Gobierno de Trump castigará a inmigrantes que pidan Green Card con nueva regla de carga pública

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) publicó en el Registro Público la nueva regla de carga pública, la cual buscará castigar a los inmigrantes que soliciten la Green Card y otros beneficios migratorios.

El objetivo de la nueva regla, que durante 30 días puede recibir comentarios públicos, es eliminar los lineamientos de carga pública implementados por el gobierno del presidente Joe Biden que evitaba castigar a los inmigrantes por solicitar ayudas sociales, como cupones de alimentos o de vivienda.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indica que la actual regla, iniciada en 2022, sobre la inadmisibilidad por carga pública de un inmigrante para la Green Card u otros beneficios, es incompatible con decisiones del Congreso.

“Dicha normativa no constituye la mejor implementación de la ley, es incompatible con la intención del Congreso, resulta excesivamente restrictiva y dificulta la capacidad del DHS para determinar con precisión y fiabilidad si ciertos extranjeros podrían convertirse en una carga pública en algún momento”, señala la nueva propuesta.

Agrega que se busca que los inmigrantes que soliciten el cambio de estatus (petición de Green Card) sean autosuficientes.

“La derogación restablecería una mayor discrecionalidad para evaluar todos los hechos pertinentes y se alinearía con la política vigente de que los extranjeros en Estados Unidos deben ser autosuficientes y que los beneficios gubernamentales no deben incentivar la inmigración”, justifica la administración Trump. “El DHS también propone abordar el incumplimiento y la cancelación de las fianzas de carga pública”.

Cambios para familias mixtas

Se espera que la nueva regla impacte a las familias migrantes o mixtas, es decir, aquellas donde hay al menos un miembro indocumentado, ya que la Administración Trump presume la reducción de transferencias federales para ayudas sociales.

Al saber que la regla de carga pública castiga a inmigrantes que soliciten ayudas sociales, el DHS asume que eso significará una reducción en recursos federales.

“La norma propuesta también resultaría en una reducción de las transferencias del Gobierno Federal a las personas que opten por darse de baja o renunciar a la inscripción en un programa de beneficios públicos”, indica el documento. “Entre las personas que podrían optar por darse de baja o renunciar a la inscripción futura en un programa de beneficios públicos se incluyen tanto extranjeros como ciudadanos estadounidenses que forman parte de hogares con estatus migratorio mixto”.

No queda claro si el castigo a los inmigrantes ocurrirá también si las familias solicitan alguna ayuda para hijos estadounidenses de inmigrantes. Un reciente reporte de Migration Policy Institute reveló que hay 5.3 millones de niños estadounidenses que tienen al menos un padre o madre sin estatus legal.

El DHS incluso hizo una estimación sobre la reducción en las transferencias de los gobiernos federal y estatal, que podrían ser de aproximadamente $8,970 millones anuales “debido a la baja o la renuncia a la inscripción en programas de beneficios públicos por parte de miembros de hogares que incluyen extranjeros que podrían estar recibiendo beneficios públicos”, indica el documento.

La reducción de fondos a 10 años podría ser de aproximadamente $76,480 millones de dólares.

¿Qué evaluarán los oficiales migratorios?

La publicación oficial ocurrió este miércoles, fecha a partir de la cual se recibirán comentarios del público u organizaciones civiles.

La nueva regla busca que los funcionarios de USCIS encargados de aprobar peticiones de cambio de estatus deberán aplicar “la prueba de ‘carga pública'”.

“Dichos funcionarios podrían consultar las directrices subregulatorias vigentes desde 1999, que la Regla de 2022 codificó en gran medida. Estas directrices de 1999 se basaban en más de 100 años de políticas y buscaban aclarar qué significa ‘carga pública’ para fines migratorios y qué beneficios eran relevantes para determinar la existencia de dicha carga”, indica el DHS.

Esa nueva directriz desestima la regla de 2022 del gobierno de Biden.

“Este Aviso de Propuesta de Reglamentación (NPRM, por sus siglas en inglés) busca explícitamente revocar la Regla de 2022”, acota. “Aunque la propuesta de reglamento también plantea eliminar la definición de ‘recepción de beneficios públicos’ (que solo incluye los beneficios recibidos por la persona que solicita el ajuste de estatus), no aborda explícitamente si el uso de beneficios por parte de familiares se consideraría en la determinación de carga pública en el futuro”.

¿Se ajusta al plan del Departamento de Estado?

El 6 de noviembre, el Departamento de Estado emitió una directriz para consulados y embajadas sobre los trámites de visas, que establece condicionantes por salud (incluida obesidad) y situación financiera de los extranjeros.

“El cable del DOS proporciona directrices operativas para los solicitantes de visa en el extranjero y no debe modificar las políticas ni las normas del USCIS para los solicitantes de la tarjeta verde dentro de los Estados Unidos”, explicó National Immigration Law Center.

Sin embargo, es común que las políticas migratorias y de extensión de visas provisionales sean unificadas, algo que las autoridades no han confirmado que realizarán.

Una vez que terminen los 30 días de comentarios públicos, el DHS y USCIS deberán integrarlos a una nueva regla, lo cual podría llevar varias semanas o meses antes de su implementación.