Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema que le permita deportar a 300,000 venezolanos con TPS
La administración Trump pidió a la Corte Suprema que permita el fin del TPS que protege de la deportación a los venezolanos
Inmigrantes que han estado en Estados Unidos por años marchan pidiendo que se mantengan el TPS y DACA. Credit: José Luis Magana | AP
La administración de Donald Trump solicitó a la Corte Suprema el viernes que congelara la orden de un tribunal inferior y permitiera al gobierno poner fin a las protecciones contra la deportación de 300,000 venezolanos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS).
El caso se relaciona con la decisión tomada a principios de este año por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin al TPS para migrantes de Venezuela.
El procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, solicitó a la Corte Suprema que permitiera al gobierno revocar esas protecciones, conocidas como estatus de protección temporal, mientras se desarrolla una batalla legal en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y en cualquier otro procedimiento judicial ante la Corte Suprema.
En la solicitud de emergencia presentada el 19 de septiembre, el Departamento de Justicia indicó que el Tribunal Supremo debería suspender el fallo de septiembre de un juez federal que determinó que el gobierno canceló indebidamente un programa que permitía a los migrantes vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos debido a las condiciones de vida en su país.
La Casa Blanca ya logró una victoria en la máxima corte en este caso. En mayo, la Corte Suprema permitió a la administración Trump finalizar el programa TPS para cientos de miles de venezolanos, congelando así una decisión previa de Chen.
A principios de este mes, el juez Edward Chen de San Francisco emitió su fallo final contra la administración. Chen y el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. declinaron suspender dicho fallo mientras la administración lo apela.
El Departamento de Justicia afirmó que los tribunales inferiores están ignorando la intervención previa del tribunal superior, una medida que calificó de “indefendible”.
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