Refugiados que ingresaron a EE.UU. con Biden se enfrentan a una revisión de sus Green Cards
Organizaciones defensoras de Derechos Humanos condenan esta revisión del estatus, al asegurar que quienes poseen Green Card aprobaron los requisitos
La Green Card se puede perder por diferentes motivos. Crédito: uscis | Cortesía
La aprobación de Green Cards para refugiados admitidos durante el gobierno del expresidente Joe Biden fue suspendida, de acuerdo con un memorando gubernamental citado por Associated Press. La medida afecta a quienes ingresaron al país entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025.
El informe indica que la revisión establecerá una pausa total en el procesamiento de solicitudes de residencia permanente para esta población. La Casa Blanca de Trump sostiene que la administración anterior utilizó indebidamente vías legales como el asilo y el programa de refugiados, en un periodo marcado por un notable aumento migratorio.
El gobierno de Trump ha restringido ampliamente la admisión de refugiados, fijando un límite anual cercano a las 7,500 personas. Paralelamente, los titulares y solicitantes de residencia permanente se han convertido en un objetivo central de los esfuerzos de control migratorio, mientras avanza un plan de deportaciones a gran escala a nivel nacional.
El memorando ordena la revisión de casos para encontrar aquellos admitidos de forma incorrecta bajo el estatus de refugiado no podrán apelar esa determinación administrativa. Sin embargo, si son colocados en proceso de deportación, podrán presentar argumentos ante un juez de inmigración. La revisión también abarcará a refugiados que ya recibieron sus Green Cards.
Una revisión amplia con posibles repercusiones legales
Por norma, los refugiados deben solicitar una tarjeta de residencia un año después de su llegada y pueden aspirar a la ciudadanía tras cumplir cinco años en el país. Joseph Edlow, director de USCIS, afirmó que la agencia está preparada para hacer cumplir la ley y evitar abusos del programa de refugiados.
Paralelamente, la administración Trump ha intensificado su escrutinio sobre titulares de residencia con antecedentes penales, lo que ha derivado en un aumento de detenciones por parte de ICE. Reuters reportó que el gobierno inició una revisión exhaustiva de aproximadamente 233,000 refugiados admitidos entre 2021 y 2025.
Según ese reporte, el memorando exige reexaminar y posiblemente volver a entrevistar a estas personas, al considerar que las evaluaciones realizadas en la era Biden pudieron priorizar la rapidez sobre la seguridad. En caso de inconsistencias, el estatus de refugiado podría ser revocado.
Las admisiones de refugiados han caído drásticamente bajo Trump, con la excepción de los sudafricanos blancos, a quienes el gobierno considera perseguidos en su país de origen. De acuerdo con un reciente memorando, la mayoría de las 75,000 plazas para 2026 se reservarán para ese grupo específico.
Funcionarios del gobierno y organizaciones de derechos humanos reaccionaron con posturas opuestas. Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, declaró que la administración Biden priorizó cantidad sobre rigurosidad, poniendo en riesgo la seguridad nacional.
Organizaciones han denunciado la actuación del gobierno
Diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que el gobierno de Donald Trump ha distorsionado la función y el objetivo del programa de refugiados, con el fin de favorecer a ciertos grupos.
Tal es el caso de FWD.us, su presidente Todd Schulte publicó una declaración al conocerse la noticia de la verificación del estatus de refugiados admitidos en EE.UU. bajo la administración de Biden.
“El anuncio de la administración de que reevaluará o revocará el estatus de los refugiados reasentados legalmente en Estados Unidos en la última década y de que detendrá el procesamiento de la residencia permanente forma parte de una estrategia perjudicial para despojar preventivamente del estatus legal a millones de inmigrantes legales”, condenó Schulte.
Asimismo, resaltó que quienes llegaron legalmente al país ya superaron los procesos de verificación más estrictos y que revertir su estatus crearía riesgo humanitario, costos económicos y un precedente que socava compromisos históricos de Estados Unidos con poblaciones vulnerables.
“Estas medidas no tienen que ver con seguridad; ponen en peligro a quienes confiaron en Estados Unidos para rehacer sus vidas y usan las revisiones como pretexto para quitarles su estatus legal”, advirtió la organización.
