Investigan a exalcaldesa de Tijuana Montserrat Caballero por presuntos nexos con el CJNG
Montserrat Caballero enfrenta acusaciones de haber asumido el cargo como alcaldesa dedicándose a actividades propias del crimen organizado
Tras concluir su mandato, Caballero se mudó temporalmente a California con su esposo, y posteriormente regresó a Tijuana. Crédito: Gregory Bull | AP
La exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desde octubre de 2021, según consta en una carpeta de investigación.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó la existencia de esta indagatoria tras ser cuestionada durante su conferencia matutina en Mexicali. La mandataria estatal aseguró que no promovió el caso y defendió el profesionalismo de la FGR. “Aquí no hay cacería de brujas. Esta investigación se origina directamente por parte de la Fiscalía General de la República”, afirmó.
De acuerdo con los documentos consultados por el semanario Zeta, las autoridades acusan a la exalcaldesa de haber asumido el cargo dedicándose a actividades propias del crimen organizado. Además de Caballero Ramírez, en la investigación están señalados cuatro de sus colaboradores más cercanos: su hermano y secretario particular, Daniel Caballero Ramírez; el exsecretario general de gobierno, Miguel Ángel Bujanda; el exsecretario particular, Juan Manuel Gastelum Rivera; y la excoordinadora de Atención Ciudadana, Ángeles Dolores Durán Ricalde.
El expediente también incluye a ocho civiles, entre ellos operadores del CJNG y personas con antecedentes penales. Uno de los señalados es Pablo Edwin Huerta Nuño, alias “el Flaquito”, extraditado a Estados Unidos en agosto por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Otro es Ricardo Alfredo Pérez Díaz, alias “Fredy”, quien acumula investigaciones por amenazas, daño en propiedad ajena y violencia familiar. Asimismo, aparece Juan Carlos Valencia, alias “R3”, identificado como operador del CJNG en Sánchez Taboada, aunque sin antecedentes penales. Otros cinco nombres fueron identificados por inteligencia estatal, pero no presentan registros delictivos en el fuero común ni federal.
Investigadores comentaron que estos últimos podrían estar involucrados en operaciones de lavado de dinero, lo que explicaría la falta de antecedentes judiciales. Hasta el momento, el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California no arroja información accesible sobre estos individuos.
La propia Montserrat Caballero ha comparecido en dos ocasiones ante la Sindicatura Municipal en 2024. Uno de los señalamientos en su contra se relaciona con la compra de un terreno de 375 metros cuadrados en un lujoso complejo residencial. La propiedad fue inscrita en noviembre de 2021 y posteriormente se construyó una casa en el sitio. El vendedor fue Joaquín Pascal Merlos, médico con antecedentes de investigaciones por fraude en EE.UU., quien fue asesinado a balazos en abril de 2024.
Caballero argumentó que la propiedad fue financiada con recursos de su esposo, el árbitro profesional de futbol Said Ravanfar, con quien se casó en mayo de 2023. Aseguró que la omisión en su declaración patrimonial se debió a no haber incluido los datos económicos del cónyuge.
Uno de los eventos más relevantes durante su gestión fue el ataque armado del 17 de mayo de 2023, atribuido al CJNG. El objetivo aparente era un vehículo de seguridad municipal conducido por Rosalva González Molina, alias “La Puma”, quien estaba de vacaciones ese día. El escolta Francisco Javier Gallardo resultó lesionado. La Fiscalía determinó inicialmente que el ataque no iba dirigido a Caballero. Sin embargo, versiones posteriores sugirieron que un acuerdo incumplido con el crimen organizado habría motivado la agresión.
Horas después del atentado fue detenido Juan Civaca López, alias “El Negro”, quien declaró que el ataque tenía como objetivo a “La Puma”, exagente de policía señalada en 2008 por presuntos vínculos con el narcotráfico. En aquel entonces, una manta fue colocada en un puente, exigiendo respuestas sobre desaparecidos presuntamente vinculados a operativos policiales.
Cinco días después del ataque, el 24 de mayo, la entonces alcaldesa reportó un robo en el condominio donde vivía, en la torre Cosmopolitan Residences. El guardia de seguridad fue engañado en una extorsión telefónica y entregó joyas y dinero a desconocidos. Posteriormente, Caballero anunció su traslado a un cuartel militar por razones de seguridad, aunque no presentó denuncia formal.
Tras concluir su mandato, Caballero se mudó temporalmente a California con su esposo, y posteriormente regresó a Tijuana. En julio de 2025 publicó en redes sociales un mensaje dirigido a la gobernadora.
“Intentaste quitarme mi casa y pagaste con la tuya”, refiriéndose a supuestos procesos legales en Estados Unidos. En noviembre de 2023, una mujer identificada como Estefanía Z.D., integrante del grupo criminal involucrado en el atentado de mayo, se presentó como testigo y afirmó que el ataque estaba dirigido a la alcaldesa por obstaculizar actividades criminales. Detalló que se trató de una represalia por la captura de integrantes del CJNG, pero meses después se retractó en una audiencia judicial.
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