UnidosUS y grupos civiles piden al Congreso que detenga el despliegue de soldados en las ciudades

La organización UnidosUS, junto con 43 organizaciones líderes en defensa de los derechos civiles, publicó hoy una carta en la que insta a los líderes del Congreso a tomar medidas inmediatas para detener el despliegue de la Guardia Nacional y de soldados del Ejército en las ciudades de EE.UU.

La carta está dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Louisiana), al líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), al líder de la mayoría del Senado, John Thune (republicano por Dakota del Sur), y al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York).

En la carta se advierte que las recientes decisiones de la Corte Suprema y las decisiones del gobierno de Donald Trump, incluyendo las que permiten la discriminación racial y el uso de recursos militares para la aplicación de la ley migratoria y de las leyes comunes, “perpetúan la extralimitación del poder ejecutivo, socavan las garantías constitucionales y los derechos civiles, y sientan un precedente peligroso para todas las comunidades estadounidenses”, según el comunicado de prensa recibido por La Opinión.

La carta cita los despliegues de la Guardia Nacional y otros recursos militares en Washington D.C. y Los Ángeles como violaciones de la Ley Posse Comitatus y señala que los soldados destacados en las ciudades “debilitan la confianza en el gobierno y desestabilizan a familias y vecindarios” en un momento en que el miedo y la división ya alcanzan niveles peligrosos.

Los grupos señalan que estas acciones debilitarán las protecciones legales y exacerbarán los abusos de los derechos civiles contra todos los ciudadanos estadounidenses y los inmigrantes respetuosos de la ley.

“El papel de las fuerzas armadas es defender nuestra nación, no patrullar nuestros vecindarios. Las familias ya se están preparando para profundos recortes en la atención médica y la asistencia alimentaria, y ahora se ven obligadas a vivir con el temor de las patrullas militares en sus propias comunidades. Normalizar la participación militar en la aplicación de la ley migratoria o la aplicación rutinaria de la ley amenaza los cimientos mismos de nuestra democracia y nos pone a todos en riesgo. El Congreso tiene la autoridad y la responsabilidad de garantizar que el dinero de los contribuyentes no se utilice para apoyar estos despliegues ilegales”, declaró Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS.

UnidosUS, sus aliados y socios en defensa de los derechos civiles instaron al Congreso a ejercer su autoridad constitucional para:

• Prevenir el uso indebido de recursos militares para la aplicación de la ley migratoria o la aplicación rutinaria de la ley en ciudades estadounidenses, incluyendo a las tropas de la Guardia Nacional bajo el Título 10 o el Título 32.
• Exigir responsabilidades a los funcionarios federales por violar los derechos civiles de los ciudadanos y los inmigrantes respetuosos de la ley.
• Garantizar que los fondos y el dinero de los contribuyentes no se utilicen para apoyar despliegues militares ilegales, incluyendo actividades prohibidas por el Título 18 del Código de Estados Unidos, artículo 1385 (Ley Posse Comitatus), como el control de multitudes, registros e incautaciones, puestos de control, arrestos o interrogatorios.

UnidosUS y las organizaciones que se unen a la carta han solicitado una respuesta por escrito de los líderes del Congreso antes del viernes 26 de septiembre, detallando las medidas que el Congreso tomará para satisfacer estas demandas.

Los grupos enfatizaron su disposición a trabajar con el Congreso para salvaguardar los principios democráticos y garantizar la protección de los derechos de todos los estadounidenses.

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