ICE quiere perseguir a los opositores, además de los inmigrantes
La administración Trump está comunicando sus planes de violar los derechos del pueblo estadounidense protegidos por la Primera y la Cuarta Enmiendas
ICE realiza operativos contra cualquier indocumentado. Crédito: ICE
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se ha embarcado en una época de gastos astronómicos, tras haber firmado contratos valuados en hasta $25 millones en concepto de una variada gama de tecnologías de vigilancia: sistemas de monitoreo de redes sociales, rastreo de ubicación de teléfonos celulares, reconocimiento facial y hackeo remoto, entre otras.
No es novedad que ICE use estas herramientas para localizar a personas que quiere deportar, una práctica que plantea toda una serie de peligros, como una mayor vigilancia sobre las comunidades inmigrantes y la recolección a gran escala de datos personales de la población estadounidense.
Lo que sí es novedad es que el gobierno federal ahora dice abiertamente que usará sus capacidades superpotenciadas de vigilancia para perseguir a quienes se opongan a las operaciones de ICE. La administración los clasifica de “terroristas nacionales”, y entre ellos, se cuentan las personas que se manifiestan contra ICE y cualquiera que supuestamente financia estas protestas, todos como parte de una presunta conspiración de izquierda para protestar violentamente contra la agenda del presidente.
Esta seria amenaza contra la libre expresión y los derechos a la privacidad consagrados por la Primera y Cuarta Enmiendas no es hipotética, ya que la administración ni siquiera intenta ocultar sus intenciones.
En septiembre, el presidente Trump emitió un memorando donde ordenaba a las fuerzas policiales y judiciales federales que se centraran en las ideologías que supuestamente motivan el “terrorismo interno”, que incluye el “antiestadounidismo, el anticapitalismo y el anticristianismo; cualquier apoyo al derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos; el extremismo en cuestiones de inmigración, raza y género”, y también la oposición a “principios estadounidenses fundamentales (p. ej., apoyo a las fuerzas del orden público y control fronterizo)”. El memorando también destaca los ataques y protestas contra ICE.
El director interino de ICE, Todd Lyons, dijo en una entrevista reciente que su agencia planeaba investigar a los manifestantes antifascistas y anti-ICE y a todo aquel que los respalda. “Vamos a seguir el camino del dinero. Vamos a perseguir a estos cabecillas”. Y afirmó, sin prueba alguna, que muchas de las personas manifestantes en Chicago eran “agitadores profesionales contratados para ir a protestar”.
Lyons señaló que, para eso, ICE iba a usar su división poderosa, pero poco conocida de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). Este componente de ICE, por lo general, investiga delitos transnacionales, como el narcotráfico y el lavado de dinero relacionado, el contrabando de personas y las infracciones de aduanas.
Los actos de violencia contra los agentes o las instalaciones de ICE deben ser investigados, pero no hay ninguna prueba que sugiera una campaña coordinada. La administración ni siquiera ha brindado ningún indicio que respalde su alegación tantas veces repetida de que los ataques contra los agentes de ICE han aumentado en un 1,000 por ciento. De hecho, tal como lo demuestran numerosos videos, los agentes de ICE usan una fuerza excesiva con demasiada frecuencia, cuando interactúan con el público. En lugar de responsabilizar a estos agentes, la administración ha presentado muchos casos contra las víctimas de violencia de sus agentes, tras afirmar que eran terroristas que agredieron, se resistieron o impidieron el trabajo de los agentes federales.
En cualquier caso, es muy improbable que ICE se limite solo a investigar los ataques físicos contra sus instalaciones y personal. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló que revelar la identidad de los agentes y filmarlos mientras realizan sus operaciones constituye un acto de “violencia”. Según ha trascendido, varios documentos judiciales demuestran que el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, cree que todas las personas manifestantes son “insurgentes violentos” y les ha ordenado a sus oficiales arrestar a los manifestantes “que realicen comentarios hiperbólicos”.
Durante las últimas dos décadas, el astronómico aumento en las capacidades de vigilancia del gobierno ha surgido junto a la advertencia de que ese poder podría utilizarse para pisotear los derechos a la privacidad y la libre expresión del pueblo estadounidense. Con la explícita campaña de la administración Trump de utilizar a las fuerzas policiales federales —que incluyen a ICE— para atacar a sus opositores políticos, ese momento ya ha llegado.
Monitoreo de las redes sociales
Las redes sociales brindan a las agencias gubernamentales una amplia gama de información sobre la población estadounidense: sus posturas políticas y religiosas, sus conexiones personales y profesionales, su salud y sexualidad, y mucho más. ICE ha estado adquiriendo herramientas de vigilancia de redes sociales desde hace años y ya ha estado monitoreando las protestas que se realizan en su contra.
La división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) hace poco firmó un contrato multimillonario por una plataforma de monitoreo de redes sociales llamada Zignal Labs, que afirma ser capaz de procesar y analizar más de 8 mil millones de publicaciones por día. La agencia también le está pagando millones a Penlink por herramientas de monitoreo que reúnen información de múltiples fuentes, como redes sociales, la dark web y las bases de datos de ubicaciones.
Según los contratos, HSI utilizará esas herramientas para reunir inteligencia a fin de contribuir a sus investigaciones sobre el crimen organizado, el tráfico y el terrorismo, categorías ampliadas por el reciente memorando del presidente que ahora podrían incluir a cualquiera que exprese opiniones que a la administración le desagradan.
La evaluación de impacto a la privacidad de las herramientas analíticas de monitoreo de redes sociales, publicada por ICE en agosto de 2025, indica que estas plataformas se utilizarán para rastrear las amenazas contra la agencia. Pero un reciente comunicado de prensa demuestra que la agencia no está buscando amenazas, sino cualquier publicación contraria a ICE. El comunicado proclama que “las fuerzas de ICE ahora están recibiendo un 8,000 % más de amenazas de muerte”, afirmación que respaldan con apenas cuatro ejemplos. Uno de ellos es un TikTok en español que no es muy claro, pero podría interpretarse como una amenaza de muerte. En otra publicación, la persona llama a los oficiales de ICE nazis y dice que comenzará a “observarlos, perseguirlos, grabarlos y denunciarlos”, acciones que quedarían totalmente amparadas bajo el alcance de la Primera Enmienda.
Luego, esta persona dice estar de acuerdo con otra que comenta que espera que el país vuelva a colgar a los “traidores”, lo cual podría decirse que se trata de una amenaza de muerte. Y los dos correos de voz incluidos, repletos de insultos, no parecen llegar a la categoría de amenazas de muerte: uno expresa la esperanza de que todos los oficiales de ICE sean identificados y puestos en evidencia en las redes sociales, y el otro desea que los hijos del oficial de ICE sean deportados por error y menciona “lo que les pasó a los nazis después de la Segunda Guerra Mundial”.
Este puñado de ejemplos —supuestamente los mejores que tiene el gobierno— difícilmente lleguen al importante aumento de amenazas de violencia que dice estar recibiendo el personal de la agencia. Lo que sí demuestran es que, para ICE, las palabras hiperbólicas pueden ser consideradas fácilmente como una grave amenaza. Y están surgiendo noticias de agentes del FBI que han acudido a las casas de personas que participaron en manifestaciones contra ICE y les han preguntado quiénes habían pagado las pancartas de las protestas.
Rastreo de ubicaciones
Varios de los nuevos contratos mejoran las capacidades de ICE en materia de rastreo de ubicaciones. El software de monitoreo de redes sociales de Penlink puede detectar qué dispositivos están en una determinada ubicación y con cuánta frecuencia, y crea perfiles diarios de las personas monitoreadas según sus redes sociales, sus datos de ubicación y cualquier otra información en la red. Esto se suma a los equipos de simulación de torres de telefonía celular de la agencia —potenciados por una orden de entrega de mayo, valuada en $800,000—, que son capaces de identificar los teléfonos celulares que se encuentran a sus alrededores e interceptar sus comunicaciones.
La división de cumplimiento de ICE también planea crear equipos de monitoreo de redes sociales que trabajen a toda hora para analizar las bases de datos comerciales y policiales, además de las redes sociales y otras fuentes. Buscarán pistas “para ubicar a personas que presentan un peligro para la seguridad pública y nacional, y/o que cumplan por otros motivos con la misión de cumplimiento de ICE”.
El “terrorismo interno o internacional” es una de las categorías de casos más urgentes.
ICE también está obteniendo información de ubicaciones proveniente de la red nacional de lectores de matrículas de vehículos. Un grupo de investigadores reveló que se realizaron unas “4,000 búsquedas a nivel nacional y estatal por parte de la policía local y estatal a pedido del gobierno federal o como favor ‘informal’ para las fuerzas policiales federales”. Además de las búsquedas relacionadas con el control migratorio, muchas enumeraban la división HSI como el motivo de la búsqueda. Hasta los departamentos de policía que no deberían compartir información para efectos de control migratorio podrían estar dispuestos a brindar información de ubicaciones a HSI para sus investigaciones criminales.
Además, ICE está desarrollando una aplicación que permitirá a sus agentes escanear matrículas de vehículos y determinar de inmediato dónde ha estado ese vehículo. Según se pudo saber, esta aplicación usa datos a los que se puede acceder gracias a un reciente contrato con Thomson Reuters valuado en $4.9 millones.
La Corte Suprema ha confirmado que la policía debe contar con una orden judicial para obtener los registros de ubicaciones de teléfonos celulares que se extienden durante varios días. Pero el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias sostienen que esta regla no se aplica si la información es adquirida a través de un data broker, en lugar de obtenerla directamente de la compañía de comunicaciones mediante una solicitud del gobierno. Los riesgos de permitir esta excepción quedan ahora a plena vista, ya que ICE ahora puede rastrear más fácilmente a cualquier manifestante y a toda persona que considere opositor a sus políticas.
Reconocimiento facial
ICE está ampliando sus capacidades de reconocimiento facial, que ya eran poderosas. HSI puede solicitar el uso de drones de vigilancia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Se supone que estos drones se deben usar para efectos de seguridad fronteriza, pero se han usado en repetidas ocasiones para monitorear protestas. Hace poco, la agencia publicó una grabación de un dron que mostraba a manifestantes contrarios a ICE y decía que estaban “obstruyendo los deberes” de sus oficiales.
Las imágenes y videos capturados por las cámaras de alta resolución montadas en los drones de vigilancia pueden ingresarse en las herramientas de reconocimiento facial. Este año, HSI firmó un contrato para usar el software de reconocimiento facial de Clearview AI, valuado en $9.2 millones, cuyo propósito incluye investigar los “ataques contra los oficiales del orden”. Tal como se mencionó antes, la agencia adopta una perspectiva extremadamente amplia sobre los ataques y no duda en presentar cargos penales, incluso sin justificación alguna.
Hackeo de los teléfonos
La división HSI hace poco reanudó un contrato por $2 millones de dólares con Paragon Solutions. Si bien los documentos de dominio público brindan muy pocos detalles, esta compañía vende una herramienta que puede hackear teléfonos celulares remotamente, lo cual le daría a la agencia un acceso secreto a los datos de ubicación del dispositivo, además de los mensajes y las fotografías que contiene el teléfono, posiblemente en tiempo real y durante meses.
Las herramientas de Paragon ya han sido utilizadas para espiar a periodistas y activistas. En enero de 2025, WhatsApp anunció que había desbaratado una campaña de hackeo vinculada a la compañía, que había espiado a 90 personas. Luego, se supo que varios periodistas italianos, activistas de defensa de derechos de refugiados y personas cercanas al papa Francisco eran algunas de las personas hackeadas, lo cual provocó la cancelación del contrato de Paragon con el gobierno italiano.
La Corte Suprema ha dispuesto que la Cuarta Enmienda obliga al gobierno a obtener una orden de causa probable de un juez para registrar un teléfono celular. No hay ninguna información acerca de si ICE planea atenerse a esta regla al acceder a un teléfono remotamente. Cuando se le preguntó sobre las amenazas contra la privacidad, un funcionario del gobierno solo dijo que las “acciones del presidente se centran en las entidades y personas que cometen actos organizados de violencia política y terrorismo interno”. Dadas las alegaciones sin comprobar que ha realizado la administración de que existe una enorme conspiración de izquierda que incluye protestas, fondos políticos e intentos maliciosos de divulgar la identidad de los oficiales, sus palabras ofrecen muy poca tranquilidad.
ICE cuenta con herramientas poderosas para atacar a las personas que se oponen a las políticas de esta administración. Puede rastrear internet para encontrar a quienes sostienen posturas contrarias a ICE.
Puede rastrear las ubicaciones donde se reúnen manifestantes y activistas e identificar sus círculos de amigos y familiares. Puede identificar a manifestantes mediante programas de reconocimiento facial.
Incluso puede hackear los teléfonos. La información recabada mediante estas herramientas se agregará a las gigantescas bases de datos del Departamento de Seguridad Nacional para un posible uso futuro. Y todos estos flujos de datos pueden combinarse para desarrollar expedientes detallados de personas no sospechosas de haber cometido ningún delito.
Durante demasiado tiempo, no se ha logrado actualizar las leyes al ritmo del desarrollo de las tecnologías de vigilancia. Muchas tienen décadas de antigüedad y están diseñadas para evitar que el gobierno intercepte llamadas de teléfonos fijos o correos electrónicos. No protegen la libre expresión ni los derechos a la privacidad contra la vigilancia constante que efectúan las herramientas de monitoreo de redes sociales, reconocimiento facial y rastreo de ubicaciones. Por eso, el gobierno fácilmente puede utilizar estas herramientas contra cualquiera, con muy escasas salvaguardas. Ahora, ICE está anunciando que planea hacer de este riesgo una realidad para las muchísimas personas estadounidenses que se oponen a la agenda del gobierno de Trump.
(*) Este artículo fue publicado originalmente en inglés por el Brennan Center for Justice. Su reproducción se realiza con autorización del Brennan Center en Español.
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