Dos inmigrantes guatemaltecos acusados de violar a una niña podrían ser condenados a muerte en Florida
Una inyección letal podría ser el destino que les aguarda a dos inmigrantes guatemaltecos
Los prisioneros que son condenados a muerte en Florida reciben una inyección letal. Crédito: Pat Sullivan | AP
Después de admitir ante las autoridades haber violado a una menor de edad durante varias semanas, dos inmigrantes guatemaltecos se encuentran en riesgo de ser condenados a pena de muerte en Florida.
Josué D. Méndez-Sales, de 26 años, y Pablo N. Cobon-Méndez, de 23, fueron ingresados sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Palm Beach.
Al primero de los detenidos se le acusa de cinco cargos de agresión sexual en una niña de siete años, pero también por atentar en contra de otro niño a quien no logró causarle grandes daños corporales.
Con respecto a Cobon-Méndez, enfrenta dos cargos por haber participado en el abuso que sufrió la menor de edad.
De acuerdo con un informe dado a conocer por el Departamento de Policía de West Palm Beach, ambos sujetos abusaron de la niña a la cual debían cuidar, pues uno de ellos es su familiar.
Méndez-Sales reconoció haber golpeado a su víctima con un cinturón bajo el argumento de pretender disciplinarla.
Después de conocer los detalles de la agresión sexual, James Uthmeier, fiscal de Florida, exigió que los inmigrantes guatemaltecos sean condenados a la pena de muerte.
“Estas acusaciones son más que horribles. Cualquiera que pueda cometer estos crímenes tan atroces debe rendir cuentas hasta la mayor extensión de la ley. Basado en estos reportes, espero que el fiscal estatal para el Circuito Judicial 15 busque la pena de muerte”, escribió en redes sociales.
Aunque a todavía falta por demostrarse la culpabilidad de los individuos señalados, las leyes de Florida resultan bastante estrictas frente a los delitos de abuso hacia cualquier niño.
A dicha lista se agregarán otro par de condenados que, en caso de no surgir nada extraordinario, también recibirán una inyección letal para compensar el daño ocasionado a sus víctimas y a las familias afectadas por ello.
Cabe señalar que, entre enero y julio, 26 prisioneros han muerto por orden judicial en Estados Unidos.
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