Demandan a ICE por enviar a 3 niños estadounidenses, incluido uno enfermo de cáncer, a Honduras

A pesar de ser ciudadanos estadounidenses, tres niños, un niño de 4 años con cáncer de riñón en etapa 4, su hermana de 7 años y una niña de 2 años, fueron detenidos junto con sus familias por las autoridades de inmigración en Luisiana y rápidamente enviados a Honduras, según una demanda presentada en nombre de las familias.

Según datos dados a conocer con anterioridad por el Proyecto Nacional de Inmigración, Gibson Dunn, Most & Associates y Ware Immigration, la demanda alega que, a pesar de las propias directivas del gobierno, a los padres “nunca se les dio la opción de decidir si sus hijos debían ser deportados con ellos y se les prohibió contactar a su abogado o tener contacto significativo con sus familias para organizar el cuidado de sus hijos”. Las madres, identificadas en la demanda como Rosario y Julia, alegan que querían que sus hijos permanecieran en Estados Unidos.

En cambio, las familias fueron “deportadas ilegalmente sin siquiera una apariencia de debido proceso”, afirma la demanda.

Romeo, como se identifica al niño de cinco años en la demanda, fue diagnosticado con una “forma rara y agresiva de cáncer de riñón” a los dos años. Inmediatamente comenzó a recibir un “tratamiento médico crítico y vital” en los EE. UU.

“El hecho de no permitir que su madre organizara su atención, en violación de la propia directiva del ICE, y su deportación ilegal a Honduras interfirieron con el tratamiento médico que necesitaba”, afirma la demanda.

La demanda alega que el ICE violó su propia política y múltiples leyes federales cuando los agentes detuvieron secretamente a las familias en habitaciones de hotel, les negaron la oportunidad de hablar con sus familiares y tomar decisiones sobre sus hijos menores, les negaron el acceso a un abogado y los deportaron en menos de un día en un caso y en poco más de dos días en el otro. A pesar de los trámites legales urgentes y las peticiones de abogados y familiares, el ICE llevó a cabo las deportaciones por violación de sus propias políticas. 

“Esto es un ejemplo de lo que sucede cuando el gobierno se centra exclusivamente en la deportación, y cuando lo único que importa es el resultado final, se termina con deportaciones injustas e ilegales”, declaró a NBC News Stephanie Alvarez-Jones, abogada del Proyecto Nacional de Inmigración.

Este proceso legal se presentó en nombre de las dos madres y sus hijos ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Luisiana el 31 de julio. Los nombres de los demandantes en la demanda son seudónimos para proteger su identidad y seguridad, según informaron los abogados. El caso contra el gobierno federal se encuentra en sus primeras etapas, y los demandantes solicitan un juicio con jurado y una indemnización por daños y perjuicios, así como que sus arrestos y deportaciones se declaren ilegales y sean devueltos a Estados Unidos.

“Esto es un ejemplo de lo que sucede cuando el gobierno se centra exclusivamente en la deportación, y cuando lo único que importa es el resultado final, se termina con deportaciones injustas e ilegales”, declaró Stephanie Alvarez-Jones, abogada del Proyecto Nacional de Inmigración.

“Las acciones de ICE en este caso no solo son ilegales, sino también crueles y demuestran un total desprecio por los valores familiares y el bienestar de los niños”, declaró Sirine Shebaya, directora ejecutiva del Proyecto Nacional de Inmigración.

“Ninguna agencia gubernamental debería tener la facultad de desaparecer familias, ignorar las necesidades médicas e ignorar sus propias políticas y derechos constitucionales simplemente para lograr una aplicación de la ley sin restricciones. Sin rendición de cuentas, violaciones como esta ocurrirán con mayor frecuencia. Con esta demanda, buscamos justicia, rendición de cuentas y el regreso inmediato y seguro de estas familias a Estados Unidos”.

De tal modo, la demanda exige que el ICE rinda cuentas por la deportación ilegal de ciudadanos estadounidenses y su desprecio por los derechos y la seguridad de los niños. Los demandantes exigen el inmediato regreso a Estados Unidos, el reconocimiento de su derecho a tomar decisiones sobre la custodia de sus hijos y una indemnización por los daños sufridos por las familias.

En respuesta, el Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que los niños estadounidenses no estaban siendo “deportados” y negó que a los padres no se les diera una opción sobre el cuidado de sus hijos antes de ser enviados a Honduras.

“En lugar de separar a sus familias, el ICE preguntó a las madres si querían ser deportadas con sus hijos o si preferían que el ICE los colocara con alguien seguro que ellas designaran”, dijo la subsecretaria Tricia McLaughlin. “En este caso, los padres decidieron llevarse a sus hijos de regreso a Honduras”.

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