon (NE-02), Young Kim (CA-40), Adriano Espaillat (NY-13), Susie Lee (NV-03), Salud Carbajal (CA-24), Mike Levin (CA-49), Hillary Scholten (MI-03), Nikki Budzinski (IL-13), Jake Auchincloss (MA-04) y Adam Gray (CA-13).
La legisladora Laura Gillen (D-NY-04) anunció en un comunicado de prensa que también respalda esta versión de reforma migratoria: “Me complace unirme a mis colegas de ambos partidos para impulsar esta crucial tarea con la introducción de la Ley de Dignidad, una legislación pionera que protegerá nuestras fronteras y, al mismo tiempo, brindará una vía para que los inmigrantes respetuosos de la ley trabajen legalmente y permanezcan con sus familias mediante el trabajo y la buena conducta”.
El texto completo del proyecto de la Ley de Dignidad de 2025 se puede encontrar en inglés aquí.
“La crueldad, el caos y la ilegalidad desenfrenada del enfoque despiadado de la administración Trump en torno a la política migratoria no logran reparar nuestro roto sistema. Nunca ha habido tanta urgencia por encontrar soluciones reales para modernizar las leyes migratorias estadounidenses. La bipartidista Ley de Dignidad contiene un equilibrio de medidas para mejorar la seguridad fronteriza, a la vez que crea un sistema migratorio que beneficia a todo el país”, dijo Debu Gandhi, director sénior de política migratoria del Center for American Progress, en un comunicado de prensa.
“La Ley de Dignidad ofrecería oportunidades para fortalecer nuestro sistema de inmigración legal, proteger a las familias inmigrantes, asegurar la frontera y brindar estabilidad a quienes han contribuido a este país durante décadas”, declaró Todd Schutte, presidente de FWD.us. “Presenta un marcado contraste con las acciones perjudiciales que vemos a diario, con el aumento de las deportaciones y los intentos de privar a millones de personas de su estatus migratorio y autorización de trabajo”.
La última vez que se reformó a fondo la ley de inmigración fue hace más de 30 años, con la Ley de Inmigración de 1990, una ley que se centraba principalmente en la migración laboral.
Muchas otras políticas de seguridad fronteriza se remontan a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1952, que sigue vigente, aunque con importantes modificaciones.
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