Hilda Araceli Brown, la diputada mexicana bajo la mira de EE.UU. por presuntos nexos con el narco

La diputada federal de Morena por Baja California, Hilda Araceli Brown Figueredo, fue incluida por el gobierno de Estados Unidos en la lista de personas sancionadas por presuntos vínculos con la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “La Mayiza”, que opera en la zona norte de Baja California bajo el liderazgo de Ismael Zambada Sicairos, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.

La sanción, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, acusa a la legisladora de haber brindado protección institucional y acceso a cargos públicos a operadores del cártel durante su gestión como alcaldesa de Playas de Rosarito (2019–2021), así como de mantener vínculos personales y políticos con figuras clave del grupo criminal.

Como respuesta a las sanciones estadounidenses, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México confirmó el bloqueo administrativo de las cuentas bancarias de Brown Figueredo, junto con las de otras seis personas físicas y 15 empresas. La medida es de carácter preventivo, subrayó la UIF, en espera de un análisis financiero que podría derivar en una investigación formal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

“La integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite a la UIF actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional”, señaló la dependencia en un comunicado.

Corrupción y protección al narco

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, durante el mandato de Brown Figueredo como presidenta municipal de Rosarito, los hermanos Arzate García consolidaron el control del municipio, considerado clave para el tráfico de drogas hacia California.

La dependencia estadounidense afirma que el empresario local Jesús González Lomelí, propietario de negocios turísticos como Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, fungió como lavador de dinero del grupo criminal.

A través del operador político Candelario Arcega Aguirre, identificado como cercano a la legisladora, el cártel habría colocado a aliados en cargos públicos y garantizado protección por parte del Departamento de Seguridad Pública municipal.

“Trabajando juntos, González, Arcega y Brown recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, ayudaron a gestionar sus operaciones y garantizaron la protección de sus actividades delictivas”, indica el informe de la OFAC.

Además, el vínculo de González Lomelí con el líder criminal identificado como “El Ruso” fortalece la red criminal que también ha sido documentada por la DEA y autoridades mexicanas en ciudades como Tijuana, Rosarito y Tecate, donde operan estructuras armadas respaldadas por funcionarios públicos.

La respuesta de la diputada

En reacción a las acusaciones, la diputada Brown Figueredo negó categóricamente los señalamientos del gobierno estadounidense. A través de un mensaje en sus redes sociales, afirmó que los señalamientos son parte de un intento por desacreditarla.

“Seguramente, como consecuencia de esta lucha [contra la corrupción], soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme. Es absolutamente falso que mis cuentas hayan sido bloqueadas”, escribió en su cuenta de Facebook.

Aseguró, además, que recientemente estuvo en San Diego, California, lo cual —según ella— contradice la versión del supuesto congelamiento de activos por parte del gobierno de EE.UU. “Estoy firme para cualquier situación, ante cualquier autoridad. Seguiré trabajando para ustedes como siempre”, añadió.

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