Victoria para la comunidad migrante en el condado de Los Ángeles 

Esta es la historia de una victoria para la comunidad migrante del condado de Los Ángeles, lograda gracias al esfuerzo de una amplia coalición de organizaciones comunitarias, unidas para enfrentar la urgencia del momento. 

Una victoria que demuestra, a nivel nacional, que en estos momentos tan difíciles, las organizaciones comunitarias que velan por los intereses de la gente, se convierten en la vanguardia de la resistencia. Menos con el furor de la protesta y más con el tesón y la insistencia en buscar soluciones prácticas a problemas prácticos, buscar aliados, ampliar su base de apoyo, pensar en las luchas del futuro. 

En el condado de Los Ángeles

Es aquí, en el condado de Los Ángeles donde cobra importancia su existencia y acción. Porque tiene es la casa – según el censo de 2020 – de casi dos millones de latinos, más que cualquier otro condado del país. 

Aquí, los incendios de principios de año golpearon a miles de familias de distinta procedencia y ubicación social. Y la epidemia del COVID podía contagiar a cualquiera. Pero los ataques de agentes migratorios victimizaron a las comunidades migrantes, especialmente latinos. Han sembrado el terror en las familias, al grado tal que temen salir de sus casas para ir al trabajo, para llevar a los niños a la escuela, para comprar alimentos básicos, y ni qué hablar de entretenimiento o esparcimiento o de ir a la iglesia. 

En esa situación, para numerosas familias de inmigrantes, el peligro de la pérdida de la vivienda, el desalojo por el impago de los alquileres está presente. 

“La inestabilidad de la vivienda afecta a inmigrantes de todos los orígenes, ya que familias en todo el Condado luchan por pagar la renta y cubrir sus necesidades”, me dijo Shannon Camacho, Senior Policy Associate en Acción Inclusiva para la Ciudad, grupo que actúa para fortalecer los recursos financieros de la población, y una de las co-presidentas de IRLA.

IRLA – Inmigrants Are LA – es una coalición formada en 2021, originalmente para integrar a los inmigrantes en la ayuda federal a damnificados por el COVID  y para que en adelante se integren en el proceso presupuestario del condado de Los Ángeles. Acción Inclusiva está en el comité directivo de IRLA.

“Las comunidades inmigrantes en los cinco distritos del condado de Los Ángeles necesitan recursos y protecciones,” agregó Camacho, “especialmente ahora, ante los efectos dañinos de las redadas de ICE”.  

Por ello, y con el apoyo de la supervisora Lindsey Horvath del Distrito 3, las organizaciones comunitarias plantearon esta necesidad a debate y votación en la sesión del 2 de septiembre de la Junta de Gobernadoras del Condado de Los Ángeles. 

En la moción, cuyo texto completo se puede leer aquí, se especifica la problemática que sufren los inmigrantes: 

“Nuestra región está llevando la peor parte de las acciones federales migratorias agresivas en nuestros vecindarios y lugares de trabajo hace cundir el miedo e irrumpe la vida de nuestras comunidades y la economía de la región. Miles de familias han perdido a sus principales proveedores a causa de las redadas migratorias; miles más temen ir trabajar, a la escuela e incluso a la tienda de comestibles por miedo a ser detenidos”. 

La moción hubiera provisto casi 20 millones de dólares para las familias angelinas que se recuperaban de los incendios pero también “para las familias migrantes desestabilizadas por el esfuerzo de inmigración del gobierno federal”.

Los activistas pedían, explica Araceli Martínez-Ortega de La Opinión, una contribución de $5,000 por única vez para los residentes afectados para que puedan pagar la renta. Parte de la ayuda llegaría a residentes indocumentados del condado de Los Ángeles que sufrieron en carne propia los secuestros, desapariciones y arrestos de sus proveedores por parte de las autoridades migratorias. 

Aquel día, más de 40 representantes de grupos latinos, afroamericanos, filipinos, musulmanes y LGBTQ  sometieron su testimonio a favor de la moción de expandir el Programa de Alivio de Alquiler de Emergencia (Emergency Rent Relief Program).

La Junta rechaza la moción

Sin embargo, la Junta rechazó la moción, enviándola al proceso de deliberaciones de propuestas no urgentes (cluster process). El rechazo motivó una reacción de Horvath y las organizaciones que apoyaban la medida.

“Demasiadas familias están al borde del desalojo, y el voto de hoy significa que quedan sin el alivio que necesitan urgentemente. Estar alojado es un derecho, no un privilegio”, dijo Horvath. La decisión de la Junta causó desilusión en el seno de miles de familias angelinas. 

Pero en las dos semanas subsiguientes, la comunidad migrante y sus simpatizantes del área de Los Ángeles se unieron en un esfuerzo coordinado por IRLA para revertir la decisión. 

Al término de la sesión del 16 de septiembre, las supervisoras aprobaron el plan en un voto unánime de 5-0. La junta incluso agregó a los 20 millones de dólares solicitados inicialmente 10 millones más. Demostró que la población migrante del condado es parte de la comunidad angelina y no es menos merecedora de atención y ayuda, algo importante ante el retroceso de este tipo de apoyo a nivel federal. 

La supervisora Hilda Solís, que se agregó a Horsath en proponer la moción, festejó la decisión diciendo: “La moción de hoy, más que solo alivio, será para muchos una línea de ayuda vital? Sabemos que nuestros residentes, especialmente las víctimas de incendios forestales y las afectadas por las redadas de inmigración, están navegando por un año increíblemente difícil”.

La suma máxima de ayuda para los inquilinos en peligro de desalojo por impago se aumentó de $5,000 a $15,000.  

El Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios (DCBA) está a cargo de implementar el programa.

Después de la decisión

Fue la victoria de quienes vieron su misión participar en los mecanismos de toma de decisión. Esta vez, las necesidades de las familias migrantes perjudicadas por las redadas han estado en el centro de la toma de decisiones en el condado de Los Ángeles.

Dijo Camacho: “Para nosotros, no se trata solo de los casi $20 millones en protecciones de alquiler. Se trata de un compromiso cívico de inmigrantes en la acción: familias y grupos comunitarios que aparecen en espacios gubernamentales, dicen su verdad y conforman directamente la política del condado”. 

Es una lucha en la cual los latinos cumplen el papel de pioneros y líderes. 

¿Qué sigue ahora?  “Nuestro trabajo”, dice Shannon, hija de inmigrantes bolivianos y graduada en Berkeley y en UCLA, “no ha terminado. Seguiremos impulsando la inclusión de inmigrantes en todos los procesos del Condado — desde vivienda y acceso al idioma hasta protecciones laborales. Queremos que las prioridades de los inmigrantes estén en cada conversación sobre presupuesto y política. 

“La prioridad más importante fue el problema de la vivienda. Muchos no pueden pagar la renta. Es muy cara. Cada año sube. Proponemos ampliar el Fondo Flexible de Subsidio de Vivienda (o Flexible Housing Subsidy Pool)  para prevenir que la gente caiga en el desamparo, que no se convierta en “homeless”, cuando están en peligro de desalojo. 

“Queremos expandir los planes de ayuda aquí en el condado porque los indocumentados no pueden optar por otros programas locales o estatales o nacionales para asistencia financiera para la renta porque no tienen documentos”. 

“Hay oportunidades. Los gobiernos locales en California saben que en estos días la gente no puede trabajar como antes por la presencia de ICE, que es problemático ir a la calle, y que si no trabajan no pueden pagar la renta”.