Son palpables los efectos económicos del extremismo migratorio

Recientemente la Associated Press reportó que “más de 1.2 millones de inmigrantes desaparecieron de la fuerza laboral entre enero y finales de julio, según los datos preliminares de la Oficina del Censo analizados por el Pew Research Center. Esto incluye tanto a personas sin documentos como a residentes legales”.

El gobierno de Donald Trump lo verá como un triunfo, pero para la economía de los estados y de la nación son malas noticias.

Y ahora que la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, aseguró que ampliarán los operativos de ICE a través del país, es de esperarse que sigan perdiéndose trabajadores en industrias vitales de la economía, ya sea porque son detenidos o porque abandonan sus empleos ante el temor de ser arrestados, y eso incluye a indocumentados e inmigrantes autorizados.

El éxodo se da desde que Trump asumió el cargo por lo cual no es complicado concluir que las redadas indiscriminadas y las deportaciones y autodeportaciones que generan comienzan a impactar diversas industrias como la agricultura, la construcción, servicios, hoteles y restaurantes.

Según Pew, los trabajadores inmigrantes representan 20% de la fuerza laboral de Estados Unidos, y constituyen el 45% de los empleados en los sectores de la agricultura, la pesca y la industria forestal; 30% de todos los trabajadores de la construcción, y 24% de los trabajadores del sector de servicios.

Algunos pensarán que perder 1.2 millones de trabajadores inmigrantes no tiene ningún efecto en una economía con 170 millones de trabajadores. Pero esos trabajadores se concentran en industrias vitales y en estados que dependen en gran medida del trabajo de esos inmigrantes, incluidos los indocumentados.

Por ejemplo, California se convirtió en la zona cero de la militarizada campaña de redadas, detenciones y deportaciones de Trump. ICE no solo está presente en zonas urbanas como Los Ángeles. También van a los campos agrícolas. Los agricultores han visto una reducción de trabajadores que supone cosechas perdidas o mermadas. Eso afecta la cadena de producción con el potencial de aumentar los precios para el consumidor.

Un reciente análisis del Economic Research and Insights Consulting, concluyó que “se prevén pérdidas de trabajadores inmigrantes y sus habilidades, lo que provocará escasez de mano de obra, descensos en la producción y quiebras empresariales. Esto, a su vez, provocará la pérdida de puestos de trabajo y el estancamiento de los salarios de los trabajadores nativos, la escasez de bienes y servicios y el aumento de los precios”. 

Otro estudio del Bay Area Council Economic Institute y UC Merced concluyó que con las deportaciones masivas y el fin del estatus de protección temporal para miles de inmigrantes, California perdería hasta $278,000 millones de dólares de su producto interno bruto (PIB). Sin los trabajadores indocumentados, el PIB de la industria agrícola de California se contraería en un 14 %. Y en la industria de la construcción el PIB se reduciría en casi un 16 %.

El caso de California es especialmente importante porque el estado es algo así como una gigantesca granja que produce todo tipo de frutas, vegetales y otros productos para consumo estatal, nacional e internacional. La prosperidad y el bienestar de la agricultura de California es vital para la seguridad alimentaria de la nación.

California produce 90% de las fresas en Estados Unidos, 80% de las almendras y 75% de las lechugas.

Dos terceras partes de los trabajadores agrícolas de California son inmigrantes y una cuarta parte son indocumentados, y todos están aterrorizados por los operativos militarizados de Trump.

En un reciente comunicado de prensa tras un violento operativo de ICE en los campos agrícolas de Ventura, California, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), resumió lo que está en juego:

“Estas acciones federales violentas y crueles aterrorizan a las comunidades estadounidenses, perturban la cadena de suministro alimentario del país, amenazan vidas y separan familias. No hay ninguna ciudad, estado o distrito federal en el que sea legal aterrorizar y detener a personas por tener la piel morena y trabajar en la agricultura. Estas redadas deben cesar de inmediato”.