Juez federal ordena al DHS revertir política que prohíbe audiencias de fianzas a inmigrantes bajo custodia
Expertos consideran que la suspensión de audiencias de fianza, supone una "injuria generalizada"
El sello del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Crédito: Carolyn Kaster | AP
Una jueza federal en California dictaminó este martes que la actual política migratoria del gobierno de Donald Trump, que impide audiencias de fianza para inmigrantes detenidos, debe revertirse. La decisión sienta un precedente nacional sobre los derechos de miles de personas bajo custodia migratoria.
La decisión la tomó la jueza de distrito Sunshine Suzanne Sykes, quien aceptó una demanda colectiva en representación de inmigrantes detenidos. Según su fallo, retener personas sin ofrecer la oportunidad de salir bajo fianza viola sus derechos al debido proceso.
Hasta julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) implementaron una prohibición general de audiencias de fianza. La medida afectaba tanto a inmigrantes con décadas de residencia en EE.UU. sin antecedentes penales como a detenidos por cargos criminales.
La nueva normativa —que buscaba cerrar lo que el gobierno calificó de “vacío legal” en la ley migratoria— implicaba que la mayoría de los casi 65.000 detenidos por ICE no podrían solicitar libertad bajo fianza, aunque su única falta fuera la de no tener documentación legal.
Un fallo con impacto nacional
La magistrada Sykes consideró que la prohibición de audiencias de fianza constituye “una injuria generalizada”, y que su resolución debe aplicarse a casos en todo Estados Unidos. Antes de este fallo, decisiones similares se limitaron a demandas particulares.
Su dictamen reconoce que la práctica vigente desde décadas —permitir a detenidos migratorios pedir fianza y esperar su proceso en libertad con monitoreo— garantizaba un proceso más justo. Esta vía les permitía presentarse a sus audiencias judiciales fuera de prisión.
La resolución judicial llega justo cuando organizaciones defensoras de derechos humanos y abogados de inmigración denunciaban que la retención sin fianza exponía a personas con vidas establecidas en EE. UU. a detención indefinida.
El fallo de Sykes no es un caso aislado: forma parte de una serie creciente de sentencias que cuestionan la interpretación del gobierno de Trump sobre la ley migratoria. Muchos expertos coinciden en que esta decisión podría abrir la puerta a liberaciones masivas bajo fianza.
Para quienes llevaban años viviendo sin documentos, o sin antecedentes criminales, la posibilidad de audiencias de fianza significa una esperanza para recuperar su libertad mientras sus casos migratorios avanzan. Representantes legales destacan que el sistema de detención indefinida socava los derechos básicos.
El DHS y ICE, por su parte, defendían la prohibición argumentando que servía para prevenir abusos del sistema migratorio. Pero la jueza Sykes concluyó que la medida equivale a una detención arbitraria y contraviene los principios de debido proceso consagrados en la ley estadounidense.
Ahora, la pelota está del lado del Gobierno. Deberán ajustar su política de detención para permitir audiencias de fianza para quienes están en custodia migratoria, mientras miles esperan una definición judicial sobre su futuro. El fallo marca un hito en la lucha por los derechos de inmigrantes en Estados Unidos.
