Inmigrante transgénero denuncia que sufrió meses de abusos físicos y mentales bajo custodia de ICE
Mónica Renteria-Gonzalez reveló que fue víctima de tocamientos indebidos, golpes y negación de atención médica adecuada
Mónica señaló directamente a Mario Reyes, asistente del alcaide, como responsable. Crédito: Patrick Semansky | AP
Un ciudadano transgénero mexicano, Mónica Renteria-González, detenido en Luisiana y quien se identifica como hombre, denunció haber soportado meses de abusos bajo custodia de ICE, situación que ha generado demandas legales y el involucramiento de reconocidas instituciones.
La historia, recogida por Newsweek y respaldada por entidades como la ACLU y Robert F. Kennedy Human Rights, refleja un patrón de maltratos que combina agresiones físicas, hostigamiento psicológico y condiciones laborales forzadas en entornos diseñados para mujeres migrantes privadas de libertad.
Acusaciones que exponen un patrón de abuso
El detenido, identificado como Monica Renteria-Gonzalez, señaló que la hostilidad se manifestó en múltiples formas, desde vigilancia y acoso constante hasta represalias dentro de las instalaciones por parte de una persona en particular: Mario Reyes, el asistente del alcaide. Según su testimonio, el trato recibido generó un ambiente de miedo que silenció a otras personas LGBTQ+ bajo custodia migratoria.
Las denuncias no se limitan a hostigamiento verbal: tres de los cuatro detenidos transgénero en el centro aseguraron haber sido objeto de tocamientos indebidos, golpes y negación de atención médica adecuada. Además, describieron un sistema de trabajo forzado que los obligaba a realizar tareas pesadas sin equipo de seguridad y con pagos mínimos, a veces equivalentes a simples refrigerios.
Abogados y defensores señalaron que estas prácticas tenían un trasfondo discriminatorio. Para Sarah Decker, representante de RFK Human Rights, el programa de trabajo fue diseñado con un propósito punitivo, específicamente orientado a castigar a quienes se identificaban como transgénero o parte de la comunidad LGBTQ+.
Respuesta institucional y posiciones opuestas
Ante la presión mediática, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE negaron categóricamente las acusaciones. La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que los detenidos reciben alimentación, atención médica y acceso a representación legal, asegurando que los estándares de ICE superan incluso a los de muchas cárceles estatales.
En la misma línea, GEO Group, compañía privada a cargo del centro en Luisiana, calificó las denuncias como una campaña política contra el sistema de detención migratoria. La empresa defendió sus protocolos y rechazó que haya existido abuso físico o sexual dentro de sus instalaciones.
Sin embargo, organizaciones civiles sostienen lo contrario. Según la documentación presentada, ICE conocía desde hace tiempo las condiciones de abuso y no intervino para detenerlas. Entre las represalias reportadas se incluyen confinamiento solitario y violencia física, hechos que, según los defensores, muestran la profundidad del problema.
El camino legal y sus posibles consecuencias
La denuncia fue presentada bajo la Ley Federal de Reclamaciones de Agravios (FTCA), mecanismo que permite demandar al gobierno federal por actos negligentes de sus funcionarios. El caso podría avanzar en tribunales si en los próximos meses no hay respuesta oficial, lo que abriría un proceso judicial directo contra ICE y los responsables identificados.
Más allá de lo legal, este episodio visibiliza la vulnerabilidad de las personas trans en custodia migratoria. Para grupos como RFK Human Rights y la ACLU, lo ocurrido en Luisiana no es un hecho aislado, sino parte de un problema estructural que refleja negligencia institucional y pone en riesgo la vida de cientos de personas en detención.
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