Fiscales generales desafían a Trump por orden ejecutiva que limita servicios sociales a inmigrantes indocumentados
Fiscales generales de 21 estados demandan a Trump por nueva orden ejecutiva que limita el acceso de inmigrantes indocumentados a servicios sociales federales

ICE mantiene sus operaciones contra indocumentados en varias partes del país. Crédito: AP
Un grupo de 21 fiscales generales presentó una demanda contra la el gobierno del presidente Donald Trump, desafiando una orden ejecutiva emitida en febrero que expulsa a los inmigrantes indocumentados de varios programas federales de servicios sociales.
La medida afecta a diversos programas, incluyendo Head Start, una oportunidad educativa para padres de bajos ingresos.
Según los fiscales generales, la nueva política, que entró en vigor el 10 de julio, modifica los requisitos para acceder a servicios como salud, educación y asistencia laboral. El cambio obliga a los beneficiarios a someterse a verificaciones de inmigración, afectando incluso a personas con estatus legal, como titulares de visas de estudiante, trabajadores temporales y visitantes de intercambio.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, lidera la demanda junto con sus colegas de Wisconsin, Maine, Nevada, Maryland, Michigan, Minnesota y Nuevo México. En un comunicado, James destacó que las nuevas reglas fueron impuestas de manera abrupta y sin una consulta pública adecuada, y advirtió que incluso a ciudadanos estadounidenses y residentes legales se les podría negar acceso a programas por la falta de identificación oficial.
Trump limita subsidios públicos
El Gobierno de Trump defiende su postura, argumentando que la orden ejecutiva busca limitar los subsidios públicos a inmigrantes indocumentados y eliminar incentivos para la inmigración irregular. Según la Casa Blanca, esta medida es coherente con la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales (PRWORA), que establece que los inmigrantes indocumentados no deben depender de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades.
El presidente Trump también ha reforzado las políticas de deportación, con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevando a cabo redadas en diversos lugares, como hospitales y lugares de trabajo, mientras se intensifican los esfuerzos para reducir el financiamiento de Medicaid en estados que apoyan a inmigrantes indocumentados.
La Casa Blanca aún no ha emitido comentarios sobre la demanda presentada por los fiscales generales.
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